Comparando cómo la contó cada medio.
Publicada · Actualizada
En el Resumen diario: Edición de la mañana del 13 de octubre
Abogados depositaron ante la Procuraduría una solicitud para investigar muertes en operativos policiales.
Las denuncias cuestionan los llamados supuestos intercambios de disparos con agentes policiales.
Los juristas reclaman esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades en los decesos.
Varias coberturas señalan que las muertes aumentaron durante semanas recientes.
Reportan 47 muertes en un período que va de agosto a septiembre.
Mencionan 99 homicidios en septiembre, con 45 atribuidos a la Policía.
Fijan el período entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre, durante 42 días.
Describen 47 muertes en 45 días y las vinculan con 27 casos.
Una publicación sitúa la relación de 47 fallecimientos entre el 7 de agosto y el 28 de septiembre.
Usan fórmulas cautelosas como "supuestos intercambios" y recogen la versión policial.
Presentan las acusaciones de los abogados como posibles ejecuciones sumarias o extrajudiciales.
Incluye la postura opuesta de que la Policía debe responder armadamente ante agresiones.
No cubrieron la historia Color Visión/EDISA, Luna TV, Grupo Lama, el bloque estatal, Teleuniverso ni Albavisión. Tampoco lo hicieron varios medios activos: Z101 Digital, Noticias 16, Central Noticias, RTVD, Cachicha.com, Arecoa, Bávaro Digital, Noticia.do, RCC Noticias, Telesistema 11 y otros indicados.
Ordenados del más crítico al más favorable con el gobierno, comparando a los medios entre sí en esta misma noticia. La noticia en sí es desfavorable para el gobierno: Un grupo de abogados denunció ante la Procuraduría al director de la Policía Nacional y exigió investigar decenas de muertes en supuestos intercambios de disparos, lo que afecta la imagen de seguridad y gestión del gobierno. Bajo cada medio, su tendencia frente al gobierno por todo lo que publica y las fechas con que se calculó; «En esta historia», el tono de su versión de esta noticia.
Combina un recuento de muertes en octubre y septiembre con la negativa oficial a entregar estadísticas y la denuncia de juristas.
Es la cobertura más crítica porque su redacción vincula de forma directa las muertes con las 'advertencias públicas formuladas por el mandatario', sugiriendo una política letal desde la presidencia.
“abatidos” · “caídas”
Un grupo de abogados en República Dominicana depositó una denuncia ante la Procuraduría General de la República para exigir una investigación independiente sobre 47 muertes ocurridas en operativos policiales entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026. Los juristas cuestionan que estos casos sean presentados como intercambios de disparos sin una indagatoria exhaustiva y solicitan esclarecer responsabilidades penales.
No aborda la fecha de abolición de la pena capital.
Mencionan 1924 como el año en que fue eliminada.
Reporta 20 muertes en las primeras dos semanas de octubre. · Menciona 53,877 órdenes de captura pendientes.
No identifica a los siete abogados denunciantes. · No desarrolla las acusaciones sobre inducción al homicidio.
Concentra la cobertura en la denuncia contra el director policial y en la falta de acreditación de legítima defensa.
Muestra una postura marcadamente incisiva al validar la premisa de una 'ofensiva policial' y dedicar espacio a explicar la jerga urbana 'lo pusieron en 29' como sinónimo de ejecuciones.
“inducción ... al homicidio” · “juez y parte” · “ejecuciones extrajudiciales”
Atribuye a la clave 29 un supuesto uso para ordenar asesinatos. · Incluye una explicación del significado de "la pusieron en 29".
No informa la cifra de 47 muertes. · No menciona el foro de la Universidad Autónoma.
Destaca la instancia de siete abogados, las 47 muertes y la amenaza de querella contra el director policial.
Amplifica la hostilidad de la denuncia al destacar en su titular, sin atenuantes, la acusación directa contra el director policial de 'inducir el asesinato de jóvenes'.
