Occifitur Dominicana S.R.L. vs. Ayuntamiento del Distrito Nacional
El Estado es parteProveedor del Estado| Calidad | Parte (como la publica la decisión) | En Notifacto |
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| Recurrente | Occifitur Dominicana S.R.L. | Proveedor del Estado con la misma razón social: Occifitur Dominicana, SRL → |
| Recurrido | Ayuntamiento del Distrito Nacional | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) → |
DECIDE: PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Occifitur Dominicana S.R.L., contra el artículo sexto del Reglamento 1/1992, dictado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional el veintitrés (23) de abril del mil novecientos noventa y dos (1992), por haber sido hecha de conformidad con la ley. SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la presente acción directa de inconstitucionalidad y, en consecuencia, DECLARAR no conforme con la Constitución de la República y consecuente nulidad del artículo sexto del Reglamento 1/1992, dictado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional el veintitrés (23) de abril del mil novecientos noventa y dos (1992), por transgredir el derecho de propiedad y el principio de legalidad tributaria municipal, dispuestos en los artículos 51 y 200 de la Constitución. TERCERO: DECLARAR no conforme con la Constitución de la República y consecuente nulidad del artículo segundo del Reglamento 1/1992, dictado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional el veintitrés (23) de abril del mil novecientos noventa y dos (1992), por transgredir el derecho de propiedad dispuesto en el artículo 51 de la Constitución, dada su conexidad con la disposición impugnada. CUARTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. QUINTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, …
El Tribunal Constitucional acoge una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo sexto del Reglamento 1/1992 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que imponía a establecimientos comerciales el aporte de parqueos públicos y el pago de un arbitrio de RD$40.00 mensuales por espacio. Declara la norma no conforme con la Constitución por violar el derecho de propiedad (art. 51) y el principio de legalidad tributaria (arts. 200 y 243).
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Las partes son las que nombra la decisión. El enlace con una institución sale de su nombre; con un proveedor del Estado o con una persona de interés, de una coincidencia de nombre que puede corresponder a otra empresa u otra persona: por eso va «en verificación». Una persona de interés nunca se enlaza cuando figura como víctima, agraviada o querellante. Figurar en una decisión no implica responsabilidad ni irregularidad: es un punto de partida para investigar.
No se publican los casos penales entre particulares, los delitos sexuales, la violencia de género, los casos con menores de edad, los de familia, los de salud ni los antecedentes penales de una persona. Como defensa adicional, si el texto nombra a un niño, niña o adolescente, su nombre se sustituye por «[menor de edad]» (Ley 136-03).
Una decisión de casación o de revisión resuelve el recurso, no siempre el fondo del caso: «rechaza» confirma la decisión impugnada y «casa» la anula (con envío, otro tribunal vuelve a juzgar).
Fuente: Tribunal Constitucional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona