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El Barrio mal llamado "informal"
El artículo analiza críticamente el uso de términos como "barrio informal" o "ilegal", argumentando que desvían la responsabilidad del Estado hacia las familias y ocultan la desigualdad estructural. Propone que la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial debe ser un instrumento de justicia territorial que promueva la inclusión, el mejoramiento barrial y la participación social, en lugar de limitarse a la mera fiscalización. Se apoya en teóricos del urbanismo para defender el derecho a la ciudad como un proceso colectivo de transformación y equidad distributiva de las inversiones públicas.