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Dec. No. 275-13 que aprueba el Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de
Desastres en la República Dominicana, elaborado por la Comisión de Emergencias y
la Defensa Civil. G. O. No. 10730 del 27 de septiembre de 2013.
DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana
NÚMERO 275-13
Considerando: Que el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y el Plan Nacional para la
Reducción del Riesgo Sísmico, son los instrumentos que definen los objetivos estratégicos,
programas y subprogramas mediante los cuales se orientan las actividades institucionales
para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para la respuesta y la
rehabilitación y reconstrucción en casos de desastres.
Visto: El Artículo 15 de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente
D E C R E T O:
Artículo 1. Se aprueba el Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres en la
República Dominicana, elaborado por la Comisión de Emergencias y la Defensa Civil, el
cual copiado in extenso establece como sigue:
"I.
PRESENTACION. La Ley 147-02 ordena la formulación y ejecución del presente
Plan Nacional de Gestión de Riesgos de República Dominicana, como uno de los
instrumentos de la política de gestión de riesgos, y responsabiliza al Comité Técnico
Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos, adscrito a la Comisión Nacional de
Emergencias, de proponer y someter las actualizaciones correspondientes.
Tiene como propósito definir los lineamientos de política y los principios básicos que
deben desarrollar las instituciones de los sectores público y privado, así como las
organizaciones sociales, para la ejecución de programas y acciones dirigidos a reducir los
riesgos existentes, garantizar mejores condiciones de seguridad de la población y proteger
su patrimonio económico, social, ambiental y cultural.
El documento se elaboró gracias al buen desempeño del Comité Técnico Nacional de
Prevención y Mitigación de Riesgos, por lo que se aprovechó el acervo técnico de las
instituciones que conforman el Sistema y, al mismo tiempo, se incorporó la experiencia
acumulada de las demás instancias de coordinación. Para ello, se contó con un equipo de
consultores, quienes a su vez se apoyaron en referencias bibliográficas, así como en
entrevistas y talleres participativos, siendo estos dos últimos claves en la redacción de un
autodiagnóstico efectivo y en la formulación de un documento adaptado a la realidad
institucional y social dominicana.
La bibliografía consulta y disponible a la fecha de formulación del Plan, contribuyó en gran
medida a crear una imagen evolutiva del Sistema Nacional de PMR.
El autodiagnostico informa sobre la situación institucional del riesgo de desastres en el país,
basado en 11 componentes y 44 variables. El estudio permitió a los actores consultados y al
equipo consultor identificar sectores, instituciones y áreas críticas que necesitan
intervención para elevar las capacidades de gestión territorial y de desastres. Si bien el
diagnóstico tiene un alto valor para orientar las propuestas de actuación, es necesario
señalar que la disponibilidad y calidad de la información a la que se tuvo acceso fue baja, lo
cual restringe la representación adecuada del mismo, especialmente en lo relativo a bases
de datos georeferenciados para la elaboración de mapas temáticos.
Los talleres se realizaron tanto en Santo Domingo como en las provincias del país, en los
cuales participó la mayor cantidad posible de actores institucionales y de la sociedad civil.
Por razones de tiempo, no pudieron ser consultados todos los actores, pero al menos los
más destacados estuvieron presentes. Los talleres, aparte de constituir un instrumento
fundamental para adaptar las propuestas, sirvieron para identificar la divergencia entre los
que proponen los planes sectoriales e institucionales en el nivel central, y lo que realmente
ocurre en el territorio.
El Plan Nacional que se presenta es la herramienta que define la implementación de la
Política de Gestión de Riesgos para los próximos cinco años. En la matriz indicativa de
implementación del Plan, se recogen los programas y subprogramas, dentro las cinco líneas
programáticas establecidas por la Ley 147-02, que serán desarrollados mediante proyectos
por las instituciones que conforman el SN-PMR. La matriz también incluye una batería de
indicadores, con los que se podrá hacer seguimiento y evaluación al Plan.
Este documento viene a atender una necesidad imperiosa para contribuir al desarrollo del
país, dadas las múltiples amenazas que lo afectan frecuentemente. La evidencia científica
sugiere que los fenómenos meteorológicos están siendo más frecuentes e intensos como
consecuencia del cambio climático. Durante las últimas dos décadas (1988–2007), el 76 por
ciento de todos los desastres en el mundo, fueron causados por fenómenos de carácter
hidrometeorológico. La República Dominicana no fue la excepción, impactada por el
huracán Georges en 1998, importantes inundaciones en 2003, la riada de Jimaní y la
tormenta-huracán Jeanne en 2004, las tormentas Noel y Olga en 2007, entre otros.
Finalmente, señalar el aporte económico y el acompañamiento de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en este proceso. También fueron de
gran valor los aportes realizados por otras agencias y por las diversas ONGD humanitarias
y de gestión de riesgos que trabajan en el país. En estas breves palabras queremos agradecer
a todas sus valiosas aportaciones.
II. INTRODUCCIÓN
Desde siempre, la humanidad ha tenido que hacer frente a desastres desencadenados por
fenómenos naturales como ciclones, inundaciones, sequías, terremotos, erupciones
volcánicas, fuertes vientos, deslizamientos, lluvias excesivas o escasas, incendios, entre
otros. Sin embargo, la ocurrencia de un fenómeno natural no es por sí misma causante de
desastre. Este se produce cuando impacta a una comunidad vulnerable, expuesta y/o mal
preparada. Por lo tanto, los desastres “naturales” no son una consecuencia directa y
exclusiva de los fenómenos de la naturaleza, sino que son resultado principalmente del
contexto social, político y económico del lugar en el que ocurren.
