Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez

Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido públicamente como 'Ángel Martínez' o 'El Detective', es un creador de contenido y comunicador digital de origen dominicano. Se autodescribe como periodista e investigador, y figura como creador, figura principal y conductor de su plataforma homónima en YouTube, 'Detective Ángel', activa desde 2015. Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional de República Dominicana lo han identificado legal y expresamente como comunicador en sus actas procesales. En el curso de esta investigación se descartaron asociaciones directas con registros de homónimos que carecen de vínculo material, tales como un beisbolista nacido en 2002, un capitán policial de nombre similar y múltiples sociedades registradas en Florida a nombre de terceros que comparten su primer nombre y apellido.

La investigación material comprobada sobre sus relaciones mediáticas concluye que Martínez ejerce un control editorial personal sobre el canal 'Detective Ángel', si bien no se ha corroborado mediante registros mercantiles la existencia legal o propiedad exclusiva de la entidad 'MP Investigations Media Group', a la cual él atribuye la operación del medio. Fuera de su plataforma, se documentó una colaboración recurrente durante 2025 en Tribuna TV Podcast y espacios vinculados a RNN Canal 27, así como apariciones ocasionales como invitado en otras plataformas digitales. No se halló evidencia de propiedad, empleo formal ni dirección en periódicos, estaciones de radio o televisoras abiertas dominicanas, ni sociedad comercial comprobada con la comunicadora Ingrid Jorge, con quien solo comparte la calidad de coimputado en un proceso judicial.

Sus intereses económicos y profesionales públicos incluyen la comercialización de libros sobre narcotráfico e investigación, los cuales promociona activamente en su canal. Históricamente se reportó su vínculo con agencias de investigación privada en Florida y República Dominicana (como Martínez Investigations Inc.), pero la evidencia oficial y periodística presenta contradicciones sobre la vigencia de sus licencias y acreditaciones profesionales al 16 de julio de 2026. Asimismo, pese a atribuirse experiencia laboral directa en agencias federales estadounidenses, la DEA desmintió formalmente que Martínez haya sido empleado de dicha entidad o de otras oficinas del Departamento de Justicia. Por otro lado, no registra cargos políticos formales ni contratos adjudicados con el Estado dominicano según las bases de datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

La actividad editorial de Martínez ha generado múltiples hechos documentados en el ámbito judicial dominicano por presunta difamación y delitos cibernéticos. Durante mayo de 2026, el comunicador recibió dos sentencias condenatorias en primera instancia: una promovida por el legislador Sergio Moya, que resultó en tres meses de prisión suspendida y sanción económica, y otra interpuesta por Milagros De Camps, que derivó en seis meses de prisión. Sin embargo, ambas sentencias estaban sujetas a revisión superior u opciones de apelación documentadas hasta julio de 2026, por lo que no representan decisiones irrevocables. Paralelamente, en mayo de 2026 se dictó un auto de apertura a juicio de fondo por una querella por difamación promovida por Faride Raful, manteniendo dicho proceso penal abierto.

Finalmente, se evidencian litigios cerrados mediante fórmulas de retractación o desistimiento. Entre ellos destaca una acusación por presunta extorsión, chantaje y difamación interpuesta por la familia de Arnulfo de Jesús Gutiérrez, la cual concluyó sin condenas penales en marzo de 2026 tras una disculpa pública de Martínez en la que reconoció haber divulgado información inexacta. Previamente, un caso de difamación interpuesto por Guido Gómez Mazara fue cerrado en 2024 bajo condiciones parecidas de retractación, aunque una falla técnica en los sistemas al no retirar la antigua orden de rebeldía vinculada a ese expediente motivó su arresto temporal en Puerto Plata en mayo de 2025. Otras alegaciones difundidas en medios sobre supuestas campañas de descrédito por encargo carecen de una formulación oficial o sentencia que permita validarlas como hechos probados.