Miembro de la red operativa
Este perfil documenta relaciones públicas. Una asociación no demuestra influencia sobre una cobertura concreta ni atribuye intenciones.
La trayectoria pública y profesional de Melvin Rafael Velázquez Then se divide entre su carrera inicial en las instituciones de seguridad del Estado y su posterior consolidación como abogado litigante y activista. Ingresó a la Policía Nacional Dominicana en 1995, donde alcanzó el rango de Capitán antes de ser separado de la institución en marzo de 2009. Tras su salida, obtuvo el exequátur para ejercer como abogado, especializándose en derecho administrativo, constitucional y litigio estratégico contra instituciones estatales. Para evitar confusiones, es imperativo establecer de forma explícita que su identidad no guarda relación con homónimos documentados en el extranjero, tales como un odontólogo radicado en Nueva York, un funcionario de aseo urbano en Maracaibo, Venezuela, o un deportista en Puerto Rico.
En el ámbito de la sociedad civil, Velázquez Then es reconocido públicamente por ser un integrante operativo y legal del movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción (C3). Desde esta plataforma, y en conjunto con otros juristas, formuló querellas penales y acciones legales de alto perfil contra figuras del poder político, incluyendo señalamientos por presunto soborno transnacional contra el exsenador Félix Bautista y objeciones legales contra exfuncionarios. Cabe destacar que los registros documentales indican que estos procesos impulsados desde C3 derivaron en archivos definitivos o debates mediáticos, sin que se hayan materializado en condenas penales firmes contra los acusados.
En la esfera corporativa privada, Velázquez Then posee intereses profesionales documentados como abogado representante de grandes contratistas del Estado. Actuó como defensa técnica de la Compañía de Limpieza Urbana, S.R.L. (COMLURSA) frente al Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE). La compañía mantenía un controvertido y multimillonario contrato para la recolección de residuos sólidos que fue rescindido unilateralmente por el cabildo durante una crisis sanitaria. En este proceso, Velázquez Then logró en enero de 2023 que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) declarara inadmisible un recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento en contra de la empresa. Paralelamente a esta labor corporativa, el abogado ejerce una práctica sistemática de auditoría cívica y extracción de datos mediante oficinas de Libre Acceso a la Información en entidades como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y cabildos locales, aunque se desconoce públicamente el uso final de estos volúmenes de información.
En cuanto a sus relaciones materiales con el ecosistema de medios de comunicación dominicanos, los registros públicos y corporativos no evidencian que Velázquez Then posea propiedad, participaciones accionarias, puestos directivos o empleos formales en ningún medio (impreso, televisivo, radial o digital). Su vinculación se enmarca en una alianza táctica como litigante ocasional que interactúa con la prensa. En sus procesos, Velázquez Then utiliza reportajes y entrevistas de investigación periodística como elementos probatorios ante los tribunales, al mismo tiempo que sus acciones constitucionales y penales generan una cobertura noticiosa recurrente en medios de alcance nacional, tales como Acento y Diario Libre.
Finalmente, su historial público está marcado por un volumen excepcional de acciones constitucionales, destacándose su propia batalla legal contra el Poder Ejecutivo por la falta de un decreto que justificara su cancelación policial en 2009. Tras ganar un recurso de revisión (Sentencia TC/0050/14) que ordenó al Estado entregar la documentación, se certificó que dicho decreto no existía en los archivos del gobierno. Esto derivó en un largo proceso por el cobro de astreinte (multas) contra el Estado, del cual no hay constancia pública de pago efectivo. Recientemente, durante el período 2023-2025, ha continuado interponiendo acciones constitucionales y de amparo contra entidades como el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el Consejo del Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General de la República.
Es abogado en ejercicio y ex capitán de la Policía Nacional de la República Dominicana, desvinculado de la institución en 2009.
Forma parte de la red operativa y jurídica del movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), responsable de impulsar querellas por presunta corrupción contra altos exfuncionarios; procesos que no resultaron en condenas firmes.
Actuó como abogado defensor de la Compañía de Limpieza Urbana, S.R.L. (COMLURSA) en un litigio contractual multimillonario por la recolección de basura contra el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, obteniendo un fallo favorable en el TSA en 2023.
No posee propiedad corporativa, participación accionaria, dirección editorial ni vínculos de empleo formal comprobables con medios de comunicación en el país.
Mantiene una constante actividad litigiosa en altas cortes, destacándose la Sentencia TC/0050/14 sobre el hábeas data relativo a su propia cancelación policial al no existir el decreto presidencial correspondiente.
Realiza requerimientos sistemáticos de expedientes, contratos y nóminas a través de portales de transparencia pública en diversas entidades gubernamentales, como la DGII y ayuntamientos locales.
Existen homónimos públicos en Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela que no guardan relación con su identidad.
Miembro de la red operativa · Independiente
Abogado que integra la red operativa y acompaña a la cúpula de profesionales en la dirección de las acciones del movimiento civil y medio C3.Fuente: acento.com.do · investigación del 14 jul 2026Si algo de este perfil te parece incorrecto o publica un dato privado, avísanos. Revisamos cada reporte y, si corregimos algo, la corrección se publica en este perfil con su fecha.