Comparando cómo la contó cada medio.
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En el Resumen diario: Edición de la mañana del 28 de septiembre · Edición de la mañana del 27 de septiembre · Edición de las 8:00 p. m. del 26 de septiembre · Edición de las 4:00 p. m. del 26 de septiembre
El juez Rigoberto Sena conoció medidas de coerción contra 26 imputados del caso SeNaSa 2.0.
La decisión incluyó prisión preventiva, arresto domiciliario y otras medidas cautelares.
El Ministerio Público vinculó el expediente con autorizaciones de servicios médicos presuntamente falsos.
La Fiscalía sostuvo que varios imputados colaboraron y admitieron los hechos.
La investigación del caso continúa abierta, según el Ministerio Público.
Estos medios reportan siete personas con prisión preventiva.
Estos medios reportan ocho personas enviadas a prisión preventiva.
Una publicación señala que solo cuatro imputados recibieron prisión preventiva.
Estas coberturas sitúan el perjuicio de esta fase entre RD$40 y RD$41 millones.
Estas notas atribuyen a Miguel Surún un desfalco general superior a RD$40,000 millones.
Una publicación cifra el presunto desfalco general en RD$15,000 millones.
Estas coberturas reportan que 13 imputados admitieron los hechos.
En esta muestra no se identificaron publicaciones de 2 grupos propietarios monitoreados.
Ordenados del más crítico al más favorable con el gobierno, comparando a los medios entre sí en esta misma noticia. La noticia en sí es favorable para el gobierno: El avance del caso de corrupción Senasa 2.0 con múltiples imputados admitiendo culpabilidad y colaborando fortalece la narrativa de efectividad y contundencia del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción. Bajo cada medio, su tendencia frente al gobierno por todo lo que publica y las fechas con que se calculó; «En esta historia», el tono de su versión de esta noticia.
Combina la versión fiscal sobre 13 admisiones con la crítica de una abogada a la metodología investigativa.
Dedica una nota íntegra a resaltar las fuertes críticas de la defensa, subrayando en su texto que las autoridades estarían basando su expediente en testimonios de imputados a los que "ponen a decir lo que quieran, que sea o no sea verdad".
La audiencia de medida de coerción del caso Senasa 2.0 continúa este viernes con las exposiciones finales de las defensas y las réplicas del Ministerio Público. El caso involucra a 26 imputados acusados de un presunto fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud, mientras la fiscalía solicita prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.
Esta saga tiene 1 historia relacionada más; se muestran las más cercanas en el tiempo.
Una nota recoge que Mirna Ortiz habló de 10 imputados que habían admitido los hechos.
Las defensas sostienen que no hubo confesiones válidas o que algunos fueron presionados.
“admitieron los hechos” · “sin comprobar su veracidad”
Una defensa cuestiona que se usen declaraciones sin verificación independiente.
No informa el resultado final de la coerción. · No detalla las pruebas presentadas.
Resume las medidas y enfatiza la prisión preventiva, el monto superior a RD$40 millones y la continuidad de la pesquisa.
Enfoca su titular y desarrollo en la "libertad" lograda por los acusados, proyectando una imagen de lenidad del Estado al afirmar mediante fuentes propias que los acuerdos forzaron a que el Ministerio Público "flexibilice la carpeta de acusaciones".
“acusados de defraudar al Estado” · “contundencia de la investigación”
Publica nombres de los hombres enviados a Las Parras. · Atribuye a acuerdos con el Ministerio Público la libertad de más de la mitad.
No recoge la denuncia de presión de las defensas. · No aborda el reclamo sobre beneficiarios finales.
Sigue la transición entre la solicitud fiscal y el fallo, con énfasis en acuerdos, admisiones y caso complejo.
Matiza la victoria del Ministerio Público al ser el único medio que humaniza a los acusados, incluyendo que sus familiares en las afueras del tribunal los aplaudieron y exhortaron a mantener "la cabeza en alto".
“condenas ejemplarizadoras” · “supuesto fraude”
Menciona expectativas de condenas ejemplarizadoras por un desfalco multimillonario.
No detalla los nombres de los enviados a prisión. · No cuantifica el perjuicio de esta fase.
Equilibra la versión fiscal sobre admisiones y pruebas con las objeciones de la defensa al expediente financiero.
Conserva un equilibrio procesal impecable, utilizando repetidamente la presunción de inocencia al referirse a un "presunto fraude" y atribuyendo la supuesta solidez probatoria exclusivamente al "juicio del Ministerio Público".
“corrupción” · “supuesto esquema”
Precisa que el expediente involucra a 22 médicos y cuatro exempleados. · Recoge diferencias alegadas entre la acusación y reportes financieros.
No menciona el reclamo sobre políticos beneficiarios. · No informa las medidas finales.
Sigue las pausas de la audiencia y el posible cambio de medidas por acuerdos de colaboración en un fraude superior a RD$41 millones.
Reporta el receso de la audiencia y las solicitudes del Ministerio Público con estricta neutralidad, indicando de forma descriptiva que el órgano acusador "presentó parte de los elementos que, según sostiene, sustentan las imputaciones".
“presunto fraude” · “facturaciones falsas”
Cifra el fraude de esta fase en más de RD$41 millones. · Reporta que Mirna Ortiz habló de 10 admisiones en una jornada previa.
No informa el fallo final. · No recoge la denuncia de presión de la defensa.
Combina el desarrollo de la audiencia, las admisiones y las medidas con la tesis de fortaleza investigativa.
Informa sobre las admisiones de culpabilidad de manera sobria, pero valida sutilmente la narrativa oficial al afirmar en su cuerpo que dicha postura de los encartados "respalda el expediente estructurado por la fiscalía".
“supuesta red de estafas” · “reconocimiento a la fortaleza”
Reporta 706 piezas probatorias depositadas por la Fiscalía. · Informa que la audiencia comenzó con dos horas de retraso.
