El periódico digital "Proceso" (proceso.com.do), fundado en 2007, es propiedad directa del Grupo ACD Media (constituido legalmente como Acd Media, SRL). Este conglomerado multiplataforma fue fundado por el periodista y empresario dominicano Dany Alcántara Castillo, quien funge como presidente ejecutivo y beneficiario final. La dirección editorial del portal está a cargo de la periodista Belkys Castillo.
El Grupo ACD Media centra sus operaciones comerciales en el sector de la radiodifusión y las comunicaciones, sin evidenciar inversiones corporativas en otras industrias ajenas a su sector. Además de "Proceso", el holding es propietario de canales de televisión (Ahora TV, Catorce TV, En Televisión), emisoras radiales (La Super 7 FM, La Arena 92.5 FM) y otras páginas web informativas. De manera simultánea a su labor estrictamente periodística, la corporación matriz opera como una agencia de relaciones públicas y asesoría de comunicación para clientes corporativos.
El modelo de financiamiento de "Proceso" garantiza acceso gratuito a su audiencia general, operando sin muros de pago ni monetización por suscripción. En consecuencia, sus ingresos dependen de un modelo híbrido respaldado por la publicidad privada comercial, incluyendo el patrocinio de instituciones financieras como Banco Popular, BHD y Banreservas, así como de una sólida y constante adjudicación de publicidad y propaganda del Estado dominicano. Los registros públicos confirman que Acd Media, SRL es proveedora activa de ministerios y dependencias gubernamentales, acumulando contratos recientes con ONAPI, INTRANT, INDOTEL, y la Autoridad Portuaria.
En el ámbito de la transparencia y precisión editorial, el medio no presenta antecedentes de difusión de desinformación señalados por verificadores institucionales, y suele reportar sobre el impacto de las noticias falsas y la inteligencia artificial. No obstante, su estructura de transparencia es mixta: revela claramente a sus directivos y diferencia visualmente la opinión de las noticias, pero carece de un código de ética público y no dispone de una política de correcciones estandarizada. Asimismo, no implementa un sistema de etiquetado claro que distinga el contenido publicitario, como la abundante publicidad estatal, del material estrictamente periodístico.
La naturaleza dual del grupo como entidad periodística y agencia de relaciones públicas ha suscitado observaciones sobre posibles conflictos de interés. Este aspecto cobró particular relevancia durante las investigaciones del caso Odebrecht en 2018, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) incluyó a Dany Alcántara en un escrutinio patrimonial. Alcántara justificó parte de sus ingresos alegando que prestaba servicios de relaciones públicas a las empresas de Ángel Rondón (principal imputado del caso), y denunció la acción judicial como un acto de persecución política e intento de acallar sus críticas al procurador.
La corporación también ha enfrentado diversas controversias de índole legal y electoral. En 2026, la Junta Central Electoral (JCE) inició un proceso sancionador contra ACD Media por la publicación de encuestas electorales fuera de los plazos reglamentarios, lo que provocó que los directivos del medio calificaran el reglamento como una "ley mordaza" que amenazaba la libertad de prensa. Adicionalmente, figuras claves del medio han sido objeto de múltiples querellas por presunta difamación e injuria a lo largo de los años, impulsadas tanto por jueces como por grupos de abogados.