“inducir el asesinato” · “vidas protegidas”
Señala que los abogados amenazaron con someter al director policial. · Atribuye la supuesta inducción a la clave 29.
No menciona las 65 muertes reportadas por otros medios. · No incluye la defensa oficial del uso de la fuerza.
Destaca la petición de separar temporalmente al director policial, fiscales y agentes mientras se investigan 47 muertes.
Subraya el ángulo más punitivo contra las autoridades al encabezar con la exigencia de 'separación' del director policial y enfatizar el incremento estadístico de abatidos bajo su gestión.
“muertes masivas” · “ejecuciones sumarias”
Solicita separar temporalmente a director, fiscales y agentes. · Pide revisar autopsias, balística y cámaras corporales.
No menciona la cifra de más de 65 muertes desde septiembre. · No recoge la negativa oficial sobre estadísticas.
Enfatiza la denuncia de siete abogados contra la Policía y la acusación de que la clave 29 induciría homicidios.
Proyecta un tono de alarma institucional al titular con la estridente cita 'No podemos volver a un estado salvaje', dando máxima visibilidad al cuestionamiento sobre la brutalidad policial.
“estado salvaje” · “juez y parte” · “chivos sin ley”
Atribuye a la clave 29 una inducción al homicidio. · Advierte que algunos fiscales llenarían actas de ejecuciones.
No presenta la cifra de 47 muertes. · No detalla la solicitud de separación de funcionarios.
Presenta la denuncia de siete abogados como una petición para investigar 27 casos y posibles ejecuciones extrajudiciales.
Adopta un enfoque acusatorio desde el titular al enmarcar los hechos de inmediato como 'supuestas ejecuciones extrajudiciales', un término de grave peso legal internacional.
“ejecuciones extrajudiciales” · “jueces y partes”
Indica que la denuncia contiene 27 casos documentados. · Menciona posibles homicidios calificados o agravados.
No menciona 47 muertes ni el período de 42 días. · No desarrolla la acusación sobre la clave 29.
Su editorial respalda investigar 47 muertes y subraya que la Policía debe actuar dentro del Estado de derecho.
Fija una postura analítica de advertencia al gobierno señalando con voz propia que 'República Dominicana se rige por un Estado de derecho' e instando a que no se archive el caso.
“no posee una licencia especial” · “vidas protegidas”
El editorial anticipa que la procuradora no archivará el caso. · Afirma que la Policía no puede operar al margen de la ley.
No desarrolla la acusación sobre la clave 29. · No menciona a fiscales o agentes específicos.
Enfoca la denuncia como una petición para investigar presuntos homicidios y posibles instrucciones ilegales del director policial.
Mantiene un tono descriptivo pero con ligero sesgo crítico al enfocar su titular en 'presuntos homicidios' y subrayar el cálculo de que ocurre 'más de una muerte diaria'.
“presuntos homicidios” · “actuaciones ilegales”
Menciona contradicciones entre los casos y versiones de familiares. · Relaciona el aumento con el cambio de mando policial.
No menciona la clave 29 por su nombre. · No recoge la cifra de más de 65 muertes.
Presenta el reclamo de juristas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para investigar más de 65 muertes desde septiembre.
Se limita a un resumen sobrio y neutral de una sola línea indicando que los juristas 'piden al MP esclarecer muertes', sin emitir juicios ni resaltar acusaciones altisonantes.
“supuestos intercambios” · “presuntos delincuentes”
Atribuye el reclamo a juristas de la Universidad Autónoma. · Señala silencio del Ministerio Público sobre los casos.
No aborda la clave 29 ni una denuncia contra el director policial. · No menciona la cifra de 47 muertes.
Presenta brevemente la denuncia de abogados ante la Procuraduría por muertes de civiles a manos de policías.
Ofrece una cobertura puramente telegráfica y aséptica, reportando que los abogados 'depositan denuncia', ubicándose en el punto de absoluta imparcialidad descriptiva.