El Estado dominicano ha venido impulsando desde hace décadas medidas tendentes a
reforzar la capacidad para reducir el impacto de los fenómenos naturales y aumentar la
resiliencia, mediante la dotación a las instituciones y a la propia sociedad de herramientas
que faciliten la reducción de riesgos. Entre éstas destaca la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2010-30, que fija como Visión País lo siguiente: “República Dominicana es un
país próspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz, con igualdad de oportunidades,
en un marco de democracia participativa, ciudadanía responsable e inserción competitiva en
la economía global, y que aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora y
sostenible”.
El proceso de “Actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de la República
Dominicana”, desarrollado de diciembre de 2010 a julio de 2011, ha permitido
redimensionar las capacidades y responsabilidades que un sistema moderno de gestión de
riesgos de desastres debe contener. Este documento, evidencia precisamente el esfuerzo por
delimitar con precisión los roles y responsabilidades institucionales que debe ejercer el
Estado dominicano. Realiza igualmente un modelaje del escenario futuro encaminado a la
construcción de un país resiliente ante los desastres, como una condición necesaria e
impostergable, que sirva de andamiaje para el desarrollo sostenible del país.
Dentro de un Estado, la garantía de los derechos universales de sus habitantes depende en
gran medida de las condiciones de seguridad territorial ante los fenómenos naturales y
antrópicos del territorio. Al ocurrir un desastre, generalmente resulta afectado el derecho a
la vida, el derecho a la libre circulación, el derecho a la educación, el derecho a recibir
servicios de salud de calidad, el derecho a una vivienda digna y segura, el derecho a un
trabajo, el derecho a la alimentación y el derecho a la protección y a recibir seguridad, entre
otros.
El Plan constituye el primer paso para fortalecer las acciones de prevención, mitigación y
respuesta inherentes a los diferentes sectores. Para completar el ciclo, las instituciones que
conforman el Sistema Nacional de PMR ante Desastres deben asumir su responsabilidad,
desarrollando capacidades y realizando una gestión compatible con las amenazas naturales
con potencial de generar emergencias y desastres.
El documento reconoce que las capacidades institucionales son especialmente importantes
para gestionar adecuadamente y de manera coordinada los riesgos en todos los ámbitos,
desde el nacional hasta el local. En tal sentido, el papel coordinador de la Comisión
Nacional de Emergencias es vital, porque es la única entidad capaz de lograr que se
concreten exitosamente los objetivos planteados y se desarrollan las cinco líneas
programáticas contempladas.
III. Antecedentes y Justificación
3.1. Existen varios documentos que se refieren a la Gestión de Riesgos en la República
Dominicana; sin embargo, para propósitos del este plan, se han tomado en cuenta los
siguientes documentos, por considerarlos fundamentales, atendiendo su calidad y
pertinencia:
1. Plan Nacional de Gestión de Riesgos elaborado en 2001, en el marco de la consultoría
financiada con fondos del préstamo del BID 1152/OC-DR, dentro del componente 4,
cuyo objetivo era “Dotar a las instituciones de PMR de instrumentos institucionales
modernos y efectivos”, y que estuvo bajo la responsabilidad del ingeniero Omar
Darío Cardona. Esta propuesta de considerable calidad técnica y pertinencia,
probablemente muy avanzado dentro del contexto político y legal del país al
momento de su formulación, no contó con el andamiaje necesario para su
implementación, especialmente en cuatro aspectos: el marco legal, marco
institucional, marco presupuestario y mecanismos de monitoreo/evaluación de
avances.
2. El informe nacional sobre el progreso en la implementación del Marco de Acción de
Hyogo en la República Dominicana del 2008, que identifica que existe un avance
mínimo y limitado en los aspectos evaluados, indicando que:
• Se necesita una estrategia nacional de desarrollo que incluye políticas para la
reducción de riesgo a desastres y sus respectivos instrumentos.
• La creación y fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo
nivel, en particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera
sistemática a aumentar la resiliencia ante las amenazas.
• En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación
sistemática de los criterios de reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución
de los programas de preparación para situaciones de emergencia, respuesta y
recuperación.
3. Evaluación de la Capacidad Nacional de Respuesta a Desastres 2005, realizada a
solicitud del Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias al Sistema de
Naciones Unidas y realizada a través de una misión de 9 expertos de OCHA en marzo
de 2005. Se realizaron entrevistas con representantes de instituciones públicas,
privadas y ONG’s, además de visitar provincias y municipios de algunas regiones del
país. Los aspectos contemplados en la evaluación fueron: marco legal, estructuras
organizacionales, capacidades y procedimientos de respuesta, mecanismos de
coordinación, esfuerzos de planificación para contingencias y alerta temprana,
integración de ayuda internacional, educación y capacitación, concientización
pública. El equipo consultor presentó 53 recomendaciones. Posteriormente en mayo
del 2010 se realizó otra misión para evaluar el cumplimiento de las mismas, que
indicó que 8 recomendaciones fueron cumplidas (15%); 35 en las cuales se han
podido notar implementaciones parcialmente cumplidas (66%); 9 no cumplidas
(17%); y 1 para la cual no se tuvo información (2%). Los detalles de dicho informe
no los presentamos por ser preliminares y no estar en versión final.
4. Diagnóstico de la situación de la República Dominicana en cuanto a la reducción de
riesgos a desastres, realizado en julio de 2010 por una misión a cargo de Ricardo
Mena en su calidad de jefe de la oficina de la UNISDR para las Américas. En sus
consideraciones finales indican que “es evidente la necesidad de fortalecer las bases
locales de la gestión de riesgo a desastres, al igual que activar los mecanismos para
una apropiada canalización de recursos hacia la prevención y mitigación de desastres,
a manera de lograr elevar el perfil del tema como una prioridad nacional”. El informe
resalta:
Como mayor avance la existencia de la Ley 147-02 que sienta las bases para el
establecimiento de un Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y
Respuesta a Desastres y sus instrumentos de implementación.
