Para garantizar la precisión de este perfil, es indispensable descartar a diversas personas homónimas que figuran en nóminas estatales e internacionales, tales como empleadas en Indotel (2012), Ministerio de Cultura (2024), ITSC (2024), MINERD, la Alcaldía de Santo Domingo Norte (2017) y una ciudadana mexicana beneficiaria de programas agrícolas. Descartados estos casos, la trayectoria documentada de Altagracia Salazar inicia tras su formación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Desde sus inicios, combinó el ejercicio periodístico con el activismo territorial, destacándose su labor de capacitación mediática a organizaciones de base como el Movimiento Campesino Independiente (MCI) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), con quienes produjo 11 programas radiales. En reconocimiento a sus aportes cívicos de cuatro décadas, se pautó la entrega del New York State Citation por parte del asambleísta George Álvarez en julio de 2026.
Durante su etapa en los medios de comunicación corporativos tradicionales, Salazar ocupó roles sustanciales y de dirección informativa. Fue reportera en El Nuevo Diario, Radio Mil y RTVD; fungió como productora, conductora y jefa de redacción en Teleantillas; y escaló a posiciones ejecutivas o de jefatura de redacción en Telecentro, Super Canal 33 y RNN Canal 27. Asimismo, se desempeñó como productora crítica en la emisora La Z 101 y fue conductora principal en el espacio 'Enfoque Matinal' de la cadena CDN Canal 37.
Su relación laboral con las estructuras mediáticas corporativas se fracturó severamente entre 2017 y 2018. Salazar reportó públicamente haber perdido cuatro empleos en un lapso de siete meses (incluyendo sus participaciones en CDN, Teleantillas y La Z 101), atribuyendo sus desvinculaciones a presiones políticas ejercidas sobre los propietarios de los medios. Tras su salida definitiva de CDN el 3 de agosto de 2018 por desacuerdos editoriales, Salazar transitó hacia un modelo de autogestión absoluta. En la actualidad, ejerce como Propietaria, Presidenta Ejecutiva y Conductora de sus plataformas digitales, principalmente 'Sin Maquillaje' (programa de análisis político diario sostenido mediante suscripciones de Patreon) y 'El Patio con Altagracia' (espacio de formato misceláneo iniciado en 2020).
En el ámbito de las relaciones comerciales y contrataciones estatales, Salazar figura inscrita como proveedora activa en el Registro de Proveedores del Estado (RPE 33497) desde el 5 de marzo de 2015 en el rubro de 'Publicidad'. No se registran auditorías, señalamientos ni adjudicaciones de obras masivas a su favor; su inscripción corresponde al modelo habitual para la colocación de pautas publicitarias institucionales. Simultáneamente, presta servicios como moderadora y consultora técnica para entidades de la sociedad civil como Participación Ciudadana y REDOMIF, y organismos internacionales (como autora del capítulo dominicano para una guía de acceso a la información de la Unión Europea en 2026). Por otro lado, aunque registros corporativos muestran la existencia de una empresa llamada 'EL PATIO RENT A CAR SRL', la evidencia pública es insuficiente para confirmar un nexo societario entre esta empresa de alquiler de vehículos y la periodista, tratándose presumiblemente de una coincidencia nominativa que se descarta en este informe.
El registro público documenta episodios donde ha enfrentado litigios o ataques derivados de su labor informativa. En el expediente oficial de la 'Operación Medusa' depositado en 2022, el Ministerio Público identificó a Salazar como víctima de una red de espionaje y ciberacoso orquestada con fondos públicos desde la Procuraduría General. En un evento separado, en mayo de 2025, Salazar y otros comunicadores interpusieron querellas penales activas (proceso abierto) por difamación contra múltiples individuos que divulgaron campañas falsas acusándola de recibir sobornos de la USAID. Finalmente, con respecto a querellas en su contra, un proceso penal interpuesto por el sacerdote Manuel Antonio Ruiz en 2015 por presunta difamación concluyó con una decisión judicial firme en marzo de 2016, mediante la cual un tribunal declaró la acusación inadmisible, exonerando a Salazar de toda responsabilidad penal.