No incluye el reclamo sobre políticos beneficiarios. · No detalla el monto del perjuicio.
Se enfoca en el aplazamiento del fallo, las admisiones y la variación fiscal a arresto domiciliario para nueve.
Mantiene un tono mayormente descriptivo, aunque en su propia voz narrativa da por sentado el delito al describir el caso como un "proceso que investiga un entramado de corrupción administrativa".
“supuesto esquema de corrupción”
Presenta el caso como la segunda etapa de la Operación Cobra.
No informa el resultado final de las medidas. · No menciona el monto del perjuicio.
Prioriza la denuncia de Miguel Surún Hernández sobre políticos, beneficiarios finales y empresas que seguirían operando.
Reproduce casi de forma literal el discurso del Ministerio Público, destacando sin matices de la contraparte que las admisiones de los imputados son "una muestra de la contundencia y de la fortaleza de la investigación".
“verdaderos beneficiarios” · “entramado criminal”
Surún exige investigar a políticos que habrían financiado campañas con fondos de SeNaSa. · Un abogado sostiene que el proceso aborda fraude y no el desfalco principal.
No ofrece el detalle completo de las medidas. · No desarrolla las 706 pruebas mencionadas por otros medios.
Destaca el envío a prisión y luego explica las admisiones que llevaron a pedir arresto domiciliario para nueve imputados.
Se apega de manera fluida y sin cuestionamientos al relato oficial, enfocándose en detallar cómo los imputados que colaboran "mostraron arrepentimiento y pidieron excusas ante el tribunal".
“entramado de corrupción” · “deben servir de ejemplo”
Afirma que el juez declaró complejo el proceso.
No recoge la versión de la defensa sobre presión. · No incluye la denuncia sobre políticos beneficiarios.
Presenta un análisis con posiciones enfrentadas sobre las admisiones, las pruebas y la posible omisión de responsables.
Abandona la presunción de inocencia al calificar el caso directamente en su voz propia como "un desfalco valorado en más de 40 millones de pesos", exigiendo en su cierre evitar la impunidad.
“pruebas irrefutables” · “verdaderos responsables”
Afirma que Isabel Heredia fue incluida arbitrariamente, según la defensa. · Plantea que el Ministerio Público ocultó a responsables, según querellantes.
No detalla la distribución de medidas. · No recoge el número de 706 pruebas.
Sitúa el caso como el principal tema informativo de la semana y resalta el monto de RD$15,000 millones y las pruebas.
Utiliza un titular fuertemente pro-oficialista al sentenciar que las "Pruebas acorralan a imputados", proyectando el peso de las evidencias presentadas por el Ministerio Público como un hecho irrefutable.
“acorralan a imputados” · “desfalco de 15 mil millones”
Atribuye al Gobierno haber ordenado investigar desde noviembre de 2024. · Cifra en RD$15,000 millones el presunto desfalco general.
No detalla las medidas finales. · No recoge la denuncia de acuerdos forzados.
Reproduce la defensa estatal de pruebas contundentes y admisiones, junto con la solicitud de arresto domiciliario para nueve.
Adopta plenamente la postura estatal cediendo su titular y texto al abogado del Estado para destacar la "contundencia de pruebas", y advirtiendo como mensaje oficialista que no importará "la alcurnia a la que pertenezca" quien sustraiga fondos públicos.
“contundencia de pruebas” · “cantidad enorme de evidencias”
Atribuye la valoración de las pruebas al abogado del Estado Manuel Conde.
No recoge la versión de las defensas. · No informa las medidas finales dictadas.
Detalla quiénes irán a prisión o cumplirán arresto domiciliario y recoge la advertencia de Wilson Camacho a los médicos.
“red que defraudó fondos públicos” · “servicios médicos no realizados”
Identifica los centros de reclusión de los imputados. · Calcula en RD$40 millones el perjuicio de esta fase.
No destaca la exigencia de investigar a políticos. · No recoge la denuncia de acuerdos forzados.
Presenta la decisión como razonable y como respaldo a la investigación del Ministerio Público.
“reconocimiento a la fortaleza” · “vamos a ir por más”
Afirma que los 22 médicos no habrían sido procesados sin prestar sus códigos.
No desarrolla los nombres de los imputados. · No recoge la versión de la defensa sobre presión.
Ofrece un desglose nominal de las medidas y amplía el caso con la denuncia de un desfalco de RD$40,000 millones.
“reales beneficiarios” · “desfalco”
Detalla garantías económicas individuales de RD$1, RD$2 y RD$3 millones. · Atribuye a un denunciante el monto de más de RD$40,000 millones.
No menciona los 706 medios de prueba. · No recoge la denuncia de acuerdos forzados.
Enfatiza las admisiones, los acuerdos de colaboración y la advertencia sobre códigos médicos, junto con objeciones de la defensa.
“acorralamiento al grupo” · “derecho a la salud”
Recoge que Mirna Ortiz dijo que el eje es el derecho a la salud. · Publica la denuncia de que nueve imputados fueron presionados.
No ofrece la lista completa de medidas finales. · No incluye el reclamo sobre empresas aún operativas.
Presenta la audiencia como pendiente de fallo y recoge tanto acuerdos fiscales como denuncias de presión y de peces gordos ausentes.
“muchos peces gordos” · “obligó a los imputados”
Asegura que faltan empresarios y políticos que habrían recibido dinero del desfalco.
No informa el resultado final de las medidas. · No recoge el desglose de garantías económicas.
Combina el reclamo por los beneficiarios finales con el anuncio del fallo y la disputa sobre posibles presiones.
“beneficiarios finales” · “presunto desfalco”
Atribuye a la defensa la denuncia de presión para alcanzar acuerdos.
