La modificación de la Ley 136-03 busca adaptar el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a la realidad tecnológica, social y constitucional actual.

El proceso de actualización normativa es impulsado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Ministerio de la Presidencia (MINPRE).

Los tres ejes fundamentales de la reforma son: reestructuración de la justicia penal juvenil (incluyendo delitos digitales), desinstitucionalización priorizando familias de acogida, y la prohibición explícita del castigo físico.

La propuesta de erradicar legalmente el castigo físico ha generado polarización entre sectores conservadores y defensores de los derechos humanos.