Ciudadanos Contra La Corrupción (C3) es un movimiento cívico y medio digital de la República Dominicana, estructurado fundamentalmente en torno al activismo judicial. A nivel jurídico y corporativo, opera como una Asociación sin Fines de Lucro (ASFL). Su principal líder, propietario final y rostro público es el abogado Reemberto Pichardo Juan. A diferencia de los medios tradicionales, C3 no pertenece a ningún gran grupo mediático ni familia empresarial, operando de manera independiente a través de una red de profesionales del derecho y ciudadanos autoconvocados.
El financiamiento de C3 opera mediante un modelo de autogestión e independencia económica, sin vínculos ni contratos de pauta publicitaria con el Estado dominicano. Los integrantes de la organización subsidian gran parte del trabajo investigativo y de litigio mediante el ejercicio privado de su profesión. Adicionalmente, el medio genera ingresos complementarios a través de la monetización automatizada de su canal de YouTube, lo cual les permite sostener una línea editorial beligerante frente a las administraciones de turno.
Respecto a su formato y precisión, C3 ejerce un tipo de periodismo híbrido enfocado en la exégesis de documentos oficiales y expedientes judiciales, más que en la primicia de última hora. En lugar de someterse a verificaciones tradicionales, sus hallazgos son puestos a prueba directamente en los tribunales mediante querellas. Su labor de veeduría ha sido reconocida y validada por observatorios locales como Participación Ciudadana, entidad que ha documentado el rol de C3 en sometimientos contra altos funcionarios por desfalco y corrupción institucional.
La política de transparencia del medio se basa en la exposición pública directa: sus líderes revelan sus identidades, asumiendo personalmente la responsabilidad legal de todo el contenido emitido. No obstante, carecen de la infraestructura documental de los medios convencionales. No publican manuales de estilo, códigos de ética públicos, correcciones formales, ni mantienen una separación clara entre el análisis jurídico noticioso y la opinión basada en su fuerte militancia política.
El nivel de activismo de C3 ha generado intensas controversias y reacciones violentas. Destaca el atentado a tiros que sufrió Reemberto Pichardo en 2012, el cual la policía dominicana calificó como un atraco común, mientras que su familia denunció ante la OEA como un ataque político. Posteriormente, en 2025, el grupo enfrentó acusaciones de traición a la patria impulsadas por organizaciones nacionalistas, a raíz de que Pichardo logró una sentencia en el Tribunal Constitucional para ejecutar el otorgamiento de la nacionalidad a 32 ciudadanos de ascendencia haitiana.