No informa el resultado final de la coerción. · No detalla los centros penitenciarios.
Concentra la cobertura en las admisiones, las pruebas fiscales y la fecha fijada para el fallo.
“fortaleza de la investigación” · “más de 700 medios de prueba”
Precisa que el fallo sería anunciado a las 7:00 de la noche.
No informa las medidas finalmente impuestas. · No recoge la posición de las defensas.
Contrapone la versión fiscal sobre admisiones con la denuncia de la defensa de que los acuerdos fueron impuestos.
“Ahí nadie ha confesado nada” · “obliga a imputados”
La defensa afirma que ninguno confesó culpabilidad. · Reporta 483 pruebas, frente a las 706 citadas por otros medios.
No informa el resultado final de la coerción. · No desarrolla los centros de reclusión.
Resalta la valoración del abogado del Estado sobre las pruebas, las admisiones y el fallo reservado.
“contundencia de pruebas” · “cantidad enorme de evidencias”
Relaciona el caso con un desvío superior a RD$40 millones.
No recoge la denuncia de presión de las defensas. · No detalla las medidas dictadas.
Presenta las evidencias fiscales, el monto superior a RD$40 millones y la espera por la decisión judicial.
“cantidad enorme de evidencias” · “maniobras para sustraer”
Indica que las defensas pidieron arresto domiciliario para nueve por colaboración.
No menciona las 13 admisiones. · No recoge el reclamo sobre beneficiarios finales.
Se limita a destacar la confirmación de Wilson Camacho sobre 13 imputados que admitieron culpabilidad.
“admitieron su culpabilidad”
Es el único que formula el dato como confirmación directa ante el Ministerio Público.
No informa las medidas cautelares. · No menciona pruebas, montos ni críticas de la defensa.
Informa el fallo reservado y la solicitud fiscal de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo.
“tramitación compleja”
Precisa la fecha y hora del fallo: domingo 27 de septiembre a las 7:00 p. m.
No menciona las admisiones. · No recoge las denuncias de presión.
Destaca las 13 admisiones, el arresto domiciliario solicitado para nueve y la continuidad del proceso penal.
“mostraron arrepentimiento” · “no significa que el proceso haya concluido”
Informa que Félix Portes tendría el último turno de la defensa.
No informa el resultado final de las medidas. · No desarrolla el monto del supuesto fraude.
Se concentra en la recta final de la audiencia, la última intervención defensora y la presencia de familiares.
“recta más caliente” · “muestras de apoyo”
Informa que familiares apoyaron a los procesados a la salida de la audiencia.
No menciona las admisiones. · No informa el resultado de las medidas.
Los implicados en la Operación SeNaSa 2.0 fueron trasladados a la sala de audiencias para continuar con el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público. Durante las jornadas previas, la PEPCA indicó que varios imputados admitieron los hechos y negocian colaborar, mientras las defensas presentan sus argumentos y la solicitud de 18 meses de prisión preventiva sigue pendiente de decisión.
La audiencia de medida de coerción del caso Senasa 2.0 fue recesada hasta el próximo domingo por el juez Rigoberto Sena, tras una extensa jornada de debates donde el Ministerio Público indicó que podría variar su solicitud inicial de prisión preventiva para algunos imputados debido a acuerdos de colaboración. El expediente, que investiga un presunto fraude superior a los 41 millones de pesos mediante facturaciones falsas en la ARS estatal, involucra a médicos y exempleados.
El juez Rigoberto Sena recesó hasta el viernes la audiencia de medida de coerción contra 26 imputados en el caso Senasa 2.0-A, tras una extensa jornada donde los abogados defensores presentaron sus argumentos. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo por un supuesto fraude superior a 41 millones de pesos, mientras que la Pepca indicó que 10 de los acusados han admitido los hechos.
El abogado Félix Portes cuestionó las acusaciones del Ministerio Público contra su clienta en el caso Senasa 2.0-A, señalando contradicciones entre los montos atribuidos y los reportes de pagos de la institución. Además, denunció falta de objetividad del órgano persecutor y cuestionó la validez de los testimonios presentados en su contra.
El abogado Santos William Liriano cuestionó los acuerdos alcanzados por el Ministerio Público con nueve imputados en el caso Senasa 2.0-A, señalando que la medida no responde a una persecución penal objetiva. Asimismo, indicó que existen otros acusados dispuestos a colaborar y defendió la exclusión de médicos que supuestamente no tendrían relación con las irregularidades investigadas.
El juez Rigoberto Sena se reservó para el próximo domingo 27 de septiembre el fallo sobre la medida de coerción en el caso Senasa 2.0-A, tras finalizar las audiencias entre el Ministerio Público y las defensas. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para los imputados que no alcanzaron acuerdos.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que 13 imputados del caso Senasa 2.0-A admitieron los hechos, destacando la solidez de la investigación que cuenta con 706 medios de prueba. Además, confirmó que se solicitó arresto domiciliario para nueve de los implicados que colaboraron, quedando el fallo en manos del juez Rigoberto Sena para el próximo domingo.
El abogado del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Manuel Conde, advirtió que el Estado dominicano utilizará todas las herramientas legales necesarias para recuperar los fondos públicos sustraídos en el denominado caso Senasa 2.0-A y en cualquier otro proceso. Conde enfatizó que se actuará sin importar quiénes estén involucrados ni las posiciones que ocupen, con el fin de que los responsables respondan ante la justicia.
Los imputados en el caso de corrupción administrativa denominado Senasa 2.0-A se enfrentan a la decisión judicial sobre la medida de coerción, tras varias jornadas de debate entre el Ministerio Público y la defensa. La Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, señalando un fraude superior a los 41 millones de pesos, mientras que diez de los 26 acusados han admitido los hechos.
