Encuadra la inasistencia a los debates presidenciales como una amenaza institucional, argumentando que el pragmatismo de proteger una ventaja electoral vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada.
“declaración política sin palabras” · “miedo al cuestionamiento” · “arrogancia frente al electorado” · “erosiona el avance democrático”
En junio de 2024, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto para obligar a realizar debates a partir de 2028.
Menciones a los resultados de las encuestas más recientes sobre la intención de voto o los candidatos punteros para 2028.








