LUIS ABINADER Presidente de la República Dominicana NÚMERO: 8-23 CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 138, establece los principios que deben regir la actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. CONSIDERANDO: Que la Carta Magna, en su artículo 75, consagra como un deber fundamental el “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”. CONSIDERANDO: Que, el 8 de septiembre de 2011, el Estado dominicano presentó una carta de intención para pertenecer a la Iniciativa Multilateral Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), instrumento internacional que asigna a sus miembros compromisos en materia de transparencia, acceso a la información pública, ética de la Función Pública, lucha contra la corrupción, participación ciudadana, innovación en políticas públicas y uso de las tecnologías de información y comunicación. CONSIDERANDO: Que la República Dominicana forma parte del segundo grupo de países en ser miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto e inició su primer plan de acción en el 2012. CONSIDERANDO: Que el Estado dominicano es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. CONSIDERANDO: Que, mediante el Decreto núm. 486-12, se crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) como órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflictos de interés y libre acceso a la información, confiriéndosele la atribución de contribuir al desarrollo de una cultura de transparencia e integridad. CONSIDERANDO: Que, desde 2015, el Estado dominicano adoptó una serie de compromisos y metas universales para cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y constituir instituciones eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas. CONSIDERANDO: Que, en los últimos dos años, el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), ha desarrollado iniciativas que buscan generar espacios de concientización e institucionalización del concepto de gobierno abierto, promoviendo la transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, integridad y uso de las tecnologías. CONSIDERANDO: Que el Decreto núm. 713-21 tiene por objeto fomentar los principios de gobierno abierto a ser implementados en la Administración Pública dominicana mediante la participación y colaboración de la ciudadanía, la innovación y el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como la creación del Foro Multiactor para un Gobierno Abierto. CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria del Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, adoptado por las y los jefes de Estado y de Gobierno, el 9 de junio de 2022, comprometiéndose a promover el uso de los datos abiertos para aumentar la transparencia, la integridad, la responsabilidad y la participación ciudadana, a fin de prevenir y combatir la corrupción, especialmente a través de la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos (PIDA). CONSIDERANDO: Que, en el marco del Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, la República Dominicana asumió el compromiso de incluir iniciativas emanadas de la Cumbre de las Américas y otros foros pertinentes relacionados con la transparencia en los Planes de Acción Nacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto, según corresponda. CONSIDERANDO: Que los planes de acción son creados conjuntamente entre el Gobierno y la ciudadanía bajo estándares de participación de la Alianza para el Gobierno Abierto, compuesto por compromisos incluyentes, ambiciosos y aplicables que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, fomentar la transparencia y la inclusión. CONSIDERANDO: Que la República Dominicana ha concluido su participación en la creación de su V Plan de Acción Nacional 2022-2024 ante la Alianza para el Gobierno Abierto. VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015. VISTA: La Resolución núm. 489-98, del 20 de noviembre 1998, que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción. VISTA: La Resolución núm. 333-06, del 8 de agosto de 2006, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. VISTA: La Ley núm. 200-04, del 28 de julio de 2004, General de Libre Acceso a la Información Pública. VISTA: La Ley núm. 41-08, del 16 de enero de 2008, de Función Pública. VISTA: La Ley núm. 1-12, del 25 de enero de 2012, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. VISTA: La Ley núm. 247-12, del 14 de agosto de 2012, Orgánica de la Administración Pública. VISTA: La Ley núm. 107-13, del 8 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. VISTO: El Decreto núm. 486-12, del 21 de agosto de 2012, que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). VISTO: El Decreto núm. 695-20, del 9 de diciembre de 2020, que crea el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público. VISTO: El Decreto núm. 71-21, del 8 de febrero de 2021, que crea el Gabinete de Transformación Digital. VISTO: El Decreto núm. 713-21, del 4 de noviembre de 2021, que crea el Foro Multiactor de Gobierno Abierto. VISTO: El Decreto núm. 9-22, del 12 de enero de 2022, que modifica el artículo 6 del