Importante rezago en la reducción de los factores subyacentes del riesgo y vacíos
importantes en la apropiación sectorial del tema.
Limitaciones importantes en la gobernabilidad debido a una débil implementación
de los marcos normativos y consolidación del sistema de PMR.
Debilidad de las bases locales para la gestión de riesgos.
Avances importantes en la institucionalidad ligada a la información territorial.
Debilidades importantes en la socialización de información.
Debilidad en el manejo de alerta temprana y estrategias de comunicación del
riesgo.
Alta dependencia de cooperación internacional para el fortalecimiento del sistema
y sus iniciativas al nivel local.
Se debe mejorar sensiblemente en el tema de la delimitación de responsabilidades.
Falta de recursos financieros para soportar las actividades del Plan de PMR.
Urgente necesidad de iniciativas para la reducción de riesgo en el ámbito de la
inversión pública y el ordenamiento territorial.
Desarrollar la Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres.
3.2 Justificación
República Dominicana es un país caribeño con 48,670.22 kilómetros cuadrados y más de 9
millones de habitantes, que comparte la isla de La Española con la vecina República de
Haití.
Se ubica en el borde Norte de la Placa del Caribe, en el corredor de los huracanes del
Atlántico Norte y también influenciado, en determinadas estaciones del año, por masas de
aire frío provenientes del norte. Su accidentada topografía favorece el desarrollo de
fenómenos gravitacionales. Además, por su gradiente altitudinal, determinadas cuencas
desarrollan fenómenos de inundación
IV. Diagnóstico de Capacidades de Gestión de Riesgo de Desastres de la República
Dominicana
Para el diagnóstico del estado de riesgo de desastres en la República Dominicana se realizó
la recopilación y análisis de diferentes documentos de carácter internacional, nacional,
provincial y municipal existentes en los cuales se hace referencia al mismo. Entre estos
documentos destacan los Objetivos del Milenio, el Marco de Acción de Hyogo, la Política
Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, la Constitución Nacional de
la República Dominicana, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-30, diagnósticos
realizados por instituciones, Situación de la República Dominicana en cuanto a la RRD
realizado por equipo de la EIRD, Diagnóstico Institucional de la Oficina Nacional de
Evaluación, Programa Prevención de Desastres de la Región Nordeste, Documento Temático
Gestión de Riesgos en el Marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, Plan Municipal de
Gestión de Riesgos del municipio de Pimentel, Plan Nacional de Salud en Situaciones de
Desastres del Ministerio de Salud Pública, Plan del Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados 1996, Cartografía Nacional, Imagen Digital del país, entre otros.
En función de ello se desarrollaron visitas y entrevistas estructuradas con diferentes
actores estratégicos relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres, se realizó el
análisis de lo recopilado y se diseñó un instrumento de autodiagnóstico que hemos
denominado Histograma de Autodiagnóstico, que comprende 11 componentes y 44
variables. Estos histogramas se llenaron con los representantes de los sectores por medio
de talleres en los que se organizaron mesas de trabajo específicas, en algunos casos por
la magnitud y especialización temática se realizaron llenados del histograma por
instituciones, que luego se integraron al del sector.
Las actividades que se desarrollaron son:
a.
Coordinación con autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias –CNE- y
coordinadora del Comité Técnico Nacional (CTN) para la presentación de la
consultoría a los diferentes actores, especialmente al pleno del CTN y la CNE.
b. Recopilación y recepción de políticas, leyes, reglamentos, informes de otras
evaluaciones y otros documentos considerados de importancia, proporcionados por
las autoridades de la CNE y otros actores institucionales.
c.
Reuniones del equipo consultor para la planificación de trabajo de diagnóstico:
recopilación de información, priorización de sectores a considerar, selección de
actores
para
entrevista,
programación
de
actividades,
división
de
responsabilidades, análisis permanente de avances.
d. Elaboración del instrumento de entrevista estructurada para los diferentes
actores sociales.
e.
Envío de entrevista estructurada y visitas a los actores sociales seleccionados para
solución de dudas y ampliaciones que se consideraron necesarias para comprender
el escenario planteado.
f.
Entrevista con funcionarios de otros proyectos que han realizado diagnósticos
similares.
g. Diseño de guía de autodiagnóstico y del instrumento de autodiagnóstico para
sectores e instituciones.
h. Inducción y estandarización del equipo consultor sobre uso del autodiagnóstico.
i.
Programación y ejecución de cuatro talleres de autodiagnóstico sectorial.
j.
Programación y ejecución de tres talleres regionales para auto-diagnóstico.
k. Recopilación y análisis de documentos relacionados con la consultoría, a nivel
nacional e internacional.
l.
Asistencia a las actividades académicas y otros foros donde se discuten aspectos
relacionados con la consultoría.
m. Reuniones mensuales con comisión nacional y comité técnico para presentar
avances y resultados de la consultoría.
n. Reuniones de trabajo con foro de cooperantes y actores de sociedad civil.
o. Redacción de productos intermedios y finales.
p. Validación de los resultados del proceso con las autoridades del Comité Técnico de
PMR.
q. Socialización y validación en el nivel territorial a través de 4 talleres
provinciales, con la participación de múltiples actores locales tanto del sector
público, como del privado.
r.
1 taller de socialización y validación final con la Comisión Nacional y Comité
Técnico de PMR, actores de sociedad civil y de la cooperación internacional.
