Se enfoca exclusivamente en la postura institucional del centro de salud, destacando su defensa legal, apelación al debido proceso y victimización frente a las acusaciones.
“rechazamos categóricamente” · “cualquier forma de atropello o violencia” · “mística de trabajo y buen servicio”
Existen procesos judiciales en curso con reclamaciones económicas superiores a RD$100 millones.
Omite los reclamos específicos de la bioanalista sobre el desalojo, la retención de sus equipos y su refugio en una casa de acogida. · Omite los nombres de los directivos del centro señalados por la denunciante (Huáscar Suero e Iris Alcántara).



