La justicia venezolana concedió la libertad plena y cerró el caso definitivo contra la jueza María Lourdes Afiuni.

Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 tras otorgar libertad bajo fianza a un banquero.

El entonces presidente Hugo Chávez solicitó públicamente que se le impusiera la pena máxima de 30 años de prisión.

En 2019 fue condenada a cinco años de cárcel por el cargo de «corrupción espiritual», admitiendo la fiscalía que no hubo beneficio económico.

Hasta esta resolución, Afiuni se encontraba bajo libertad condicional con prohibición de hablar con la prensa, usar redes sociales, votar y salir del país.

Su familia y representantes legales afirmaron que el cierre del caso marca el fin de un proceso de violaciones a los derechos humanos, pero que no borra el sufrimiento vivido.

La liberación ocurre en un contexto de excarcelaciones de presos políticos y negociaciones tras la captura de Nicolás Maduro en enero.