PRIMERO: RECHAZAR el incidente planteado por la adjudicataria razón social Transcore Latam, S.R.L., relativo a que se ordene el archivo de la solicitud de investigación presentada por las razones sociales Icontrolt, S.R.L., y Kapsch Trafficcom Dominican Republic, S.R.L., por ser notoriamente improcedente por exceder la competencia de investigación del Órgano Rector, debido a que la denuncia se fundamente en supuestas conductas a las que no se le aplica la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones; toda vez que contrario a lo alegado, sí le asisten competencias para verificar que los actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas cumplan las disposiciones del marco normativo vigente, tal y como se explicó en la presente Resolución. SEGUNDO: RECHAZAR el medio de inadmisión planteado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), relativo al vencimiento del plazo prefijado para la presentación de la solicitud de investigación interpuesta por las razones sociales Icontrolt, S.R.L., y Kapsch Trafficcom Dominican Republic, S.R.L., toda vez que se trata de una solicitud de investigación y la norma no establece fecha límite para la presentación de este tipo de acción, tal y como se explicó en la presente Resolución. TERCERO: RECHAZAR el medio de inadmisión planteado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), relativo a la falta de calidad e interés jurídicamente protegido de las razones sociales Icontrolt, S.R.L., y Kapsch Trafficcom Dominican Republic, S.R.L., para solicitar una investigación, toda vez que se trata de una denuncia presentada en atención a los artículos 71 y 72 de la Ley, por empresas que, al no haber presentado ofertas en el procedimiento ni apreciarse algún beneficio en su favor en el caso de que tengan mérito sus alegatos, cuentan con un interés simple en la contratación en cuestión y por tanto tienen calidad para solicitar investigación, tal y como se explicó en la presente Resolución. CUARTO: ACOGER en cuanto a la forma, la solicitud de investigación de las razones sociales Icontrolt, S.R.L., y Kapsch Trafficcom Dominican Republic, S.R.L., contra el procedimiento de Licitación Pública Nacional INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), para la “Contratación del Servicio de Modernización y Ampliación Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”, por haber sido interpuesta de acuerdo a las formalidades requeridas en la normativa. QUINTO: En cuanto al fondo de la solicitud de investigación presentada por las razones sociales Icontrolt, S.R.L., y Kapsch Trafficcom Dominican Republic, S.R.L.: i) ACOGER El pedimento de disponer una investigación exhaustiva al amparo de la normativa vigente y que regula la materia a fines de comprobar las violaciones cometidas en ocasión del procedimiento de referencia, lo cual queda satisfecho con la emisión de la presente Resolución y al haber llevado a cabo la investigación requerida, la cual está contenida en la presente decisión, conforme a lo expuesto en la presente Resolución. ii) En cuanto al pedimento de que se ordene la nulidad de todo el procedimiento de Licitación Pública Nacional INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, y del Acta de Adjudicación Núm. 0045-2023 de fecha 6 de mayo 2023, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, con todas sus consecuencias legales, REITERAR NULIDAD del pliego de condiciones y, por consiguiente, todo el procedimiento, incluida el acta de adjudicación, por violación al artículo 21 y a los principios de participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia contenidos en la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, tal cual fue decidida mediante la Resolución Ref. RIC-168-2023 de fecha 21 de noviembre de 2023, de esta Dirección General. SEXTO: DECLARA que, en atención al mérito de los planteamientos y alegaciones, así como del examen oficio del expediente administrativo de la Licitación Pública Nacional Núm. INRANT- CCC-LPN-2023-0001, este Órgano Rector, en el procedimiento de contratación indicado, identificó las siguientes irregularidades, inobservancias y violaciones al debido proceso: i. Violación a los artículos 16 y 20 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones y los principios de debido proceso y juridicidad contenidos en la Ley Núm. 107-13, tras comprobarse que en el contrato suscrito entre el INTRANT y la razón social Transcore Latam, S.R.L. se amplió el objeto del procedimiento de contratación al contemplarse la prestación del servicio de recaudación de los 305 controladores existentes en distintas intersecciones a nivel nacional, lo cual no fue estipulado en el pliego de condiciones y por tanto éste constituye una contratación directa dentro del referido contrato. ii.Violación al artículo 25 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones y al artículo 21 de la Ley Núm. 107-13, en razón de que si bien es cierto en el aspecto de diseño y diagrama general propuesto se ameritaba la elaboración de planos y documentación que podría considerarse de carácter confidencial, también es cierto que es deber de los peritos dejar