Eulogio José Santaella Ulloa, Leopoldo Andrés Franco Barrera, Federico Lalane José y otros vs. Estado dominicano, intervienen Procurador General, Senado y otros
El Estado es partePersona de interés · en verificación| Calidad | Parte (como la publica la decisión) | En Notifacto |
|---|---|---|
| Recurrente | Eulogio José Santaella Ulloa | Persona de interés con el mismo nombre →En verificación · coincidencia estimada 96 % Nombrado en un decreto sobre un cargo público. El cruce es por nombre y puede tratarse de otra persona. |
| Recurrente | Leopoldo Andrés Franco Barrera | |
| Recurrente | Federico Lalane José | Persona de interés con el mismo nombre →En verificación · coincidencia estimada 93 % Nombrado en un decreto sobre un cargo público. El cruce es por nombre y puede tratarse de otra persona. |
| Recurrente | Jaime Fernández Quezada | |
| Recurrente | Chery Jiménez Alfau | |
| Recurrente | Emmanuel Esquea Guerrero | Persona de interés con el mismo nombre →En verificación · coincidencia estimada 93 % Nombrado en un decreto sobre un cargo público. El cruce es por nombre y puede tratarse de otra persona. |
| Recurrido | Estado dominicano | Estado |
| Recurrido | intervienen Procurador General | |
| Recurrido | Senado | |
| Recurrido | Cámara de Diputados | Estado |
| Recurrido | Poder Ejecutivo | Estado |
DECIDE: PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los señores Eulogio José Santaella Ulloa, Leopoldo Andrés Franco Barrera, Federico Lalane José, Jaime Fernández Quezada, Chery Jiménez Alfau y Emmanuel Esquea Guerrero, contra la Ley núm. 512-19, que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar la emisión y colocación de valores de deuda pública hasta por un monto de doscientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y cinco millones ochocientos veintiún mil setecientos sesenta y siete pesos dominicanos ($246,295,821,767.00) o su equivalente en moneda extranjera. SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la acción directa de inconstitucionalidad anteriormente descrita y, en consecuencia, DECLARAR conforme con la Constitución la Ley núm. 512-19, que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar la emisión y colocación de valores de deuda pública hasta por un monto de doscientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y cinco millones ochocientos veintiún mil setecientos sesenta y siete pesos dominicanos ($246,295,821,767.00) o su equivalente en moneda extranjera. TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, señores Eulogio José Santaella Ulloa, Leopoldo Andrés Franco Barrera, Federico Lalane José, Jaime Fernández Quezada, Chery Jiménez Alfau y Emmanuel Esquea Guerrero; a la Procuraduría General de la República; a …
Resuelve una acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley 512-19, que autoriza al Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, a emitir y colocar valores de deuda pública por hasta RD$246,295,821,767.00. Los accionantes alegan violación de los artículos 4, 6, 84, 98 y 234 de la Constitución por vicios en el trámite legislativo de urgencia y en la delegación de modificaciones presupuestarias.
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Resumen y palabras clave del análisis con inteligencia artificial de ChatLeyes (o, a falta de él, el inicio del texto de la decisión): pueden contener errores. Lee la decisión original antes de citarla.
Índice compilado con ChatLeyes.
Las partes son las que nombra la decisión. El enlace con una institución sale de su nombre; con un proveedor del Estado o con una persona de interés, de una coincidencia de nombre que puede corresponder a otra empresa u otra persona: por eso va «en verificación». Una persona de interés nunca se enlaza cuando figura como víctima, agraviada o querellante. Figurar en una decisión no implica responsabilidad ni irregularidad: es un punto de partida para investigar.
No se publican los casos penales entre particulares, los delitos sexuales, la violencia de género, los casos con menores de edad, los de familia, los de salud ni los antecedentes penales de una persona. Como defensa adicional, si el texto nombra a un niño, niña o adolescente, su nombre se sustituye por «[menor de edad]» (Ley 136-03).
Una decisión de casación o de revisión resuelve el recurso, no siempre el fondo del caso: «rechaza» confirma la decisión impugnada y «casa» la anula (con envío, otro tribunal vuelve a juzgar).
Fuente: Tribunal Constitucional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona