DANILO MEDINA Presidente de la República Dominicana NÚMERO: 168-19 CONSIDERANDO: Que el artículo 219 de la Constitución de la República establece que el Estado debe fomentar la iniciativa económica privada, lo cual puede llevar a cabo a través de políticas públicas que promuevan la producción nacional. CONSIDERANDO: Que el artículo 222 de la Constitución reconoce la obligación del Estado de promover y proteger el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo. CONSIDERANDO: Que el artículo 54 de la Constitución establece que el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria. CONSIDERANDO: Que los principios contemplados en la Ley núm. 589-16, que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la República Dominicana, deben guiar la ejecución de las acciones estratégicas concebidas para alcanzar la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. CONSIDERANDO: Que en la sección G del anexo 9.1.2(b)(i) del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA se establece que dicho capítulo no aplica a los programas de contratación pública de alimentación humana o para favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, los destinados al alivio de la pobreza, o a la protección de mujeres, discapacitados, niños y adolescentes, especialmente en áreas rurales deprimidas y en la zona fronteriza, ni tampoco las contrataciones realizadas en apoyo a programas de protección a la salud pública. VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015. VISTO: El Tratado de Libre Comercio suscrito entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), aprobado mediante