“muertes de civiles”
Sin afirmaciones exclusivas detectadas
No ofrece cifras, fechas ni nombres. · No expone las acusaciones sobre la clave 29.
Resume la solicitud de abogados para investigar muertes ocurridas en supuestos intercambios con la Policía.
Comparte el punto de neutralidad al despachar la noticia con una brevísima frase sin adjetivos sobre la solicitud de investigar 'muertes ocurridas en supuestos intercambios'.
“supuestos intercambios”
Sin afirmaciones exclusivas detectadas
No ofrece cifras, fechas ni nombres. · No detalla acusaciones contra el director policial.
Destaca 27 supuestos intercambios, 47 muertes y la falta de evidencias audiovisuales en las intervenciones.
Muestra la postura más afín a la narrativa policial al calificar en su titular a los occisos directamente como 'delincuentes', asumiendo su culpabilidad previo a cualquier investigación.
“uso excesivo de la fuerza letal” · “supuestos enfrentamientos”
Reporta 99 muertes en septiembre con tres categorías de responsables. · Afirma que hubo dificultades para ubicar prófugos luego reportados muertos.
No menciona la clave 29. · No identifica una acusación directa contra fiscales.
Un programa radial analiza con un abogado penalista la denuncia y sus posibles consecuencias jurídicas para la cadena de mando.
“inducción al homicidio” · “sectores vulnerables”
Siete abogados acudieron ante la Procuraduría. · Reporta 99 homicidios en septiembre, 45 atribuidos a la Policía.
No menciona las 47 muertes entre agosto y septiembre. · No detalla la solicitud de separar al director policial.
Ofrece dos encuadres: el foro de la Universidad Autónoma y la denuncia de siete abogados por 47 muertes.
“vidas protegidas” · “ultimando a las personas”
Relaciona el reclamo con un foro de seguridad ciudadana. · Afirma que la eficacia no se mide en cadáveres.
No menciona la clave 29. · No destaca la petición de separar al director policial.
El programa enfoca el caso desde el derecho constitucional a la vida y las posibles consecuencias del nuevo Código Penal.
“No defiendo delincuentes” · “Estado de derecho”
Cita los artículos constitucionales 7 y 37. · Habla de más de 25 muertes, cifra distinta a otros medios.
No menciona 47 muertes ni 65 casos. · No detalla acusaciones contra la Policía o fiscales.
Resalta que abogados penalistas documentaron 47 muertes en 45 días y cuestionaron la versión oficial policial.
“supuestos delincuentes” · “presuntos intercambios”
Indica 27 casos documentados y 47 muertes en 45 días. · Recoge que la Policía defiende el uso debido de la fuerza.
No menciona la clave 29. · No detalla posibles responsabilidades de fiscales.
Presenta la solicitud de Cándido Simón y contrapone su denuncia de ejecuciones con la defensa del uso de la fuerza policial.
“poner en 29” · “ejecuciones extrajudiciales”
Incluye la defensa de la respuesta armada hecha por Adolfo Serrano. · Extiende el conteo de 47 fallecidos hasta octubre.
No menciona la cifra de 65 muertes. · No detalla la solicitud de separar funcionarios.
Un grupo de abogados ha solicitado a la Procuraduría General de la República que investigue 47 muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos con la Policía Nacional en un periodo de 42 días. La acción legal busca esclarecer la legalidad de dichos operativos, respaldándose en el principio de Estado de derecho y en la postura oficial de investigar cualquier cuestionamiento. El editorial enfatiza que la institución policial no cuenta con una licencia para operar al margen de la ley.
Un grupo de siete abogados depositó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para exigir la investigación de 27 casos de muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos con la Policía Nacional. Los juristas cuestionaron las actuaciones de los agentes y del director policial, advirtiendo que de no obtener respuesta presentarán una querella formal.
Un grupo de destacados abogados dominicanos depositó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para exigir una investigación independiente sobre 47 muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos con la Policía Nacional. Los juristas cuestionan el uso del denominado código 29 y solicitan que se indague al director general de la institución del orden, así como a los agentes y fiscales involucrados en los casos.