El juez Rigoberto Sena inició la audiencia para dictar medidas de coerción contra 26 imputados en el caso Senasa 2.0-A. El Ministerio Público modificó su petición de prisión preventiva a arresto domiciliario para nueve implicados tras su colaboración, mientras que 13 admitieron los cargos. La fiscalía sustentó su acusación en 706 medios de prueba sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud.
La audiencia para conocer las medidas de coerción a los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0 inició con retraso este domingo bajo la conducción del juez Rigoberto Sena. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para varios implicados y arresto domiciliario para otros nueve procesados. El magistrado deberá evaluar los argumentos de ambas partes para decidir el curso de las medidas.
El texto corresponde a la biografía institucional y pie de página del periódico digital dominicano N Digital, destacando su compromiso con la transparencia, el rigor periodístico y el programa N Investiga conducido por Nuria Piera.
El juez Rigoberto Sena impuso prisión preventiva a siete de los imputados en el caso SeNaSa 2.0, arresto domiciliario a nueve y medidas menos gravosas a otros seis, mientras dos quedaron sin medida de coerción. Las decisiones responden a las solicitudes del Ministerio Público y los argumentos de la defensa durante la audiencia.
El procurador adjunto Wilson Camacho calificó como razonable la decisión del tribunal en el caso SeNaSa, destacando que la mayoría de los imputados quedaron privados de libertad. Asimismo, exhortó a los médicos a no prestar sus códigos profesionales para evitar procesos penales y advirtió que las investigaciones sobre el caso continuarán.
La audiencia de medida de coerción contra los 26 imputados en el caso Senasa 2.0 (Operación Cobra 2.0-A) fue recesada hasta el próximo viernes por el juez Rigoberto Sena. El proceso continuará con la exposición de la defensa técnica de Isabel Heredia antes de dar paso a las réplicas y contrarréplicas del Ministerio Público y los abogados. El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de tramitación compleja.
Continúa este viernes la audiencia de medidas de coerción contra 26 implicados en el caso Senasa 2.0 en el Distrito Nacional, donde la defensa presenta sus argumentos mientras el Ministerio Público prepara sus réplicas.
El juez Rigoberto Sena se reservó para el próximo domingo 27 de septiembre el fallo sobre la solicitud de medida de coerción contra los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0-A. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo por un supuesto fraude en autorizaciones médicas. La defensa presentó sus argumentos mientras el proceso judicial continúa su curso sin determinar culpabilidad definitiva.
El tribunal se reservó para el próximo domingo el fallo sobre las medidas de coerción en el caso Senasa 2.0. El procurador adjunto Wilson Camacho destacó que 13 imputados han admitido los hechos y que el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario para nueve de ellos debido a su colaboración con la investigación.
El juez Rigoberto Sena decidirá la medida de coerción para 26 imputados en el caso de corrupción administrativa Senasa 2.0. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para algunos y arresto domiciliario para otros nueve que colaboraron con la investigación.
El tribunal continuará este viernes el conocimiento de la medida de coerción contra 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0, una investigación del Ministerio Público sobre un presunto fraude superior a los 41 millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud. La audiencia se retomará tras varias jornadas de debates donde la fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva y tramitación compleja, mientras las defensas presentan sus argumentos.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó para el próximo domingo el fallo sobre las medidas de coerción contra 26 médicos vinculados al caso de corrupción administrativo denominado Senasa 2.0-A. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva de 18 meses y que el caso sea declarado complejo, mientras que la Pepca indicó que 10 de los imputados han admitido los cargos.
El procurador adjunto Wilson Camacho informó que 13 de los imputados en el caso Senasa 2.0 admitieron los hechos ante el tribunal, destacando la fortaleza de la investigación del Ministerio Público. Camacho explicó que la solicitud de medidas de coerción incluye 706 medios de prueba y que varios imputados han colaborado. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó el fallo sobre las medidas para el próximo domingo.
Un juez del Distrito Nacional se reservó para el próximo domingo el fallo sobre las medidas de coerción contra 26 médicos imputados en el caso de corrupción denominado SENASA 2.0. Durante la audiencia, que se extendió por tres días, se discutieron acuerdos con el Ministerio Público y las acusaciones formales de desfalco y lavado de activos.
Durante la audiencia de medidas de coerción del caso SeNaSa 2.0, trece imputados admitieron los hechos y mostraron arrepentimiento, lo que llevó al Ministerio Público a variar su solicitud de prisión preventiva a arresto domiciliario para nueve de ellos. El proceso judicial continúa y el juez Rigoberto Sena reservó el fallo para el domingo 27 de septiembre.
Representantes del Ministerio Público se presentaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera del fallo de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional sobre las medidas de coerción en el caso SeNaSa 2.0-A. La decisión está a cargo del juez Rigoberto Sena tras una prolongada audiencia con fiscales y abogados defensores.
La audiencia de medida de coerción contra los 25 imputados en el caso SeNaSa 2.0 fue recesada para continuar el próximo viernes. Durante las intervenciones, los abogados de la defensa cuestionaron la investigación del Ministerio Público, señalando que los médicos son víctimas de un proceso originado dentro de la propia institución y criticando la ausencia de clínicas, laboratorios y farmacias en el expediente. Por su parte, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo por un presunto fraude superior a los 40 millones de pesos.
El juez Rigoberto Sena se reservó para el próximo domingo la decisión sobre la medida de coerción en el caso SeNaSa 2.0-A, tras concluir varias jornadas de audiencia entre el Ministerio Público y las defensas. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo para los imputados que no alcanzaron acuerdos.
El juez Rigoberto Sena se reservó para el próximo domingo 27 de septiembre la decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso Senasa 2.0-A. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de tramitación compleja para los implicados que no han llegado a acuerdos.
