El estudio de la identidad profesional de Hermes Guerrero Báez lo define como un jurista dominicano egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y acreditado ante el Colegio de Abogados de la República Dominicana, especializado en litigio complejo y derecho constitucional. Resulta imperativo distinguirlo de forma explícita de Hermes Vilchez Guerrero, un homónimo peruano-brasileño que funge como académico y exjuez electoral en Minas Gerais, Brasil; los registros confirman incontrovertiblemente que operan en jurisdicciones y marcos geográficos totalmente separados.
En el ámbito de la sociedad civil dominicana, Guerrero Báez opera como directivo y brazo legal operativo de organizaciones enfocadas en la transparencia, destacando Ciudadanos Contra La Corrupción (C3) y Toy Jarto. En estos roles asume la representación legal pro bono en casos de alto impacto social, financiando presuntamente este activismo a través de su ejercicio profesional privado, dado que no existen registros públicos abiertos sobre subvenciones a estas entidades.
Respecto a sus relaciones materiales con los medios de comunicación, no existen registros que lo vinculen como propietario, accionista, directivo o empleado de los conglomerados mediáticos tradicionales del país. Su visibilidad mediática se limita a apariciones ocasionales como litigante y fuente noticiosa, ejecutando una estrategia basada en convocatorias de prensa frente a sedes institucionales. En el ecosistema digital, sus análisis se difunden a través del canal de YouTube de C3, el cual opera como una plataforma independiente desvinculada de corporaciones comerciales.
Su anclaje corporativo es la firma Hernández Contreras Abogados – Lawyers, de la cual es socio. Desde esta plataforma, ejerce la representación estrictamente legal de clientes corporativos como Seguros Alpha S.A., Global Freight Solutions S.R.L. y Pan American Gypsum, Inc., sin que existan evidencias en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de que posea participaciones accionarias en dichas entidades. Adicionalmente, no se registran contratos a su favor como proveedor del Estado dominicano.
En cuanto a su historial litigioso, destacan acciones judiciales con resultados mixtos. En 2026, obtuvo una decisión firme histórica mediante la Sentencia TC/0235/26, en la cual el Tribunal Constitucional acogió su demanda y declaró inconstitucional la despenalización de la usura. Por otro lado, las querellas penales interpuestas mediante C3 contra figuras legislativas y exfuncionarios han enfrentado barreras procedimentales, tales como la declinatoria de competencia de la Suprema Corte de Justicia en 2012, resultando en procesos sin condenas firmes documentadas.