constancia escrita de sus actuaciones al momento de evaluar las ofertas. Sin embargo, en el presente caso el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas de fecha 12 de mayo de 2023, se limita a indicar que la adjudicataria cumplió con el requisito y la puntuación máxima, sin hacer ninguna referencia a lo que se presume fue observado en este elemento de la oferta de la razón social Transcore Latam, S.R.L. iii.Violación al artículo 21 y los principios de participación, igualdad y libre competencia, proporcionalidad y razonabilidad contenidos en la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, tras comprobarse que la comisión evaluadora del INTRANT calificó como “cumple” la oferta de la razón social Trancore Latam, S.R.L. en el aspecto de documentación que demuestre nivel de facturación, para lo que se requería que el oferente presente “documentos que indiquen el nivel de facturan que ha tenido la empresa en el último año, certificados por la Entidad Contratante del país de origen” y, como ha sido evidenciado, la documentación que se presume presentó la adjudicataria en ese sentido se encuentra en idioma diferente al español, sin que se aprecie traducción de la misma, ni solicitud de subsanación ni certificación de la entidad contratante del país de origen. iv.Violación al principio de racionalidad contenido en la Ley Núm. 107-13, por cuanto se incluyeron en el pliego de condiciones requisitos excesivos, cuyo establecimiento no fue motivado ni fundamentado, mucho menos aclarado por el INTRANT en la etapa de aclaraciones y posterior circular de respuesta; también por hecho de que los peritos evaluaron las ofertas técnicas otorgando puntos a los oferentes y realizando recomendaciones no motivadas ni fundamentadas en la norma, ya que, en todo caso, les

PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de declaratoria de incompetencia planteada por el INTRANT en su escrito de defensa, que pretendía que el Órgano Rector no conociera el fondo de la presente denuncia, ya que, contrario a lo alegado, sí le asisten competencias para verificar que los actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas cumplan las disposiciones del marco normativo vigente, tal como ya fue establecido en la presente. SEGUNDO: RECHAZAR el incidente presentado por Transcore Latam, S.R.L., relativo a la solicitud de archivo de la denuncia sin examen al fondo, bajo el argumento de que la misma resultaba “notoriamente improcedente, debido a que la denuncia se fundamenta en unas supuestas conductas a la cual no se le aplica la referida Ley Núm. 340-06 y en cambio constituyen acciones que quedan bajo el amparo del control judicial por tanto, que excede la competencia de investigación del Órgano Rector”; ya que, sí le asisten competencias para verificar que los actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas cumplan las disposiciones del marco normativo vigente, tal como ya fue establecido en la presente. TERCERO: ACOGER en cuanto a la forma, la solicitud de investigación de realizada por Transcore, LP, por intermedio del señor Michael Mauritz, contra el procedimiento Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, llevado a cabo para la “Contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo”, por haber sido interpuesta de acuerdo con las formalidades requeridas en la normativa. CUARTO: ACOGER en cuanto al fondo la solicitud de investigación presentada por Transcore, LP, en el sentido de que el Órgano Rector investigue los hechos denunciados, lo cual queda satisfecho con la emisión de la presente Resolución y al haber llevado a cabo la investigación requerida, la cual está contenida en la presente decisión. QUINTO: DECLARAR que, en atención al mérito de los planteamientos y alegaciones denunciadas y las presentadas por las partes, así como del examen de oficio del expediente administrativo de la Licitación Pública Nacional Núm. INRANT-CCC-LPN-2023-0001, este Órgano Rector, en el procedimiento de contratación indicado, identificó las siguientes irregularidades, inobservancias y violaciones al debido proceso: i. Contradicción en el pliego de condiciones, al establecer, por un lado, que el idioma español es en el que deben presentarse todos los documentos y actos en el marco de la licitación y, por otro lado, disponer que el catálogo de equipos a ofertar por parte de los oferentes pueda presentarse en idioma inglés, con lo cual no se favorece una evaluación objetiva, y en violación a los principios de economía y flexibilidad, eficiencia, igualdad y libre competencia contenidos en el artículo 3, así como al artículo 20, ambos de la Ley Núm. 340- 06, y sus modificaciones, en tanto que los pliegos de condiciones deben contener reglas claras, evitar ambigüedad y contradicciones para favorecer la competencia, garantizar la evaluación objetiva de las propuestas y escoger la oferta en condiciones de eficiencia y transparencia. ii. Violación al debido proceso para emisión de enmiendas, debido a que se verificó que la enmienda 1 al pliego de condiciones, publicada en el Portal Transaccional y en el portal web del INTRANT, es un documento suscrito solo por