El proceso de autodiagnóstico clasifica a las instituciones en función del “Índice de
Desarrollo Específico de la GIRD” –IDE-GIRD- y se las ubica en 4 escenarios posibles:
A. NO DESARROLLADO, valor entre 1 y 1.75, esta casilla se sombrea en color rojo,
indica que en dicho componente o variable no se ha realizado ninguna acción
relacionada con la GIRD.
B. INCIPIENTE, valor entre 1.76 y 2.50, esta casilla se sombrea de color naranja,
indica que en dicho componente se han dado algunos pasos que posibilitan el
inicio de acciones relacionadas con la GIRD, entre ellas la existencia de institución
responsable del tema.
C. EN DESARROLLO, valor entre 2.51 y 3.25, esta casilla se sombrea en color
amarillo, indica que se han realizado algunos avances en cuanto a marco legal,
gerencial, presupuestos, funciones y logística de trabajo.
D. DESARROLLADO, valor entre 3.26, esta casilla se sombrea en color verde,
indicándose que el tema esta abordado con integralidad, existe rectoría en el sector,
transparencia y en general hay una amplia participación social.
4.1 Planes sectoriales que se han considerado para el diagnóstico:
a) Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.
b) Plan Energético Nacional 2004-2015.
c) Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, Ministerio de la Mujer 2007-17.
d) Plan Estratégico de Desarrollo Turístico.
e) Plan de Seguridad Democrática de la República Dominicana.
f) Plan Decenal de Educación 2008-2018.
g) Plan Estratégico de Santiago 2010.
h) Plan Estratégico de INVI 2004-2008.
i) Plan Estratégico para el Desarrollo de Acuicultura.
j) Plan Hidrológico Nacional.
k) Plan Estratégico de Ciencias, Tecnologías e Innovación.
l) Plan Estratégico del Banco Nacional para el Fomento de la Vivienda y la Producción 2008-
12.
m) Plan Decenal de Salud 2006-2015.
n) Plan Estratégico de Industria y Comercio 2009.
o) Plan Estratégico del Servicio Geológico Nacional.
p) Plan Nacional de Reducción del Riesgo Sísmico.
q) Plan de Gestión de Riesgos de la Cruz Roja.
De los planes recopilados, los que pueden catalogarse como de Gestión Integral de Riesgos
son: Plan Nacional de Gestión de Riesgos, Plan Nacional de Reducción del Riesgo Sísmico
y Plan de Gestión de Riesgos de la Cruz Roja. En general los otros planes son catalogados
por su contenido como planes institucionales y en muchos casos planes de emergencia o
contingencia del sector, que están contenidos muchas veces dentro de los planes
institucionales y no como planes específicos de gestión de riesgos o emergencias. En este
sentido utilizamos como aspectos mínimos para valorar los planes como de Gestión Integral
de Riesgos, los siguientes:
Cuando se indica con claridad un horizonte de tiempo para el logro de los
objetivos estratégicos.
Se establecen mecanismos para el constante fortalecimiento institucional en todos los
niveles de la administración, desde el nivel local al nacional, con visión sistémica,
armonizada y con cadena de mando.
Si se fundamenta en el marco legal y normativo.
Se establece la rectoría de procesos, delimitación de funciones, responsabilidades y
competencias institucionales.
Se definen claramente las líneas estratégicas para financiar los planes, programas y
proyectos.
Se instituye una planificación territorial integrada concordancia con las necesidades
del contexto geográfico.
Se prioriza la generación de información territorial de manera oportuna y de calidad
para la toma de decisiones.
Promueve el diseño de escenarios de riesgo como herramienta de prospección para
el modelaje de una sociedad segura.
Define estrategias claras de formación de recursos humanos.
Evita la construcción de nuevos riesgos insertando el análisis de riesgo de desastres en
los procesos de inversión.
Promueve la transferencia del riesgo por medio del uso de seguros a costos accesibles.
Incluye como elemento de calidad en el diseño de proyectos el mantenimiento permanente
de infraestructura.
Generan indicadores de línea basal y para la evaluación de avances del plan.
Establece estrategia de evaluación y corrección de los riesgos existentes.
Fortalece una respuesta ágil, eficaz, eficiente y oportuna por medio de una
coordinación intersectorial e interinstitucional efectiva.
Garantiza una reconstrucción con transformación de las condiciones de riesgo
que favorecieron el daño y las pérdidas.
Promueve y consolida la recuperación de los medios de vida.
Fortalece el tejido social y su participación activa en todas las fases del proceso.
Eleva los niveles de conocimiento, percepción y resiliencia de la sociedad.
Estimula el desarrollo tecnológico para consolidar nuevos estándares de seguridad.
Consolida una cultura de seguridad territorial.
Promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social.
Establece los mecanismos de inserción, alineamiento y armonización de la
cooperación internacional.
Promueve efectiva comunicación del riesgo a la sociedad.
Incluye la responsabilidad institucional y profesional en el diseño de proyectos
inseguros con sanciones por prácticas inadecuadas.
4.2 Descripción de Resultados del Autodiagnóstico.
Componente 1: Conducción Política y Estratégica de la GIRD. Comprende 4 variables 1-
Visión, 2- Misión, 3- Políticas, 4- Ejes Estratégicos. En este componente el país obtiene
una puntuación de 1.88, correspondiente a un escenario INCIPIENTE. Los diferentes
documentos políticos- estratégicos de las instituciones y sectores que en su mayoría forman
parte de la Comisión Nacional de Emergencias y Comité Técnico no tienen incorporado de
manera explícita el componente de gestión de riesgo a desastres en sus planes y programas
de trabajo.