Un grupo de abogados penalistas, encabezado por Cándido Simón, solicitó a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y al Ministerio Público una investigación independiente sobre 47 muertes ocurridas en 27 supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional en 45 días. Los juristas cuestionaron la falta de evidencias audiovisuales y advirtieron que el uso excesivo de la fuerza letal podría socavar la reforma policial.
Un grupo de abogados presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República contra la Policía Nacional, solicitando investigar 47 muertes de jóvenes ocurridas en un periodo de 42 días que las autoridades habrían presentado como intercambios de disparos. Los juristas piden esclarecer la responsabilidad penal de los agentes implicados y del director general de la institución, argumentando un incremento en la frecuencia de estos fallecimientos tras el cambio de mando policial.
Un grupo de destacados abogados dominicanos depositó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para exigir una investigación independiente sobre 47 muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos y actuaciones de la Policía Nacional. Los juristas reclaman que se esclarezcan las circunstancias de cada deceso, se indaguen posibles responsabilidades de los agentes y fiscales involucrados, y se evalúe la conducta del director general de la institución del orden.
Abogados penalistas depositan denuncia sobre muertes en supuestos intercambios de disparos.
Un grupo de siete abogados penalistas depositó una denuncia ante la Procuraduría General de la República para solicitar una investigación independiente sobre 47 muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos con la policía entre agosto y septiembre. Los juristas cuestionan las actuaciones de los agentes y señalan que no se puede actuar al margen de la ley ni asumir funciones que corresponden a los tribunales.
Durante el Foro de Seguridad Ciudadana y Actuación Policial organizado por la UASD, diversos juristas y abogados cuestionaron los denominados intercambios de disparos policiales que han dejado más de 65 personas muertas desde septiembre, señalando una supuesta falta de política criminal efectiva y la ausencia de pronunciamientos del Ministerio Público.
Un grupo de siete abogados encabezados por Carlos Balcácer depositó una instancia ante la Procuraduría General de la República para exigir una investigación independiente sobre 47 muertes de jóvenes durante operativos policiales recientes. Los juristas cuestionan los denominados intercambios de disparos y amenazan con querellarse contra el director de la Policía Nacional, a quien acusan de inducir los homicidios.
Un grupo de abogados presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para que se investigue el comportamiento antijurídico de la Policía Nacional en los operativos con supuestos intercambios de disparos. Los juristas cuestionaron la falta de acreditación de legítima defensa y advirtieron sobre ejecuciones extrajudiciales. Adicionalmente, el medio incluye una sección analizando el origen y significado de frases populares asociadas a estas muertes policiales.
Un grupo de abogados dominicanos interpuso una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República contra el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, acusándolo de inducir a los agentes a cometer homicidios mediante el uso de la denominada 'clave 29'. Los juristas sostienen que esta expresión fomenta ejecuciones extrajudiciales en operativos y advierten que, de no haber respuestas, presentarán una querella formal.
El abogado Cándido Simón solicitó a la procuradora general Yeni Berenice y a Wilson Camacho investigar las muertes por supuestos intercambios de disparos entre la policía y presuntos delincuentes, que suman 47 fallecidos entre agosto y octubre. Simón argumenta que esta práctica ilegal conocida como poner en 29 no da resultados y equivale a ejecuciones extrajudiciales. Por otro lado, el abogado Adolfo Serrano defiende la respuesta armada de la policía ante agresiones de antisociales.
Abogados solicitan a la Procuraduría investigar muertes ocurridas en supuestos intercambios de disparos con la Policía.
Abogados depositan denuncia ante la Procuraduría por muertes de civiles a manos de agentes policiales.
Un grupo de juristas solicitó a la Procuraduría General de la República investigar las muertes ocurridas en operativos policiales catalogados como intercambios de disparos. Los abogados cuestionaron que los agentes actúen como jueces y criticaron la falta de acreditación de legítima defensa. De manera paralela, la Procuraduría negó el acceso a estadísticas sobre estas muertes invocando reserva legal.