La audiencia de medida de coerción del caso Senasa 2.0 fue aplazada por tercera ocasión por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional y se reanudará este viernes. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo, mientras los abogados de la defensa continúan presentando sus argumentos. Por su parte, Miguel Surún Hernández, representante de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, cuestionó el alcance de la investigación y pidió indagar a más sectores y empresarios.
Un abogado defensor en el caso SeNaSa 2.0 afirmó que nueve imputados recibirán arresto domiciliario tras acuerdos con el Ministerio Público, pero sostuvo que estas medidas fueron obtenidas bajo presión y no constituyen una admisión de culpabilidad. La investigación acusa a 25 médicos de sustraer más de 40 millones de pesos del Seguro Nacional de Salud. El medio reporta las declaraciones del letrado manteniendo distancia profesional mediante atribuciones constantes.
El juez Rigoberto Sena emitirá su fallo este domingo sobre las medidas de coerción para los 26 imputados en el caso Senasa 2.0. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para la mayoría, pero varió su pedido a arresto domiciliario para nueve de ellos tras supuestas colaboraciones y admisiones de culpabilidad, mientras que la defensa cuestionó la legitimidad de dichos acuerdos.
El presidente de la Coalición contra el Robo de la Seguridad Social, Miguel Surun Hernández, solicitó que la investigación sobre el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) incluya a los beneficiarios finales de las operaciones ilícitas. Durante sus declaraciones, realizadas antes de conocerse las medidas de coerción del caso Senasa 2.0, cuestionó que empresas vinculadas sigan operando y afirmó que el fraude supera los 40,000 millones de pesos.
La audiencia de medida de coerción para los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0 continúa este viernes con las exposiciones finales de la defensa y del Ministerio Público. El órgano persecutor solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo, mientras trasciende que diez de los implicados habrían admitido los hechos. El juez Rigoberto Sena decidirá las medidas cautelares tras las réplicas y contrarréplicas.
La abogada Adalquiris Lespín Abreu, representante de un imputado en el caso SeNaSa 2.0, cuestionó la metodología de investigación del Ministerio Público. Sostuvo que las autoridades utilizan declaraciones de otros imputados sin comprobar su veracidad de forma independiente para construir el expediente.
El procurador adjunto Wilson Camacho informó que 13 imputados en el caso SeNaSa 2.0 admitieron los hechos ante el tribunal durante la audiencia de medidas de coerción. El Ministerio Público solicitó arresto domiciliario para nueve de ellos debido a su colaboración y arrepentimiento, aunque aclaró que el proceso judicial continúa. La audiencia fue aplazada para el próximo domingo.
El caso judicial Senasa 2.0 entra en su recta final con la última exposición de la defensa a cargo del abogado Félix Portes ante el juez Rigoberto Sena. Posteriormente, el Ministerio Público y la defensa tendrán su ronda de réplicas y contrarréplicas antes de que el tribunal decida sobre la solicitud de 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados. La jornada anterior estuvo marcada por muestras de apoyo de familiares a la salida de los procesados.
La audiencia de medida de coerción para los 26 imputados en el caso Senasa 2.0 continúa este viernes con la última intervención de la defensa técnica a cargo del abogado Félix Portes. Posteriormente, el Ministerio Público presentará su réplica y se abrirá paso a la contrarréplica de los abogados antes de que el juez decida sobre la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo.
El procurador adjunto Wilson Camacho informó que 13 imputados en el caso SeNaSa 2.0 admitieron los hechos ante el tribunal y mostraron arrepentimiento. Debido a esta colaboración, el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario para nueve de ellos, aunque aclaró que el proceso judicial continúa. La audiencia de medidas de coerción fue aplazada para el próximo domingo.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reanudará el conocimiento de la medida de coerción contra los 26 imputados en el caso Senasa 2.0-A, tras la presentación de la última defensa técnica a cargo del abogado Félix Portes. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para todos los implicados, entre los que figuran diversos profesionales de la medicina.
El Ministerio Público dominicano ha alcanzado acuerdos de colaboración y delación premiada con más de la mitad de los imputados en el caso SeNaSa 2.0-A, solicitando medidas de coerción menos severas como el arresto domiciliario a cambio de confesiones y devolución de fondos. Entre los implicados que buscan beneficios figuran varios exfuncionarios y médicos, mientras que el organismo persecutor aclaró que no existen convenios con el principal implicado, Santiago Hazim. El juez Rigoberto Sena emitirá su fallo sobre las medidas de coerción el próximo domingo.
El juez Rigoberto Sena dictó prisión preventiva para siete de los imputados en el caso SeNaSa 2.0, enviando a varios al centro CCR Las Parras, mientras que otros cumplirán arresto domiciliario, garantía económica o quedaron en libertad. El Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, indicó que la investigación sigue abierta y advirtió a los médicos sobre el uso de sus códigos profesionales.
Un juez de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva para ocho de los imputados en el caso de corrupción SeNaSa 2.0, mientras que otros enfrentarán arresto domiciliario, garantía económica o libertad. Los procesados están acusados de defraudar al Estado por más de 40 millones de pesos, y el Ministerio Público advirtió que la investigación sigue abierta.
La audiencia de solicitud de medidas de coerción del caso SeNaSa 2.0 se reanuda este viernes con la exposición de la defensa de Isabel Heredia, representada por el abogado Félix Portes. Tras esta intervención, el Ministerio Público presentará su réplica final antes de que el juez decida sobre las medidas cautelares.
La audiencia sobre medidas de coerción en el caso SeNaSa 2.0 se reanuda este viernes con la exposición de la defensa de Isabel Heredia, representada por el abogado Félix Portes. Tras esta intervención, el Ministerio Público presentará su réplica final antes de que el juez decida sobre el caso.
Noticias SIN informa sobre la reanudación de la audiencia de medida de coerción contra 26 implicados en el caso de corrupción administrativa denominado SeNaSa 2.0. El Ministerio Público solicita prisión preventiva y declaratoria de complejidad, mientras diversos juristas debaten sobre la legalidad y alcance de los acuerdos y la admisión de hechos realizada por varios imputados.