Componente 2: Marco Político Estratégico que orienta la GIRD. Valora la utilización de
declaratorias internacionales y regionales de carácter vinculante con el Estado
dominicano, la Constitución y Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y que se
relacionen estrechamente con la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Con una
puntuación de 1.57 se ubica en un escenario NO DESARROLLADO, es decir que no
se menciona en los marcos institucionales y sectoriales el compromiso de cumplimiento
de dichos compromisos y de usarlos como marco para la orientación de sus objetivos de
trabajo.
Componente 3: Gerencia del proceso de GIRD. Evalúa si aspectos como la rectoría,
existencia de comités técnico-científicos asesores, definición de competencias e
instrumentos y normatividad hacen una contribución esencial en el logro de los resultados
planteados. Este componente se valora en 1.76 que corresponde a un escenario EN
DESARROLLO, que dá como resultado una gestión deficiente en cuanto a la reducción
del riesgo de desastres en los procesos de desarrollo de las instituciones y sectores del país.
Componente 4: Financiamiento de la GIRD. Califica la existencia de presupuesto específico
para las acciones de intervención en este tema, la existencia de fondos de emergencia,
fondos específicos para corrección y prevención del riesgo de desastres. Se obtiene una
valoración de 1.35 que ubica este componente en NO DESARROLLADO. En general no
hay previsiones presupuestarias para financiar la reducción del riesgo o responder a
emergencias, situación que evidencia una baja capacidad de los sectores de apoyar las
actividades que implementa la Defensa Civil y el COE para atender el tema. Evidencia un
bajo nivel de resiliencia económica ante los desastres.
Componente 5: Incorporación de la GIRD en programas y proyectos de desarrollo.
Comprende variables como la obligatoriedad de hacer análisis de impacto ambiental y de
riesgo a desastres en proyectos de desarrollo, la evaluación de infraestructura existente y la
normatividad de aprobación de proyectos seguros ante desastres. El componente es valorado
en 1.83, es decir un escenario EN DESARROLLO que evidencia que la gran mayoría de
proyectos se están realizando sin incluir la variable riesgo o que existe un acelerado
proceso de construcción social del riesgo y con ello la acumulación de mucha
infraestructura con alto grado de vulnerabilidad ante los fenómenos territoriales. Cabe
destacar que algunos sectores como educación, infraestructura, agua, ambiente, agricultura
están relativamente avanzados en procesos de incorporación de criterios de seguridad
territorial en sus inversiones, pero aun con muchas limitaciones.
Componente 6: Capacidad sistémica de respuesta a emergencias y desastres. Se evalúan
evidencias relacionadas con la existencia de planes de emergencia, contingencia, protocolos
y normativa actuación en casos de emergencias y la participación de la sociedad en su
implementación. Se asigna un punteo de 1.95 correspondiente a un escenario
INCIPIENTE, aunque muy cercano al siguiente escenario, esto debido a que muchas
instituciones/sectores se encuentran trabajando en la elaboración de sus planes, sin embargo
es notoria la falta de recurso humano preparado y específico para realizar estas tareas. Las
implicaciones nacionales de esta situación son evidentes, ya que cuando han existido
emergencias la participación del Estado como sistema es valorado por la población como
deficiente y en general hay una limitada confianza en los procesos de respuesta.
Componente 7: Capacidades locales para la GIRD. Incluye como variables los niveles de
descentralización de capacidades, la existencia de planes de GIRD, creación de una unidad
especializada en el tema y la participación de la organización social local. Obtiene un
puntaje de 1.58, correspondiente a un escenario INCIPIENTE. El nivel central se
encuentra más desarrollado que el local, pero ambos tienen deficiencias notables, sin
embargo en este componente se avizoran cambios con la existencia de esfuerzos por
mejorar las capacidades de los COE locales y la creación de unidades de PMR en algunos
municipios piloto. La participación sectorial e institucional en los niveles locales es aun
baja y quienes participan no tienen capacidades temáticas para lograr una gestión exitosa.
Componente 8: Información territorial para la adecuada percepción y comunicación del
riesgo de desastres. Comprende variables como el acceso y disponibilidad de la
información territorial, la comunicación e información del riesgo, la producción de
información especializada sobre los riesgos existentes y la emisión de alertas. Con un
puntaje de 1.77, correspondiente a un escenario INCIPIENTE, este componente evidencia
la debilidad institucional al no contar con información pertinente y de calidad para la toma
de decisiones, no solo en cuanto a emergencias, sino principalmente en cuanto a la gestión
territorial. La poca información existente no está disponible y se requiere muchos trámites
burocráticos para acceder a ella. En general hay problemas de información cartográfica y
georeferenciada. Debe mencionarse que existen proyectos piloto que han iniciado procesos
de mapeo de municipios, sin embargo a nivel nacional hay deficiencia grave de información,
que no facilita la elaboración de mapas de riesgo. En general existe mapeo de amenazas,
pero no existe mapeo de la vulnerabilidad, lo cual dificulta realizar análisis integrado del
riesgo de desastres, nivel de exposición de la población y la infraestructura en general.
Componente 9: Desarrollo de una cultura de seguridad y resiliencia. Se cuantifica la
existencia de información y educación a la sociedad, la inclusión de contenidos curriculares
en la educación formal, cultura de voluntariado y programas de fortalecimiento de la
resiliencia. Se valoró con un puntaje de 1.36, correspondiente a un escenario NO
DESARROLLADO, lo que evidencia que la población tiene en general poco acceso a
información sobre amenazas y vulnerabilidad, no hay acciones específicas para generar
mayor capacidad de interactuar con ellas y manejarlas de una forma adecuada. Este
componente puede indicarnos que en momentos de emergencias existe el riesgo de una baja
cohesión social, limitada solidaridad y débil gobernabilidad.