el encargado del departamento de compras y contrataciones de esa institución, y no por el Comité de Compras y Contrataciones, por lo que su emisión es irregular, ya que el encargado de compras no tiene competencia para modificar el pliego de condiciones. En este caso, por tratarse de una licitación pública, el órgano responsable de emitir actas, aprobar o modificar el pliego de condiciones, aprobar informes de evaluación de ofertas, de adjudicación y de pronunciar la adjudicación lo es el Comité de Compras y Contrataciones, de conformidad con las disposiciones del artículo 25 del reglamento de aplicación de la Ley Núm. 340-06, aprobado mediante Decreto Núm. 543-12. Así también lo aclara el Manual de Procedimientos de Contratación Ordinaria15, que la autoridad responsable del procedimiento -que en este caso es el Comité de Compras- preparará las enmiendas, contando con el apoyo de los peritos asignados. Las enmiendas deben ser expedidas por medio de actos administrativos motivados, los cuales deberán ser notificados a todos los interesados y publicados en el SECP-Portal Transaccional por la unidad de compras. iii. Violación al artículo 21 de la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, por cuanto, se comprobó que el pliego de condiciones estableció que documentos de tipo credenciales eran no subsanables, cuando todo documento que acredite una condición preexistente del oferente puede ser subsanable. Igualmente, se evidenció que no se solicitó subsanar los documentos presentados en idioma inglés, lo cual era necesario para que los peritos pudieran validar sin interpretaciones subjetivas que la adjudicataria cumplía con los requisitos establecidos, en cambio se abocaron a calificar como CUMPLE, con la sola presentación de los documentos requeridos, sin ponderar ni validar su contenido en correspondencia con las reglas del pliego de condiciones. iv. Violación al debido proceso contenido en el artículo 25 de la Ley Núm. 340-06 y en los artículos 88 y 91 del reglamento de aplicación, aprobado mediante Decreto Núm. 543-12, ya que, en los informes de evaluación técnica, los peritos dispusieron la subsanación de la prueba de concepto drones y la capacidad técnica de la oferta de la adjudicataria, aun cuando eran aspectos no subsanables establecidos en el pliego de condiciones, por lo que no 15 Aprobado mediante la Resolución PNP-02-2023 de fecha 24 de enero de 2023 de esta Dirección General. debían requerir subsanación, cuando resulta una obviedad que esos aspectos no son subsanables porque constituyen la oferta técnica en su esencia, siendo que una subsanación a esos aspectos implicaría una mejora no admitida de la oferta. v. Violación al artículo 94 del reglamento de aplicación de la Ley Núm. 340-06, aprobado mediante Decreto Núm. 543-12, por comprobarse la falta de los peritos, al omitir en la etapa de evaluación técnica la validación de los documentos aportados por la adjudicataria, en especial, aquellos que alegadamente daban cuenta de su experiencia técnica y profesional, así como de los documentos que no vinculan ni guardan relación con la adjudicataria, es decir, que evaluaron sin validar, y en sus informes recomendaron subsanación de aspectos técnicos que no admiten correcciones porque implicaban una mejora de lo ofertado, siendo que dicha recomendación no se encuentra motivada ni fundamentada de conformidad con el debido proceso, por lo que se imponía al Comité de Compras rechazar esos informes, por no ajustarse al derecho. vi. Violación a los principios de razonabili

PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de declaratoria de incompetencia planteada por el INTRANT en su escrito de defensa, que pretendía que el Órgano Rector no conociera el fondo de la presente denuncia, ya que, contrario a lo alegado, sí le asisten competencias para verificar que los actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas cumplan las disposiciones del marco normativo vigente, para lo cual la Dirección General de Contrataciones Públicas, como Órgano Rector del sistema, puede llevar a cabo investigaciones de oficio, o a solicitud de parte, por aplicación inmediata de los artículos 36, 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, y, por tanto, le asisten facultades y atribuciones para adoptar las medidas que correspondan a la naturaleza de los hechos que sean comprobados. SEGUNDO: RECHAZAR el incidente presentado por Transcore Latam, S.R.L., relativo a la solicitud de archivo de la denuncia sin examen al fondo, basada en el argumento de que la misma resultaba “notoriamente improcedente, debido a que la denuncia se fundamenta en unas supuestas conductas a la cual no se le aplica la referida Ley Núm. 340-06 y en cambio constituyen acciones que quedan bajo el amparo del control judicial por tanto, que excede la competencia de investigación del Órgano Rector”; ya que sí le asisten competencias para verificar que los actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas cumplan las disposiciones del marco normativo vigente, para lo cual la Dirección General de Contrataciones Públicas puede llevar a cabo investigaciones de oficio, o a