Mícalo Esteban Bermúdez García es un empresario, economista y administrador dominicano nacido en 1967. Para precisar su identidad corporativa, es indispensable distinguirlo de su padre, el fallecido escultor y combatiente Marcelo Bermúdez, y de su hijo, el atleta ecuestre Mícalo de Jesús Bermúdez Hernández. Profesionalmente, ha estructurado un conglomerado corporativo que abarca infraestructura pública y la propiedad de medios de comunicación, complementado con un perfil público vinculado históricamente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), bajo cuya administración fue designado Cónsul Honorario de Panamá en Santiago mediante el Decreto 912-09 en el año 2009.

En el ámbito mediático, su participación más relevante se documenta en la Editora Listín Diario, C. por A. En agosto de 2010, Bermúdez integró un consorcio de empresarios de capital nacional (junto a las familias Corripio, Vicini y Rizek) que adquirió el control accionario del periódico Listín Diario por un monto de US$38.5 millones, asumiendo deudas estructurales reestructuradas ante el Banco Central. Es fundamental establecer que Bermúdez funge estrictamente como inversionista minoritario y miembro del consejo de accionistas, sin que existan registros de su intervención en la dirección editorial o en las operaciones periodísticas diarias. Adicionalmente, mantiene relaciones comerciales de copatrocinio con el Grupo Corripio y televisoras nacionales para la transmisión de eventos deportivos que promueve.

Su principal vínculo con la contratación estatal se ejerce a través de Constructora MAR, S.R.L., de la cual es propietario mayoritario. Esta empresa mantiene una activa cartera de obras públicas recientes, incluyendo contratos de pavimentación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por más de RD$127 millones en 2024 y la construcción del ala de trauma del Hospital Regional Luis L. Bogaert adjudicada por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVHED). Asimismo, entre 2022 y 2024, la empresa superó habilitaciones de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) para integrar consorcios adjudicatarios en fideicomisos estratégicos, tales como el desarrollo hotelero en Cabo Rojo, Pedernales, y el diseño de la Autopista del Ámbar.

La intersección entre su actividad empresarial y sus vínculos políticos ha sido objeto de escrutinio público e institucional. En 2012, investigaciones periodísticas señalaron que Constructora MAR mantenía financiamientos superiores a los RD$2,135 millones con el Banco de Reservas mientras Bermúdez era vicepresidente de su Consejo de Directores; frente a estas denuncias sobre presunto conflicto de interés, el empresario argumentó que se inhibía formalmente en las sesiones donde se trataban temas de sus empresas. Por otro lado, respecto a la adjudicación de múltiples contratos millonarios por parte de la extinta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) entre 2004 y 2010, Bermúdez desmintió categóricamente cualquier sociedad oculta con el entonces director Félix Bautista, defendiendo la legitimidad corporativa de sus contrataciones directas.

En el ámbito internacional, Constructora MAR fue mencionada en noviembre de 2018 en una orden judicial de congelamiento de cuentas emitida por un fiscal de Puerto Príncipe, Haití, durante una investigación sobre el desvío de fondos de Petrocaribe. Ante esta acción, la empresa emitió un desmentido firme y concluyente, aclarando que no poseía operaciones, obras ni vínculos contractuales en territorio haitiano. Atribuyó la mención de la compañía a un error material o desinformación por parte de las autoridades del país vecino, sin que se hayan documentado procesos judiciales firmes en su contra derivados de este incidente.