Enfoca su análisis en el impacto de las normativas vigentes sobre los derechos constitucionales individuales, argumentando contra los excesos del poder punitivo y regulatorio del Estado en materia de propiedad y proceso penal.
“vació de contenido económico” · “expropiación de facto” · “despojo económico sin abrir el cauce indemnizatorio” · “profundamente democrática”
La Constitución del 2010 y la Ley de Áreas Protegidas generaron una expropiación de facto que obliga al Estado dominicano a compensar a los propietarios preexistentes. · En los últimos doce años, los tribunales dominicanos acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal. · Excepcionar los casos de presunta corrupción administrativa de la extinción de la acción penal violaría el principio de igualdad.
No aborda las controversias sobre la 'Ley Mordaza' ni advierte sobre riesgos macro-institucionales o discursos antisistema en el país.
