Ricardo Rojas León es un jurista, académico y periodista dominicano, reconocido por su doble perfil como experto en derecho constitucional y gestor de medios administrados por el Estado. Es Doctor en Derecho con maestrías por la UCLM, PUCMM y la Universidad de Alicante, ejerciendo la docencia en las escuelas del Ministerio Público, la Judicatura y la PUCMM. Cabe destacar que, de acuerdo con los registros analizados, no tiene vinculación alguna con un fiscal peruano homónimo que ha enfrentado investigaciones en dicho país; el ejercicio público e institucional del Rojas León dominicano se circunscribe estrictamente a su país y a foros académicos.
En el ámbito institucional, Rojas León ocupa una posición de alta jerarquía como miembro de la Junta Monetaria, el órgano rector del sistema financiero nacional. Su permanencia en esta entidad ha trascendido distintas administraciones gubernamentales, siendo ratificado en su cargo mediante decretos presidenciales por los gobiernos de Danilo Medina (2018) y Luis Abinader (2020 y 2022). Además, posee una trayectoria histórica de más de 25 años vinculada al Banco Central, donde llegó a desempeñarse como Asesor Ejecutivo de la Gobernación.
Su vinculación material más relevante con la industria mediática es su posición como director general del Grupo de Medios RNN (Canal 27), que opera bajo la razón social OBI TV, SRL. Es imperativo precisar que Rojas León ejerce la dirección editorial y gerencial de este canal, pero no ostenta su propiedad patrimonial. RNN es una entidad mediática administrada fiduciariamente por el Banco Central de la República Dominicana desde el rescate derivado del colapso del Banco Intercontinental (Baninter) en 2003, operando fundamentalmente como un activo del Estado.
Bajo esta administración estatal delegada, la empresa OBI TV, SRL participa activamente como proveedora gubernamental. Los registros de compras públicas evidencian múltiples adjudicaciones directas otorgadas al medio de comunicación por distintas dependencias estatales mediante el mecanismo de 'compras por excepción'. Entre estos acuerdos documentados destaca una contratación del Ministerio de Educación (MINERD) por RD$55,000,000.00 para la difusión de contenidos educativos a distancia durante el periodo 2020-2021, así como diversos pagos por servicios regulares de publicidad emitidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la CAASD.
El historial público de Rojas León no presenta sentencias, procesos penales ni sanciones por corrupción. En la esfera del debate civil, ha sido un activo defensor del nuevo Código Penal (Ley 74-25), refutando los señalamientos de diversos gremios periodísticos que calificaron ciertos artículos de la normativa como una 'Ley Mordaza'. Argumentó que las penalidades sobre difamación e injuria por plataformas digitales son necesarias frente a una supuesta 'industria de la extorsión' y no limitan el periodismo riguroso. Derivado de sus posturas y perfil técnico, el Poder Ejecutivo lo integró mediante el Decreto 507-26 a la comisión oficial de seguimiento responsable de proponer modificaciones o evaluaciones posteriores a dicha legislación.