Componente 10: Cultura de adaptación, transformación y evolución. Estima la capacidad del
país para incorporar conductas resilientes en su cotidianidad, luego de sufrir desastres, a
través de variables como la actualización de umbrales de protección, conocimientos,
actitudes, prácticas en forma de lecciones aprendidas, la adaptación de la infraestructura a
futuros desastres con el uso de tecnología limpia, saludable, segura y sostenible. Se
obtiene un puntaje de 1.45, correspondiente a un escenario NO DESARROLLADO, que
indica que el país no tiene la visión de transformación y adaptación necesarias para
mejorar su resiliencia ante nuevos fenómenos o amenazas, lo cual es preocupante, ya que
en el caso del cambio climático, se esperan eventos extremos y erráticos, lo cual en el caso
de la República Dominicana es muy peligroso porque sus principales amenazas se
relacionan con los procesos hidrometeorológicos.
Componente 11: Integralidad y ejes transversales de la GIRD. Por medio de variables
como la inclusión del componente de género, cultura, religión, derechos humanos y grupos
vulnerables valoramos la capacidad del sistema para atender a grupos que por sus
características presentan riesgos e impactos diferenciados ante los desastres. Obtiene un
puntaje de 1.73 que evidencia un escenario NO DESARROLLADO, aspecto que debe
valorarse en su contexto, ya que la República Dominicana es un país diverso, con un alto
predominio de la cultura machista, con una prevalencia de 1.5% de su población con VIH-
SIDA, con una población femenina en un acelerado proceso de inserción en los procesos
productivos, que en condiciones de desastres son altamente vulnerables y el no considerar
esta variable en los planes de gestión de riesgo y respuesta a emergencias y desastres puede
exponerlos a daños y pérdidas considerables.
4.3 Disponibilidad de información territorial y de mapas temáticos
En cuanto a los mapas temáticos y de multiamenaza. Si bien es cierto se han invertido
importantes recursos por parte de las instituciones públicas, buena parte de la información no se
encuentra disponible para la toma de decisiones estratégicas, e incluso el acceso a la misma es
restringido aún si se trata de las mismas instituciones públicas. Existen procesos administrativos
y burocráticos que retrasan el intercambio de información para las instituciones que deben
tomar acciones en la planificación. En ese sentido, es importante resaltar que al interior de las
instituciones se sabe quien posee la información, pero al mismo tiempo se hace ver el
complicado o imposible proceso de tener acceso a la información.
La calidad técnica de la información en general es buena, no obstante, se encuentran
georeferenciadas bajo distintos sistemas, provocando que la información potencialmente
mapeable para los fenómenos hidrometeorológicos sean poco realistas y adecuadas,
eventualmente arrojaría una interpretación desapegada de la realidad. La información por lo
tanto puede ser poco útil, es imperativo establecer protocolos para la elaboración de los mapas
base de lo contrario las confusiones y malos entendidos seguirán siendo dificultades
importantes a superar.
Finalmente, la toma de decisiones siempre está determinada por la información disponible
y accesible, a menos que se establezca un protocolo que permita el libre y gratuito
intercambio de información entre las instituciones responsables de la planificación
territorial, la respuesta ante emergencias será limitada, existe la posibilidad de dejar fuera
información vital para el proceso de recuperación post desastre, retrasando
significativamente procesos de gestión de riesgo.
V. BASE LEGAL DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
DE DESASTRES
El Plan Nacional tiene como sustento la Política Nacional de Gestión Integral del
Riesgo de Desastres expresada en la Ley 147-02, del 25 de marzo de 2002, sobre Gestión
de Riesgos.
5.1 Principios de la política
Los Principios generales que orientan la política de gestión de riesgos: Los principios
generales que orientan la acción de las entidades nacionales y locales, en relación con la
gestión de riesgos son los establecidos en el Artículo 1, de la Ley No. 147-02, y los
propuestos por los actores consultados, según se describen a continuación.
1. La protección: Las personas que se encuentran en el territorio nacional deben ser
protegidas en su vida e integridad física, su estructura productiva, sus bienes y su medio
ambiente frente a posibles desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir.
2. La prevención: La acción anticipada de reducción de la vulnerabilidad y las medidas
tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres son de interés
público y de obligatorio cumplimiento.
3. El ámbito de competencias: En las actividades de prevención, mitigación, preparación
y respuesta ante desastres se tendrán en cuenta, para los efectos de ejercicio de las
respectivas competencias, la observancia de los criterios de coordinación, concurrencia,
complementariedad y subsidiaridad institucional.
4. La coordinación: Las entidades de orden nacional, regional, provincial, municipal y
comunitario deberán garantizar que exista la debida armonía, consistencia, coherencia y
continuidad en sus actividades con relación a las demás instancias sectoriales y territoriales.
5. La participación: Durante las actividades de prevención, mitigación y respuesta ante
desastres, las entidades competentes velarán porque se hagan efectivos los canales y
procedimientos de participación ciudadana previstos por la ley.
6. La descentralización: Los organismos nacionales y las entidades regionales,
provinciales y municipales ejercerán libremente y autónomamente sus funciones en
materia de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, con estricta sujeción a las
atribuciones que a cada una de ellas se le haya asignado específicamente en la
Constitución y las leyes, así como en las disposiciones aquí contenidas y los reglamentos y
decretos dictados al efecto.
Adicionalmente a los precedentemente indicados, contenidos en la Ley 147-02, durante el
proceso de consulta se han agregado los siguientes:
Integralidad: promoveremos el enfoque holístico en los procesos de abordaje de los
problemas relacionados con el riesgo a desastres. Propiciaremos una gestión multisectorial,
multiinstitucional y multidisciplinaria que de manera responsable y participativa logre que
todos los sectores incluyan la Gestión Integral del Riesgo de Desastres como un eje
transversal en sus procesos de planificación.
