Examina si el medio publica información falsa de forma reiterada y cómo responde cuando una afirmación queda desmentida.

Resultado: La revisión documentada de verificadores descrita en el expediente aporta evidencia favorable: no identificó un patrón de falsedades atribuibles al medio en las plataformas revisadas. Su alcance no permite garantizar todo su historial. La querella de 2012 es una alegación antigua, no una verificación de falsedad ni prueba de publicación reiterada.

Valora el uso de fuentes identificables, la atribución, el contexto suficiente y el cuidado al presentar hechos sensibles.

Resultado: No se proporciona una muestra suficiente de noticias que permita examinar contraste de fuentes, contextualización y verificación. La reputación institucional, la estructura editorial y una querella antigua no bastan para evaluar las prácticas habituales de reportería.

Verifica si existe una práctica accesible para reconocer, explicar y corregir errores de manera oportuna.

Resultado: La inspección documentada del sitio aporta una limitación verificable de transparencia sobre correcciones. No se aportan ejemplos concretos y comprobados que permitan establecer su regularidad; la afirmación general sobre fe de erratas no está respaldada por una corrección identificable. La falta de una política visible no equivale a incumplimiento total.

Observa si el lector puede distinguir con claridad una noticia, un análisis, una columna y un contenido de opinión.

Resultado: La observación documentada de la navegación respalda una separación explícita entre opinión e información. No se ofrece una muestra suficiente de artículos para comprobar que esa distinción se mantenga consistentemente dentro de todas las piezas.

Compara titulares y piezas para detectar exageraciones, afirmaciones engañosas o promesas que el contenido no sostiene.

Resultado: No se aportan comparaciones verificables entre titulares y cuerpos de noticias. La controversia judicial descrita no demuestra por sí sola que un titular fuera engañoso.

Comprueba si el medio identifica de forma pública y comprensible a sus propietarios y sus principales fuentes de financiamiento.

Resultado: La identificación de la editora y del grupo constituye divulgación parcial en el propio sitio. La información accionaria y el financiamiento estatal están documentados en fuentes externas, pero eso no demuestra que el medio los explique a sus lectores. No se utiliza la identificación de directivos descartada al comprobar la portada.

Revisa si anuncios, patrocinios y contenidos pagados se diferencian de la cobertura editorial sin ambigüedad.

Resultado: Los contratos prueban la contratación de publicaciones pagadas, no su etiquetado ante el lector. Descartadas las afirmaciones no respaldadas sobre diagramación y «Espacio Pagado», no quedan ejemplos comprobados suficientes para evaluar este criterio.

Evalúa si el medio revela relaciones económicas, políticas o personales que puedan influir en una cobertura.

Resultado: Identificar la empresa y el grupo aporta transparencia básica, pero no acredita una identificación completa de responsables y beneficiarios. Existen vínculos financieros y comerciales documentados, sin ejemplos aportados de declaraciones de esos vínculos en la cobertura pertinente. La ausencia comprobada de una política pública pesa moderadamente; no demuestra por sí sola ocultamiento ni sesgo.

Verifica si las piezas identifican a sus responsables y si el medio ofrece formas claras de contacto y reclamación.

Resultado: No se aportan ejemplos comprobados de firmas, perfiles, credenciales o contactos de autores. La existencia de una sección de opinión no basta para acreditar información de autoría, y el supuesto listado editorial de la portada fue descartado.