Las muertes violentas en supuestos intercambios de disparos con la Policia Nacional superan las dos docenas en las primeras semanas de octubre en Republica Dominicana, tras un mes de septiembre que registro 55 defunciones. Diversos medios reportan los operativos y el total de abatidos, mientras la Procuraduria General de la Republica rehusa entregar los registros globales alegando confidencialidad en las indagatorias penales.
Un grupo de abogados penalistas solicitó a la procuradora general adjunta Yeni Berenice Reynoso una investigación independiente sobre los presuntos intercambios de disparos entre la Policía Nacional y supuestos delincuentes. Los juristas documentaron 47 muertes en un período de 45 días, señalando que las cifras superan una muerte por día y cuestionando la versión oficial de los hechos.
Un grupo de abogados solicita a la Procuraduría General de la República investigar los supuestos intercambios de disparos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional. Los juristas denuncian que estas acciones ocurren sin la presencia de fiscales y advierten que presentarán una querella contra el director de la policía si no hay respuestas.
Un grupo de abogados depositó una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que se investiguen los supuestos intercambios de disparos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional, señalando directamente al director de la institución por presunta inducción al homicidio.
Un grupo de siete abogados depositó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para exigir una investigación sobre las muertes ocurridas en supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional. Los denunciantes sostienen que las autoridades policiales están promoviendo prácticas homicidas y solicitaron esclarecer el uso de la clave 29.
Un grupo de siete abogados presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para exigir la investigación de muertes ocurridas en supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional. Los juristas acusan al director de la institución de incitar homicidios mediante el uso de códigos y advierten que no se puede retornar a un estado salvaje donde la policía actúe al margen de la ley.
En este segmento del programa de radio, los conductores discuten la defensa del Estado de derecho y la Constitución dominicana, centrándose en el artículo 37 sobre el derecho a la vida y las recientes querellas presentadas por abogados contra muertes en supuestos intercambios de disparos policiales. Asimismo, abordan las declaraciones del jurista Carlos Salcedo y analizan las implicaciones del nuevo Código Penal respecto a la incitación a la violencia y al homicidio.
Juristas y académicos de la UASD cuestionaron las más de 65 muertes ocurridas en supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional desde septiembre, exigiendo una investigación al Ministerio Público.
Juristas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo exigieron al Ministerio Público investigar más de 65 muertes ocurridas en supuestos intercambios de disparos con la policía desde septiembre. Durante un foro sobre seguridad ciudadana, los abogados cuestionaron la actuación policial y la falta de pronunciamiento de las autoridades competentes. La nota fue redactada por Yanela Pimentel para el medio CDN.
Un grupo de destacados juristas dominicanos solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República una investigación independiente sobre 47 muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos durante los primeros días de la nueva gestión policial. Los abogados exigen la separación temporal del director de la Policía Nacional, fiscales y agentes del DICRIN involucrados para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.
En este programa de radio, los conductores conversan con el abogado penalista Cándido Simón sobre la reciente presentación de un grupo de juristas ante la Procuraduría General de la República para exigir una investigación independiente sobre los llamados 'intercambios de disparos' policiales. Se discuten temas como el uso de la fuerza, la falta de debido proceso para los sectores vulnerables, las estadísticas de homicidios atribuidos a la policía y las posibles consecuencias jurídicas para la cadena de mando.
El abogado penalista Cándido Simó cuestionó en el programa El Sol de la Tarde los denominados intercambios de disparos de la Policía Nacional y, junto a un grupo de juristas, solicitó a la Procuraduría General de la República una investigación independiente. Simó exigió que se esclarezca si las muertes fueron enfrentamientos reales o si constituyeron excesos policiales, además de cuestionar la falta de ejecución de órdenes de arresto previas contra los fallecidos.