Pertinencia cultural: nuestro enfoque es incluyente, de manera que la cosmovisión de los
diferentes grupos sociales del país sea considerada como la base para la planificación y el
desarrollo de actividades relacionadas con la Gestión Integral del Riesgo a Desastres.
Entendemos que dentro del territorio dominicano coexiste una amplia diversidad de grupos
sociales y religiosos, culturalmente diferenciados, que tienen el derecho a recibir atención
del Estado en concordancia con sus creencias y estilo de vida.
Equidad de género. Propugnamos por la generación de oportunidades de manera equitativa
para
mujeres
y
hombres,
con
equilibrio
de
participación
y
trato
(Oportunidad/Participación / Beneficios). Con el fin de reducir las brechas de género, es
necesario avanzar inicialmente visibilizando la forma diferenciada en que mujeres y
hombres se ven afectados por desastres y los roles que se les asignan frente a la gestión del
riesgo y a los procesos de desarrollo.
Gradualidad: estableceremos un proceso secuencial en tiempos y alcances de
implementación eficaz y eficiente de los instrumentos que garanticen el logro de los
objetivos de la política.
Seguridad Territorial: fortaleceremos los procesos de planificación territorial
orientándolos al desarrollo de un equilibrio entre sociedad y ecosistemas, de manera que el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales no exceda su capacidad de recuperación.
Transparencia: entendemos que el uso de los recursos debe ser transparente y que los
procesos de auditoría social y rendición de cuentas deben ser parte de nuestra cultura de
administración.
Complementariedad: facilitaremos el uso racional y coordinado de los recursos, de manera
que se den acciones sinérgicas entre los diferentes sectores y la cooperación nacional e
internacional.
5.2 Propósito de la Política
Este documento pretende dotar al Estado dominicano de un marco político-estratégico
orientador en materia de seguridad territorial y de gestión integral del riesgo de desastres,
que facilite el vínculo entre las decisiones de política con sus correspondientes mecanismos
e instrumentos de gestión, aplicación, monitoreo y evaluación, facilitando de esta manera el
cumplimiento de los mandatos de la Constitución política en cuanto a la protección de la
vida, los bienes y medios de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, con el propósito de:
“Construir un país seguro y resiliente ante los fenómenos naturales y antrópicos capaces de
generar desastres, por medio del desarrollo de un eficaz sistema nacional de gestión integral
del riesgo de desastres, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales,
que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y
poblaciones afectadas”.
5.3 Objetivo general de la política
“Evitar o reducir las pérdidas de vidas y los daños que pueden ocurrir sobre los bienes
públicos, materiales y ambientes de ciudadanos, como consecuencia de los riesgos
existentes y desastres de origen natural o causados por el hombre que se pueden presentar
en el territorio nacional”. (Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos).
5.4 Instrumentos de gestión
Los Instrumento de la política de gestión de riesgos son los establecidos en el Artículo 3,
de la Ley No. 147-02, los cuales se describen a continuación:
1. Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.
2. Plan Nacional de Gestión de Riesgos.
3. Plan Nacional de Emergencias.
4. Sistema Integrado Nacional de Información.
5. Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.
Sin embargo, a un plazo de 5 años, en concordancia con la nueva estructura y
administración del Estado dominicano que se propone en la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2010-2030 deben discutirse, consensuarse y aprobarse las reformas a los
actuales instrumentos de gestión, tomando como orientación el documento construido de
propuestas de actualización del marco legal dentro del proceso de “Actualización del Plan
Nacional de Gestión de Riesgos de la República Dominicana”:
1. Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
2. Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
3. Plan Nacional de Emergencias.
4. Reglamento del Sistema Nacional de Información para la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres.
5. Reglamento del Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
5.5 Líneas estratégicas de la política
En este sentido, se propone que los 4 objetivos generales explícitos en la Ley 147-02 sobre
Gestión de Riesgos, se denominen líneas estratégicas:
1. Reducción de riesgos y la prevención de desastres.
2. Socialización de la prevención y mitigación de riesgos.
3. Respuesta efectiva en caso de emergencia o desastre.
4. Recuperación rápida y sostenible de áreas y poblaciones afectadas.
Durante el proceso de consulta se ha sugerido, que con el propósito de lograr una mayor
integralidad en el enfoque filosófico de la política, se incorporen las siguientes líneas
estratégicas, que substituirían a las anteriores:
1. Evitar la construcción social del riesgo de desastres. Diseñar la seguridad y
protección territorial ante los fenómenos peligrosos con potencialidad de causar
desastres, sean éstos de origen natural o antropogénicos, con visión de largo plazo y
dentro del proceso de desarrollo sostenible.
2. Neutralizar, reducir o corregir el riesgo de desastres. Evaluar el nivel de riesgo de las
unidades sociales, las estructuras o edificaciones, líneas vitales, vías o medios de
comunicación y los medios de vida, considerando los fenómenos probables, la
vulnerabilidad existente ante cada fenómeno y el nivel de exposición a los mismos.
3. Reducir los daños y pérdidas de vidas, bienes y medios de vida, lograr un rápido retorno
a la cotidianidad y la reactivación económica. El desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la respuesta ante las
emergencias y desastres, asegurando un proceso de planificación participativa en las
acciones de preparación, alerta, rescate, asistencia humanitaria y rehabilitación.
4. Facilitar la evolución social a nuevos estándares de seguridad territorial ante desastres,
con visión de largo plazo y sostenibilidad. Implementar un proceso de recuperación
segura, con transformación de las condicionantes que favorecieron el daño y las
pérdidas de vidas, bienes y medios de vida.
