El contrato celebrado entre CORAAVEGA y María de los Ángeles Tavárez Abreu arrienda por un año, desde la firma del 5 de enero de 2026, un inmueble para oficina comercial y almacenamiento de vehículos en Jarabacoa. Fija una renta mensual de RD$68,833.33, equivalente a RD$825,999.96 por doce meses, e incluye cláusulas sobre terminación, confidencialidad, arbitraje y una posible venta futura del inmueble.
Leído a la luz de la Ley 47-25 y su reglamento, que rige el proceso por su fecha de convocatoria.
Lectura con inteligencia artificial propietaria de Notifacto (16 nov de 2026). Puede contener errores: verifica cada dato en el original.
El contrato establece que, si el inmueble deja de ser necesario, queda sin efecto y CORAAVEGA queda liberada de toda responsabilidad. La condición no especifica un acto motivado ni un procedimiento para terminar el contrato; conviene verificar cómo se concilia con las reglas de extinción y rescisión contractual.
“En caso de que dicha propiedad a no sea necesaria para el desempeño de las funciones propias de la oficina, este contrato queda sin efecto y libera de toda responsabilidad a LA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA…” (pág. 3, escaneada)
Ley 47-25, artículo 154 — Extinción de los contratos
Artículo 154.- Extinción de los contratos. Los contratos administrativos, sin perjuicio de las causas de invalidez previstas en la presente ley, se extinguirán por el mutuo acuerdo de las partes, por su cumplimiento o por su rescisión.
Artículo 157.- Rescisión del contrato. Serán causas de rescisión del contrato las siguientes: 1) Razones fundadas de interés público o seguridad nacional; 2) La imposibilidad de ejecutar las prestaciones inicialmente previstas, cuando no sea posible cumplir con las condiciones fijadas para la modificación de los contratos o cuando el proveedor ejerza su derecho de renuncia ante modificaciones que impliquen variaciones mayores a un veinticinco por ciento (25%) del precio inicial; 3) Cuando el proveedor ejerza su derecho de renuncia a la ejecución del contrato por una demora del pago mayor a ocho (8) meses; 4) La grave afectación al interés público de las condiciones necesarias para…
Ley 47-25, artículo 158 — Condiciones aplicables a la rescisión del contrato
Artículo 158.- Condiciones aplicables a la rescisión del contrato. Toda institución contratante que ejerza la potestad de recisión del contrato, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, deberá observar y aplicar las condiciones siguientes: 1) La rescisión del contrato deberá ser decidida por la máxima autoridad de la institución contratante; 2) La rescisión podrá ser declarada a iniciativa de la institución contratante, para lo cual se agotará el procedimiento previsto para el ejercicio de las potestades especiales o a solicitud del proveedor en los supuestos que lo habilitan al efecto; 3) La solicitud de rescisión comunicada por el proveedor deberá estar debidamente fundamentada…
La cláusula somete a arbitraje cualquier controversia sobre la interpretación del contrato o los derechos y obligaciones de las partes, sin distinguir las disputas que impliquen el ejercicio de potestades públicas. La ley permite mecanismos alternativos para controversias de ejecución que no impliquen atribuciones o deberes otorgados por ley; corresponde verificar que el alcance pactado respete ese límite.
“Cualquier controversia que surja en relación con la interpretación de este Contrato o en relación con los derechos u obligaciones de cualquiera de LAS PARTES, será sometida a arbitraje, de acuerdo al reglamento de la Corte de Arbitraje de…” (pág. 4, escaneada)
Ley 47-25, artículo 161 — Solución alternativa de controversias
Artículo 161.- Solución alternativa de controversias. Las controversias que se produzcan durante la ejecución contractual y que no impliquen el ejercicio de atribuciones o deberes otorgados por ley, podrán someterse a mecanismos de solución alternativa de controversias, tales como la conciliación, la mediación o el arbitraje, siempre que así se haya dispuesto en los pliegos de condiciones y en el contrato. Párrafo.- Los reglamentos de aplicación de la presente ley regularán los mecanismos de solución alternativa de controversias, así como las condiciones y supuestos bajo los cuales las partes contratantes podrán acudir a estos.
Reglamento 52-26, artículo 198 — Incorporación de cláusulas de solución alternativa de controversias
Artículo 198.- Incorporación de cláusulas de solución alternativa de controversias. Las instituciones contratantes pueden incluir, tanto en el pliego de condiciones como en el contrato, cláusulas específicas de solución alternativa de controversias que surjan durante la ejecución contractual. Dichas cláusulas deben indicar: 1. Los mecanismos permitidos (conciliación, mediación y/o arbitraje). 2. El alcance objetivo de cada mecanismo; 3. La institución o el personal autorizado para administrarlos; 4. El procedimiento aplicable.
Oferentes que registra (1)
1 adjudicado
Oferente
Resultado en el acta
Lote o grupo
Monto
María de los Ángeles Tavárez AbreuFigura como arrendadora y contraparte de CORAAVEGA en el contrato de alquiler del inmueble de Jarabacoa.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
Reglamento 52-26, artículo 199 — Controversias susceptibles de solución alternativa
Artículo 199.- Controversias susceptibles de solución alternativa. Pueden someterse a mecanismos de solución alternativa las siguientes controversias: 1. Disputas técnicas sobre cumplimiento, calidad, entregables o interpretación contractual; 2. Reclamaciones económicas derivadas de la ejecución, certificaciones o pagos; 3. Controversias sobre reajustes, cronogramas, prórrogas y medidas correctivas no coercitivas; 4. Desacuerdos derivados de modificaciones contractuales válidamente aprobadas. Párrafo. Solo se puede acudir a mecanismos de solución alternativa de controversias contractuales luego de haberse intentado una gestión directa de las diferencias.