El abogado Félix Portes, representante de la doctora Ysabel Heredia implicada en el caso Senasa, afirmó que su defendida fue incluida de forma arbitraria en el expediente. Durante la audiencia, Portes señaló diversas inconsistencias y exageraciones en los montos y reportes presentados por el Ministerio Público.
Los acusados de una presunta estafa millonaria contra SENASA cumplen siete días detenidos en el Palacio de Justicia mientras el juez evalúa las medidas de coerción. Abogados querellantes y defensores cuestionan las admisiones y la formulación del expediente por parte del Ministerio Público.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional continuó con el conocimiento de la medida de coerción en el caso SeNaSa 2.0, donde el Ministerio Público presenta sus réplicas a los argumentos de las defensas. La Pepca solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo por un presunto fraude millonario. Diversos actores, incluyendo abogados defensores y querellantes, han cuestionado aspectos específicos de la investigación y solicitado la inclusión de más implicados.
Un juez dominicano se reservó el fallo sobre la medida de coerción en el caso de corrupción administrativa denominado Senasa 2.0, en el que el Ministerio Público acusa a varias personas de estafa contra la aseguradora estatal. Diversos abogados, defensores, querellantes y representantes de la sociedad civil emitieron opiniones sobre las negociaciones, acuerdos y la solidez de las pruebas presentadas por la PEPCA.
El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo sobre las medidas de coerción para los 26 imputados en el caso Senasa 2.0 tras una audiencia de ocho horas. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo por un presunto desfalco superior a 40 millones de pesos. Diversas reacciones de la defensa, querellantes y expertos legales surgieron en torno a la admisión de hechos por parte de algunos implicados y la posible vinculación de más personas.
El abogado del Estado y miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, Manuel Conde, destacó la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el caso Senasa 2.0, señalando que más de nueve imputados han admitido los hechos y colaboran con la justicia. Mientras tanto, el juez Rigoberto Sena se reservó el fallo sobre las medidas de coerción para este domingo. El proceso investiga un presunto desfalco de más de 40 millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud.
En una entrevista en Noticias SIN, el representante de la coalición contra el robo de la seguridad social, Miguel Surún Hernández, exige a las autoridades judiciales que profundicen las investigaciones sobre el desfalco en SeNaSa. Afirma que los principales beneficiarios empresariales y responsables del fraude de 40 mil millones de pesos aún no han sido procesados ni sus empresas incautadas.
El presidente de la Coalición contra el Robo de la Seguridad Social, Miguel Surun Hernández, exigió que la investigación por el presunto desfalco en SeNaSa alcance a los beneficiarios finales y empresarios vinculados. Surun estimó que el monto defraudado supera los 40,000 millones de pesos y cuestionó que las empresas implicadas sigan operando mientras el tribunal conoce las medidas de coerción del caso SeNaSa 2.0.
Un tribunal dominicano dictó este domingo medidas de coerción para los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0. Ocho personas fueron enviadas a prisión preventiva por 18 meses en los centros de Las Parras y Najayo Mujeres, mientras que el resto recibió arresto domiciliario, pagos de garantías económicas e impedimentos de salida del país.
El juez Rigoberto Sena emitirá el domingo su fallo sobre la medida de coerción en el caso Senasa 2.0 tras escuchar las réplicas y contrarréplicas entre el Ministerio Público y la defensa. Mientras el director de Persecución, Wilson Camacho, destacó que 13 imputados admitieron los hechos y colaboraron, los abogados defensores como Félix Portes y Willie Liriano cuestionaron las acusaciones, negaron admisiones de culpabilidad y denunciaron presiones en los acuerdos.
Trece imputados en el caso de presunto fraude Senasa 2.0 admitieron los cargos y colaboraron con la justicia, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar arresto domiciliario para nueve de ellos. Mientras tanto, el organismo mantiene la solicitud de prisión preventiva para otros dieciocho implicados. El juez Rigoberto Sena emitirá su fallo sobre las medidas de coerción este domingo.
Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva a ocho imputados y diversas medidas de coerción a otros implicados en el caso Senasa 2.0, un presunto entramado de corrupción que desfalcaron al Estado por 40 millones de pesos. El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, exhortó a los médicos a no prestar sus códigos de acceso para evitar procesos penales.
En el tercer día de la audiencia de coerción por el caso Senasa 2.0 contra 26 imputados, la defensa de la doctora Isabel Heredia cuestionó una supuesta alerta migratoria arbitraria impuesta por el Ministerio Público antes de su arresto. Mientras el órgano acusador y las defensas cruzaban réplicas y contrarréplicas, familiares y allegados aplaudieron y vitorearon a los imputados durante un receso, proclamando su inocencia.
Durante la audiencia de medida de coerción del caso Senasa 2.0, la defensa de los imputados rechazó las acusaciones del Ministerio Público y afirmó que los acusados no son responsables de los delitos imputados. El abogado Santos Willy Liriano Mercado también denunció que el Ministerio Público ha estado forzando acuerdos de colaboración bajo presión con algunos de los implicados.
El juez Rigoberto Sena se reservó para el domingo su decisión sobre la medida de coerción para los 26 imputados en el caso Senasa 2.0. Mientras el Ministerio Público destacó la colaboración y admisión de culpabilidad de varios implicados para pedir arresto domiciliario, la defensa denunció que dichas colaboraciones fueron forzadas.
El director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió a los médicos sobre los riesgos legales de prestar sus códigos tras conocerse la medida de coerción a 26 implicados en el caso Senasa 2.0. El juez impuso diversas medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva y arresto domiciliario, mientras las autoridades aseguran que la investigación sobre la red de corrupción en la aseguradora estatal continuará.
El juez Rigoberto Sena dictó prisión preventiva para siete personas y arresto domiciliario para otras once en el marco de la segunda fase del caso de corrupción y estafa al Seguro Nacional de Salud (Senasa 2.0). Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, celebró la decisión y advirtió sobre la implicación de médicos en la red que defraudó fondos públicos mediante servicios ficticios.
El juez Rigoberto Sena se reservó para el próximo domingo el fallo sobre la medida de coerción para 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, presentando cientos de pruebas documentales, materiales y periciales.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que 13 imputados en el caso Senasa 2.0 admitieron los cargos y que se solicitó arresto domiciliario para nueve de ellos por cooperar. El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo sobre las medidas de coerción para el domingo 27 de septiembre.
El abogado Santos Willy Liriano denunció que el Ministerio Público dominicano presuntamente obliga a los imputados del caso Senasa 2.0 a aceptar acuerdos judiciales bajo coacción, aclarando que ninguno ha confesado su culpabilidad. Según el defensor, a quienes se negaron se les pidió prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
El juez Rigoberto Sena se reservó para el próximo domingo la decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra 26 imputados en el caso Senasa 2.0. La audiencia concluyó tras escuchar los argumentos tanto del Ministerio Público como de las defensas de los acusados. Los implicados permanecerán a la espera de la resolución judicial que determinará su situación procesal en este caso investigado por las autoridades.
El abogado del Estado Manuel Conde aseguró que la Fiscalía cuenta con una 'cantidad enorme' de evidencias en el caso Senasa 2.0 para sustentar las medidas de coerción contra 26 imputados acusados de sustraer más de 40 millones de pesos. El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo sobre la solicitud de coerción para este domingo. La defensa de algunos imputados ha solicitado arresto domiciliario argumentando colaboración con la investigación.
El noticiero Emisión Estelar SIN informa sobre la reserva de fallo del juez Rigoberto Sena respecto a la medida de coerción para los implicados en el caso de corrupción Senasa 2.0, un desfalco valorado en más de 40 millones de pesos. Se detallan las declaraciones de la PEPCA, defensores legales, querellantes y actores de la sociedad civil sobre las admisiones de culpabilidad y posibles acuerdos judiciales.
El juez Rigoberto Sena fijó para este domingo la lectura del fallo sobre medidas de coerción en el caso Senasa 2.0. Durante las audiencias, el Ministerio Público destacó acuerdos de cooperación con trece imputados que admitieron los hechos, mientras que la defensa, representada por juristas como Félix Portes y Santos Willie Liriano Mercado, rechazó las acusaciones y denunció inconsistencias y supuestas presiones en dichos acuerdos.
Trece de los imputados en el presunto esquema de desfalco Senasa 2.0 admitieron los cargos ante el tribunal durante la audiencia preliminar, lo que llevó al Ministerio Público a variar su solicitud de prisión preventiva a arresto domiciliario para nueve de ellos. El juez Rigoberto Sena fijó la lectura de su fallo sobre las medidas de coerción para la noche del próximo domingo.
Trece imputados en el caso de corrupción administrativa Senasa 2.0 admitieron su participación ante un tribunal dominicano, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar arresto domiciliario para nueve de ellos. La audiencia judicial continuará este domingo con la lectura de las medidas cautelares dictadas por el magistrado Rigoberto Sena.
Un tribunal dominicano se apresta a definir las medidas de coerción para 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0-A, donde el Ministerio Público solicita prisión preventiva y la declaración de caso complejo por un fraude superior a los 41 millones de pesos. Mientras la Pepca señala que 10 acusados han admitido los hechos y buscan colaborar, las defensas rechazan los cargos, y la Unión de Farmacias ha emitido un comunicado para pedir que se eviten sospechas generalizadas sobre todo el sector farmacéutico formal.
El juez Rigoberto Sena conoció este domingo la solicitud de medidas de coerción para 26 imputados en el caso de presunto fraude Senasa 2.0-A. La fiscalía solicitó declarar el caso complejo y presentó más de 700 pruebas, mientras que nueve de los procesados recibieron una modificación en el pedido de prisión debido a su colaboración. El expediente incluye a profesionales sanitarios acusados de facturar procedimientos médicos falsos al seguro estatal.
La audiencia de medida de coerción del caso SeNaSa 2.0 inició con dos horas de retraso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, bajo la presidencia del magistrado Rigoberto Sena. El Ministerio Público solicita prisión preventiva para varios de los 26 imputados y arresto domiciliario para otros, tras reportarse que 13 personas han admitido los hechos. La decisión sobre el régimen de coerción queda ahora en manos del juez.
El juez Rigoberto Sena dictó medidas de coerción para 24 de los 26 imputados en el caso de supuesta estafa SeNaSa 2.0, incluyendo prisión preventiva para siete de ellos. Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, calificó la decisión como un reconocimiento a la fortaleza de la investigación y exhortó a los médicos a no prestar sus códigos de autorización. El proceso judicial continúa abierto para identificar a más implicados.
El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo sobre la medida de coerción para los 26 imputados en el caso de corrupción denominado Senasa 2.0-A, que involucra a 22 médicos y cuatro exempleados. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó 706 medios de prueba y modificó su solicitud de prisión preventiva a arresto domiciliario para nueve de los implicados que admitieron los hechos.
El juez Rigoberto Sena dará a conocer este domingo su decisión sobre la medida de coerción para los imputados en el caso Senasa 2.0, tras una extensa audiencia. El Ministerio Público indicó que varios implicados colaboraron y admitieron los hechos, lo que motivó solicitudes de arresto domiciliario para algunos, mientras que los abogados de la defensa cuestionaron las acusaciones y rechazaron la existencia de una confesión de culpabilidad.