solicitud de parte, por aplicación inmediata de los artículos 36, 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, y, por tanto, le asisten facultades y atribuciones para adoptar las medidas que correspondan a la naturaleza de los hechos que sean comprobados. TERCERO: ACOGER, en cuanto a la forma, la solicitud de investigación presentada por el señor Ricardo Echandi y la razón social Sistemas Integrados de Control, S.A., (SICTRANSCORE LATINOAMERICA), en contra del procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para la “Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”, por haber sido presentada de conformidad con lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones. CUARTO: ACOGER, en cuanto al fondo de la solicitud de investigación contra del procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, el pedimento de los denunciantes de que se investigue el procedimiento y los puntos planteados en la solicitud de investigación, por lo que esta Dirección General da por satisfecho dicho pedimento, al haber llevado a cabo la investigación requerida, la cual está contenida en la presente decisión. QUINTO: DECLARAR que, en atención al mérito de los planteamientos y alegaciones denunciadas y las presentadas por las partes, así como del examen de oficio del expediente administrativo de la Licitación Pública Nacional Núm. INRANT-CCC-LPN-2023-0001, este Órgano Rector, en el procedimiento de contratación indicado, identificó las siguientes irregularidades, inobservancias y violaciones al debido proceso: i. Contradicción en el pliego de condiciones, al establecer, por un lado, que el idioma español es en el que deben presentarse todos los documentos y actos en el marco de la licitación y, por otro lado, disponer que el catálogo de equipos a ofertar por parte de los oferentes pueda presentarse en idioma inglés, con lo cual no se favorece una evaluación objetiva, y en violación a los principios de economía y flexibilidad, eficiencia, igualdad y libre competencia contenidos en el artículo 3, así como al artículo 20, ambos de la Ley Núm. 340- 06, y sus modificaciones, en tanto que los pliegos de condiciones deben contener reglas claras, evitar ambigüedad y contradicciones para favorecer la competencia, garantizar la evaluación objetiva de las propuestas y escoger la oferta en condiciones de eficiencia y transparencia. ii. Violación al debido proceso para emisión de enmiendas, debido a que se verificó que la enmienda 1 al pliego de condiciones, publicada en el Portal Transaccional y en el portal web del INTRANT, es un documento suscrito solo por el encargado del departamento de compras y contrataciones de esa institución, y no por el Comité de Compras y Contrataciones, por lo que su emisión es irregular, ya que el encargado de compras no tiene competencia para modificar el pliego de condiciones. En este caso, por tratarse de una licitación pública, el órgano responsable de emitir actas, aprobar o modificar el pliego de condiciones, aprobar informes de evaluación de ofertas, de adjudicación y de pronunciar la adjudicación lo es el Comité de Compras y Contrataciones, de conformidad con las disposiciones del artículo 25 del reglamento de aplicación de la Ley Núm. 340-06, aprobado mediante Decreto Núm. 543-12. Así también lo aclara el Manual de Procedimientos de Contratación Ordinaria22, que la autoridad responsable del procedimiento -que en este caso es el Comité de Compras- preparará las enmiendas, contando con el apoyo de los peritos asignados. Las enmiendas deben ser expedidas por medio de actos administrativos motivados, los cuales deberán ser notificados a todos los interesados y publicados en el SECP-Portal Transaccional por la unidad de compras. iii. Violación al artículo 21 de la Ley Núm. 340-06, y sus modificaciones, por cuanto, se comprobó que el pliego de condiciones estableció que documentos de tipo credenciales eran no subsanables, cuando todo documento que acredite una condición preexistente del oferente puede ser subsanable. Igualmente, se evidenció que no se solicitó subsanar los documentos presentados en idioma inglés, lo cual era necesario para que los peritos pudieran validar sin interpretaciones subjetivas que la adjudicataria cumplía con los requisitos establecidos, en cambio se abocaron a calificar como CUMPLE, con la sola presentación de los documentos requeridos, sin ponderar ni validar su contenido en correspondencia con las reglas del pliego de condiciones. iv. Violación al debido proceso contenido en el artículo 25 de la Ley Núm. 340-06 y en los artículos 88 y 91 del reglamento de aplicación, aprobado mediante Decreto Núm. 543-12, ya que, en los informes de evaluación técnica, los peritos dispusieron la subsanación de la prueba de concepto drones y la capacidad técnica de la oferta de la adjudicataria, aun cuando eran aspectos no subsanables establecidos en el pliego de condiciones, por lo que no debían requerir subsanación, cuando resulta una obviedad que esos aspectos no son subsanables porque constituyen la oferta técnica en su esencia, siendo que una subsanación a esos aspectos implicaría una mejora no admitida de la