Dec. No. 188-14 que establece los principios y las normas generales que servirán de pautas a las Comisiones de Veeduría Ciudadana para observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones que realicen las instituciones donde fueron integradas. G. O. No. 10760 del 30 de junio de 2014. DANILO MEDINA Presidente de la República Dominicana NÚMERO: 188-14 CONSIDERANDO: Que el Artículo 2, de la Constitución de la República expresa: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”. CONSIDERANDO: Que es un derecho ciudadano “denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones”, tal y como establece el Artículo 22, numeral 5, de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el Artículo 139, de la Constitución de la República (Control de Legalidad de la Administración Pública) dice: “Los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la Administración Pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la ley”. CONSIDERANDO: Que la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, No. 1-12, establece en su Objetivo Específico No. 1.3.1, Línea de Acción 2, que el Estado deberá: “Desarrollar y consolidar mecanismos de participación y veeduría social, sustentados en el acceso a la información pública, rendición de cuentas y evaluación y control de calidad de las políticas y los servicios públicos”. CONSIDERANDO: Que la Ley No. 10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en su Artículo 7, correspondiente a los Elementos del Sistema, en su numeral 4, sobre Control Social, establece: “Que la sociedad dominicana a través de sus entes auténticamente conformados y con representación legítima tiene el derecho y la obligación de contribuir con los organismos de control externo e interno y con los especializados en la prevención e investigación de la corrupción, para que los recursos públicos sean utilizados dentro del marco de la ley, con transparencia, eficiencia, eficacia y economía. Para tales efectos, los organismos públicos deberán facilitarle la información pertinente y la asesoría y los mecanismos de coordinación, dentro del marco de su competencia”. CONSIDERANDO: Que el Artículo 10 de la Ley No. 10-07, del 8 de enero de 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, correspondiente a la Interrelación con el Control Social, dice: “El control social como medio de fiscalización y participación ciudadana en defensa del gasto público en programas de impacto social y comunitario y en procura del adecuado manejo de los recursos públicos se interrelaciona con el Sistema Nacional de Control Interno mediante la provisión de información relevante a la Contraloría General de la República”. CONSIDERANDO: Que el sistema de veedurías ciudadanas constituye un mecanismo de participación directa y control social, a través del cual representantes de la sociedad civil organizada dan seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, compromisos, competencias y funciones de las entidades públicas en las que son asignados, con el único fin de velar y supervisar los procesos de compras y contrataciones de obras, bienes, servicios y concesiones ejecutados. CONSIDERANDO: Que según la Ley de Planificación e Inversión Pública deben existir procedimientos específicos que garanticen la participación de la ciudadanía en el marco de la legislación vigente. CONSIDERANDO: Que la Convención Interamericana contra la Corrupción, establece, en su Artículo III, numeral 11, que una de las obligaciones de los Estados Partes es crear, mantener y fortalecer “mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción”. CONSIDERANDO: Que el Estado debe facilitar y fomentar la creación de mecanismos de participación y de control social a fin de garantizar un uso eficiente y transparente de los fondos públicos para desarrollar confianza y credibilidad en sus instituciones, contribuyendo así a la gobernabilidad. VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010. VISTA: La Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, No. 1-12, del 25 de enero de 2012. VISTA: La Ley Orgánica de la Administración Pública, No. 247-12, del 9 de agosto de 2012. VISTA: La Ley No. 450, del 29 de diciembre del 1972, que crea la Secretaría de Estado de la Presidencia, actual Ministerio de la Presidencia. VISTA: La Ley No. 10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. VISTA: La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley No.449-06, del 6 de diciembre de 2006. VISTA: La Ley de Planificación e Inversión Pública, No.498-06, del 28 de diciembre de 2006. VISTA: La Ley No. 10-07, del 8 de enero de 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128, de la Constitución de la República, dicto el siguiente: DECRETO Artículo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto definir y establecer los principios y las normas generales que servirán de pautas a las Comisiones de Veeduría Ciudadana para observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones que se realicen en las instituciones donde fueren integradas. Artículo 2. Integración. Las Comisiones de Veeduría estarán integradas por ciudadanos y ciudadanas representantes de la sociedad civil, moralmente solventes, reconocidos por la sociedad como ejemplos en sus respectivos ámbitos profesionales, a solicitud o por invitación del Presidente de la República. Artículo 3. Alcance. Corresponde a las Comisiones de Veeduría Ciudadana vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y concesiones, con irrestricto apego a la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones, del 6 de diciembre de 2006, así como a su Reglamento de Aplicación, emitido mediante el Decreto No.543-12, del 6 de septiembre de 2012, llevados a cabo por la institución a la cual fue asignada. Esta observación inicia con la identificación de la necesidad a través de los planes anuales de compras y contrataciones y culmina con la recepción de la obra, bien o servicio adquirido, pudiendo alcanzar la satisfacción de la necesidad. Artículo 4. Carácter. Las Comisiones de Veeduría Ciudadana son entes independientes y autónomos, por lo que sus integrantes no tienen relación de dependencia con ninguna institución del Estado. Tienen carácter cívico, voluntario, proactivo y ad honórem y están orientadas por los principios de autonomía, responsabilidad, moralidad, buena fe, objetividad, transparencia, probidad, reserva y demás principios que se puedan establecer en sus respectivos reglamentos internos. Artículo 5. Atribuciones. Las Comisiones de Veeduría Ciudadana tienen las siguientes atribuciones, relacionadas con los procesos de compras y contrataciones públicas de obras, bienes, servicios y concesiones: a) Elaborar su reglamento interno, en la forma y en las condiciones que estimen más favorables, estableciendo su funcionamiento, distribución de funciones y demás políticas internas. b) Vigilar, dar seguimiento y monitorear todos los procesos de compras y contrataciones de la institución a la cual fue asignada, asegurando el irrestricto cumplimiento de la