El abogado Santo Willy Mercado, representante de una de las imputadas en el caso SeNaSa 2.0, cuestionó que el Ministerio Público presente la colaboración de algunos acusados como admisiones de responsabilidad, afirmando que fueron presionados. La audiencia de medida de coerción para los 26 implicados en el presunto fraude de 41 millones de pesos al seguro estatal continuó en su cuarta jornada ante el juez Rigoberto Sena.
En el caso Senasa 2.0, trece de veintiséis imputados admitieron su participación y pidieron excusas, lo que llevó al Ministerio Público a flexibilizar su solicitud a arresto domiciliario para ellos, mientras mantuvo la petición de 18 meses de prisión preventiva para el resto. El juez Rigoberto Sena fijó la lectura de la decisión para el próximo domingo, en un proceso donde las autoridades destacaron la contundencia de las pruebas y la gravedad del fraude al derecho fundamental a la salud.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió a los profesionales de la salud sobre los riesgos legales de prestar códigos de prescripción tras las medidas de coerción dictadas contra 22 médicos implicados en el caso de corrupción SeNaSa 2.0. Camacho destacó la solidez del expediente judicial, valoró la privación de libertad de la mayoría de los imputados y aseguró que la investigación sigue abierta para alcanzar a nuevos implicados.
El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional anunciará este domingo el fallo sobre la medida de coerción del caso Senasa 2.0 por presunto fraude al Seguro Nacional de Salud. La decisión se emitirá tras concluir este viernes la réplica del Ministerio Público y la contrarréplica de los abogados defensores.
Trece imputados en el caso de corrupción administrativa SeNaSa 2.0 admitieron ante el tribunal los cargos presentados por el Ministerio Público durante la audiencia de medida de coerción. El procurador adjunto Wilson Camacho destacó que estas admisiones reflejan la solidez de la investigación, la cual se sustenta en más de 700 medios de prueba.
El procurador adjunto Wilson Camacho y la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, afirmaron que los 706 medios de prueba presentados en la Operación Cobra 2.0-A demuestran la fortaleza del caso por presunta corrupción en el SeNaSa. Varios imputados habrían admitido los hechos y colaborado con las autoridades, lo que motivó solicitudes de arresto domiciliario para ellos, mientras que para otros se pidió prisión preventiva. El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo sobre las medidas de coerción para el próximo domingo.
La investigación sobre un presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) en República Dominicana dominó la agenda informativa de la semana, tras la ejecución de la Operación Cobra 2.0-A que dejó 28 detenidos y un monto estimado de desfalco de 15 mil millones de pesos. El Ministerio Público presentó cientos de pruebas y solicitó prisión preventiva para 18 implicados, mientras que el Ejecutivo recordó que las indagatorias iniciaron a instancias gubernamentales desde finales de 2024.
El procurador adjunto Wilson Camacho informó sobre los avances en el caso SeNaSa 2.0, confirmando que 13 imputados han admitido su culpabilidad respecto a los cargos presentados por el Ministerio Público.
El abogado del Estado Manuel Conde afirmó que el Ministerio Público cuenta con pruebas contundentes y admisiones de más de nueve imputados en el caso de supuesta corrupción Senasa 2.0, donde se investiga el desvío de más de 40 millones de pesos. Durante la audiencia de medidas de coerción, el fiscal Wilson Camacho solicitó variar la prisión preventiva a arresto domiciliario para nueve implicados colaboradores, mientras que el juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para el próximo domingo.
El juez Rigoberto Sena decidirá este domingo las medidas de coerción para los imputados en la segunda etapa de la Operación Cobra, un caso de corrupción en el SeNaSa. Trece imputados admitieron los hechos y el Ministerio Público varió el pedido a arresto domiciliario para nueve de ellos, mientras mantiene la solicitud de prisión preventiva para el resto.
El abogado del Estado Manuel Conde afirmó que el Ministerio Público cuenta con pruebas contundentes y admisiones de varios imputados en el caso de corrupción administrativa denominado Senasa 2.0. Durante la audiencia de medidas de coerción, el fiscal Wilson Camacho solicitó arresto domiciliario para nueve imputados que colaboran con la investigación. El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para darlo a conocer este domingo.
El juez Rigoberto Sena emitirá este domingo su decisión sobre las medidas de coerción para los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0, tras concluir las audiencias donde el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para algunos y arresto domiciliario para quienes colaboraron con la investigación. El procurador adjunto Wilson Camacho destacó la solidez de las pruebas y las admisiones de culpabilidad de varios acusados, mientras que las defensas presentaron sus argumentos.
La audiencia para conocer la medida de coerción contra los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0 inició con dos horas de retraso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para algunos y arresto domiciliario para otros que colaboraron y admitieron los hechos, sustentando su acusación en 706 medios de prueba. Corresponde ahora al juez Rigoberto Sena emitir su decisión sobre el proceso.
A Gabriel Rodríguez Ravelo, implicado en el caso SeNaSa 2.0, se le impusieron arresto domiciliario, impedimento de salida y una garantía económica de dos millones de pesos. Su abogado, Omar Chapmán, informó que el tribunal dictó prisión preventiva solo para cuatro de los imputados y aclaró que el caso se ha deslindado de la investigación Cobra 1.
Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a 24 de los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0, incluyendo prisión preventiva y arresto domiciliario, mientras que dos quedaron libres de medidas. Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, calificó el fallo como un reconocimiento a la fortaleza de la investigación y advirtió a los médicos sobre el peligro de prestar sus códigos profesionales.
El abogado Miguel Surún Hernández exigió el arresto e investigación de políticos que supuestamente financiaron sus campañas con fondos del presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Durante sus declaraciones tras una audiencia judicial, el jurista sostuvo que las investigaciones actuales no han alcanzado a los verdaderos beneficiarios del entramado y denunció que algunas empresas implicadas continúan operando y recibiendo recursos públicos.
