Combina la petición institucional de la AIRD con un enfoque de urgencia, advirtiendo a las empresas sobre la necesidad inminente de reforzar sus medidas de cumplimiento antes de que la ley entre en vigor.
“necesidad ineludible” · “consecuencias legales, económicas y reputacionales devastadoras” · “el tiempo apremia” · “riesgos innecesarios”
La responsabilidad penal corporativa no desaparecerá con la disolución de la empresa ni con la transferencia de sus activos. · Los programas actuales de prevención de lavado de activos no son suficientes para las nuevas exigencias legales. · Las empresas cuentan con solo pocas semanas, hasta agosto, para implementar estos programas de cumplimiento normativo.
No menciona los nombres de los legisladores (Wandy Batista y María Mercedes Ortiz) que encabezan la comisión bicameral.
