Margarita Cordero

La identidad legal de la persona investigada corresponde a Cleotilde Margarita Cordero Guerrero (nacida en 1946), quien opera públicamente como Margarita Cordero. Para asegurar la precisión del perfil, se han identificado y descartado múltiples homónimos en registros internacionales (como en Puerto Rico, México y Ecuador) que no guardan relación con el sujeto. Educada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su trayectoria entrelaza el ejercicio periodístico con el activismo feminista y la defensa de los derechos civiles. En el ámbito gremial, fue fundadora y secretaria general (1981) del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP) y editora en el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF). Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo (2015) y el Caonabo de Oro (2013).

En sus más de cuatro décadas en los medios de comunicación dominicanos, Cordero se ha desempeñado predominantemente como empleada de confianza, ejecutiva editorial y directora, sin que existan registros públicos de propiedad de capital corporativo mediático a su nombre. Inició su carrera como reportera en emisoras como Radio Cristal y Radio Comercial. En televisión, se consolidó como comentarista del programa Uno + Uno en Teleantillas (1987-2000). En la prensa escrita tradicional, ejerció como jefa de redacción y directora ejecutiva de la Revista Rumbo (1997-2000), para posteriormente ocupar posiciones como asistente del director y subdirectora en el periódico Diario Libre, si bien los registros carecen de fechas precisas para este último cargo.

Su vinculación en la era digital estuvo definida por ser cofundadora y primera directora del portal informativo 7días.com.do, el cual inició operaciones en 2007. La propiedad corporativa de este medio no pertenecía a Cordero, sino al empresario José Ramón Brea a través de la empresa Grupo de Comunicación 7D GC7D, SRL. Cordero dirigió el medio hasta el 1 de septiembre de 2015, fecha en que anunció su renuncia argumentando motivos personales. Tras el cese de operaciones del portal web en 2018, la periodista redactó el editorial de despedida a solicitud del propietario. Desde 2019, no existen evidencias de nuevas posiciones ejecutivas en medios, concentrando su labor en proyectos literarios y consultorías independientes.

En el ámbito del sector público y regulatorio, Cordero fue designada el 16 de agosto de 2000, mediante el Decreto del Poder Ejecutivo No. 447-00, como Miembro del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). Con el mandato de velar por los derechos de los usuarios, participó activamente y firmó múltiples resoluciones regulatorias entre 2000 y 2004, las cuales abarcaron asignaciones de espectro radioeléctrico, renegociaciones de deuda y la conformación de proyectos de tele-educación. En cuanto a sus posturas político-cívicas, en 2012 suscribió un pacto con el movimiento Ciudadanos por la Democracia para exigir transparencia institucional.

Respecto a intereses materiales con el Estado, se encuentra registrada formalmente como proveedora estatal bajo la modalidad de Persona Física. En julio de 2021, obtuvo un contrato con el Ministerio de la Mujer mediante un proceso de excepción por proveedor único (Expediente MMUJER-CCC-PEPU-2021-0008) por un monto adjudicado de DOP 1,740,000.00. El objeto de dicho contrato fue la redacción de biografías de las galardonadas con la Medalla al Mérito y la investigación para el libro 'Mamá Tingó: la Resistencia Campesina', obra que fue entregada y publicada oficialmente en noviembre de ese mismo año.

El historial público de Margarita Cordero no presenta condenas penales ni sanciones regulatorias firmes en su contra. Sus litigios documentados la posicionan como accionante en defensa de la labor periodística. En 2009, interpuso y ganó un recurso de amparo constitucional contra el entonces senador Alejandro Williams. El fallo ordenó al legislador cesar cualquier acción orientada a desvelar las fuentes periodísticas de una investigación sobre un presunto fraude al sistema Medicare en Estados Unidos. Asimismo, en 2012, Cordero desmintió públicamente alegaciones del entonces embajador Víctor Grimaldi, quien la acusó de estar vinculada a la interceptación ilegal de los correos electrónicos de la Primera Dama, un señalamiento que no prosperó en los tribunales como proceso penal.