Al investigar el nombre 'Manuel Arturo Pellerano' en los registros dominicanos, es imperativo distinguir entre dos figuras familiares. Manuel Arturo Pellerano Peña fue el fundador, presidente y principal accionista del Grupo Diario Libre y su matriz Omnimedia, además de expresidente de entidades como Bancrédito y Tricom. Por su parte, su hijo, Manuel Arturo Pellerano García, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de dichas empresas de medios y aparece en registros de 2016 del Departamento de Estado de Estados Unidos como personal diplomático de la República Dominicana en Washington.
La incursión de Pellerano Peña en los medios se materializó en mayo de 2001 con la fundación de Diario Libre, un innovador modelo de prensa escrita de distribución gratuita que alcanzó un alto nivel de circulación nacional. El conglomerado mediático se expandió para incluir el canal ONTV, Diario Libre Metro y un portafolio de revistas especializadas (Mujer Única, Estilos y Hábitat). Esta relación material y de propiedad con los medios culminó de manera definitiva y documentada el 24 de julio de 2023, cuando el Grupo Puntacana adquirió el 100% de las acciones del Grupo Diario Libre y Omnimedia, desvinculando a la familia Pellerano de la propiedad del sector periodístico.
Durante su periodo de gestión, las empresas mediáticas de la familia Pellerano mantuvieron vínculos comerciales documentados con el Estado dominicano, operando como proveedores de servicios de publicidad institucional. Los registros transaccionales y actas de compras públicas del Poder Judicial evidencian múltiples adjudicaciones a favor del Grupo Diario Libre entre 2021 y 2023. Estas contrataciones estatales incluyen adjudicaciones por montos de RD$79,084.54 en enero de 2022, RD$112,977.92 en agosto de 2022, y RD$16,946.69 en abril de 2023, reflejando un flujo sostenido de facturación con entidades gubernamentales.
El perfil público de Pellerano Peña está fuertemente marcado por el proceso judicial derivado del colapso del Banco Nacional de Crédito (Bancrédito) en 2003, que requirió una intervención estatal superior a los 20,000 millones de pesos. Las autoridades acusaron a los ejecutivos del banco de fraude societario y mantenimiento de contabilidad paralela. Aunque Pellerano Peña siempre alegó inocencia y argumentó ser víctima de una persecución de la Autoridad Monetaria, fue condenado en 2008 a ocho años de prisión por la Corte de Apelación, decisión ratificada por la Suprema Corte de Justicia, resultando en un encarcelamiento de casi cuatro años. Además, producto de los acuerdos de pago derivados del caso en 2010, se vio forzado a entregar temporalmente el 100% de las acciones de Omnimedia en calidad de pignoración o garantía legal ante el Banco Central.
La resolución final y firme del caso penal Bancrédito ocurrió en el año 2012. La defensa de Pellerano interpuso un recurso de revisión presentando como nueva prueba una certificación de la firma auditora internacional KPMG, en la cual negaba haber emitido el informe financiero de 2004 utilizado como prueba principal para la condena inicial. Tras valorar esta evidencia, en julio de 2012 la Suprema Corte de Justicia suspendió la condena, ordenó su libertad bajo fianza y dispuso un nuevo juicio. Finalmente, el 5 de septiembre de 2012, la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió una decisión firme que declaró extinguido el proceso penal debido a la falta de acción y retiro de los cargos por parte del Ministerio Público y los querellantes.