Enfoca el titular y la cobertura en las advertencias de índole legal y las posibles sanciones para las instituciones de educación superior.
“actuación irregular” · “cambiar las reglas al final del camino” · “vulnerar la seguridad jurídica”
Las universidades podrían enfrentar demandas civiles por daños y perjuicios, así como recursos de amparo por parte de los afectados. · Se registraron denuncias de un grupo de alumnos de término en mayo de 2025. · Se consultaron a abogados independientes (Noemí Cabrera y Robinson Reyes) que fundamentan la defensa estudiantil en la Ley 139-01 y el artículo 63 de la Constitución.
El nombre específico de la materia que detonó la controversia actual (Educación Constitucional). · La mención a la Resolución 19-23 del CONESCYT que regula dicha asignatura.




