Enfoca su titular y narrativa en el argumento central de los demandantes: la alerta de que la legislación permitiría practicar abortos sin el consentimiento de la mujer.
“vulnera la Constitución” · “retroceso” · “violencia institucional” · “malas prácticas médicas”
Los accionantes citan la sentencia I.V. vs. Bolivia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Recomendación General núm. 35 del CEDAW. · Señalan la legislación de Ecuador como un modelo comparativo que exime de responsabilidad penal solo si hay consentimiento explícito. · Aseguran reiterativamente que la acción no busca despenalizar el aborto.
Omite detallar los nombres específicos de las organizaciones y personas accionantes. · Omite mencionar que el recurso solicita también la nulidad de las disposiciones que mantienen la penalización del aborto consentido.






