Comparando cómo la contó cada medio.
El Gobierno de Estados Unidos busca contratar a una empresa privada para rastrear y cobrar multas a migrantes deportados.
El esfuerzo de localización se centrará, como mínimo, en México, Guatemala y Honduras.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) calcula que unos 66,387 inmigrantes expulsados tienen multas pendientes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimó una deuda acumulada por multas migratorias de 423 millones de dólares.
La sanción diaria por incumplir una orden de expulsión asciende a 998 dólares tras los ajustes por inflación.
La empresa contratada deberá demostrar con pruebas, como facturas o fotografías, que encontró a la persona correcta.
Encuadre descriptivo e informativo que destaca la acción del gobierno estadounidense de buscar a migrantes en el extranjero para cobrar deudas.
Sin lenguaje cargado destacado
Menciona el crédito fotográfico y la descripción de la imagen de archivo proporcionada por EFE sobre migrantes en la garita de El Chaparral.
Sin omisiones destacadas
Encuadre idéntico al de El Nuevo Diario, centrado objetivamente en el anuncio de Estados Unidos sobre las multas migratorias extraterritoriales.
Sin lenguaje cargado destacado
Sin afirmaciones exclusivas detectadas
Omite las descripciones del material de archivo fotográfico de agencias de noticias que sí aparece al inicio de la nota del otro medio.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump busca contratar una empresa privada para localizar y cobrar multas migratorias a personas deportadas en México, Guatemala y Honduras. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estima que existen más de 66,000 deudores con deudas acumuladas que superan los 423 millones de dólares. La iniciativa pretende ampliar la capacidad de cobro fuera de las fronteras de Estados Unidos mediante la contratación de agencias especializadas.
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El Gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos busca contratar a una empresa privada para localizar en México, Guatemala y Honduras a migrantes deportados con el fin de cobrarles multas migratorias pendientes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estima que existen unos 423 millones de dólares en multas sin pagar correspondientes a más de 66,000 inmigrantes expulsados. La medida extiende la capacidad de cobro fuera de las fronteras estadounidenses utilizando empresas de cobranza internacional.