VI. FUNCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN
Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
Funciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante
Desastres: Las Funciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta
ante Desastres, las mismas establecidas en el Artículo 7 de la Ley 147-02, las cuales se
describen a continuación:
1. Integrar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para garantizar un manejo
oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y
económicos que sean indispensables para la prevención, mitigación y respuesta,
rehabilitación y reconstrucción ante las situaciones de emergencias o desastres.
2. Coordinar las actividades de todas las entidades públicas, privadas y comunitarias en
materia de gestión de riesgos de acuerdo con sus responsabilidades y funciones.
3. Instalar y consolidar las redes, procedimientos y sistemas de detección y alerta de
fenómenos peligrosos para su vigilancia y aviso oportuno a la población.
4. Realizar estudios de evaluación y análisis de riesgo, teniendo en cuenta las amenazas
naturales, tecnológicas o provocadas por el hombre a que está sometido el país y la
vulnerabilidad de los asentamientos humanos expuestos.
5. Desarrollar y mantener actualizado un sistema integrado nacional de información que
sirva de base de conocimiento de las instituciones y la población en general para el
desarrollo de planes, programas y proyectos de prevención y mitigación de riesgos y de
preparación para la respuesta en caso de desastres.
6. Realizar divulgación e información pública en relación y comportamiento adecuado
de la comunidad en caso de desastres.
7. Incorporar criterios de gestión de riesgos en la planificación y en particular,
medidas preventivas de seguridad en los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo
económico y social.
8. Identificar los asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo y realizar el
manejo y tratamiento de los mismos con fines de prevención.
9. Articular la política ambiental y la de gestión de riesgos, con el fin de que la gestión
ambiental preventiva contribuya a la protección del ambiente y a la reducción de
riesgos.
10. Diseñar mecanismos eficientes para la coordinación y orientación de procesos de
reconstrucción y de recuperación sostenible.
11. Desarrollar y actualizar planes de emergencia y contingencia para la preparación,
respuesta y rehabilitación de la población en caso de desastres.
12. Establecer medidas de protección y contingencia en obras de infraestructura del sector
público y privado que garanticen su seguridad y funcionamiento inmediato en caso de
emergencias.
13. Fortalecer las entidades operativas de emergencias encargadas de dar respuesta
inmediata en caso de desastres, con el fin de mejorar su efectividad y eficiencia.
14. Incorporar los conceptos de gestión de riesgos en la educación formal, desarrollando
actividades de educación, tanto del sector público como privado.
15. Desarrollar un sistema de capacitación en gestión de riesgos de funcionarios de las
instituciones y de la comunidad.
16. Fortalecer el desarrollo institucional en materia de gestión de riesgos de las entidades
nacionales responsables.
17. Fortalecer el desarrollo institucional y la capacitación en gestión de riesgos a nivel de
las provincias y municipios para lograr un proceso descentralizado de la prevención,
mitigación y respuesta ante desastres.
18. Fortalecer la participación ciudadana en materia de gestión de riesgos e impulsar las
organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la reducción de riesgos y la
preparación para emergencias;
19. Cualquier otra función que se establezca por medio de leyes, decretos y reglamentos.
Las funciones del Sistema Nacional serán asignadas a las diferentes instituciones del sector
público y de la sociedad civil y serán definidas en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos
que será adoptado y actualizado mediante los reglamentos de aplicación de esta ley.
VII. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE
RIESGOS
Plan Nacional de Gestión de Riesgos: El Plan Nacional para Gestión de Riesgos se
establece en el Artículo 15 de la Ley No. 147-02, como el instrumento que define los
objetivos, estrategias, programas y subprogramas mediante los cuales se orientan las
actividades institucionales para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para
la respuesta y la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastres. Los ejes
programáticos del Plan Nacional de Gestión de Riesgos son:
1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización.
2. Fortalecer la reducción y la previsión de los factores de riesgo.
3. Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos para la alerta y respuesta.
4. Formación de recursos humanos, educación y capacitación.
5. Fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales en gestión de riesgos.
Según el PÁRRAFO I, del Artículo 15, de la Ley 147-02, es responsabilidad del Comité
Técnico de Prevención y Mitigación de Riesgos, la formulación y propuesta de la
actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y someterla a través de la Comisión
Nacional de Emergencias para fines de aprobación del Consejo Nacional de Prevención,
Mitigación y Respuesta ante Desastres. El mismo será aprobado por decreto.
Para el logro de las líneas programáticas se ha propuesto programas y subprogramas a
partir de los cuales las diferentes instituciones podrán generar proyectos para los diferentes
ámbitos geográficos y sectoriales según las prioridades establecidas y financiamiento
disponibles.
1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización:
1.1. Sistema Integrado Nacional de Información.
1.2. Evaluación del riesgo y socialización.
2. Fortalecer la reducción y la previsión de los factores de riesgo:
2.1. Previsión de riesgo.
2.2. Reducción del riesgo.
2.3. Reconstrucción y recuperación.
3. Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos para la alerta y respuesta:
3.1. Manejo de emergencias y desastres.
4. Formación de recursos humanos, educación y capacitación:
4.1. Formación de recursos humanos.
4.2. Educación y capacitación.
5.
Fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales en gestión de riesgos:
5.1. Capacidades institucionales.
5.2. Instancias de coordinación del Sistema Nacional
VIII. MATRIZ INDICATIVA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
LINEA PROGRAMÁTICA 1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización
Programas
Objetivo
Metas/Indicadores
Subprogramas
indicativos
DESCRIPCIÓN
PROYECTOS
AFINES
NSTITUCIONES CLAVE1
=Creado un Centro
Nacional de
Información Territorial
para la GIRD en 2013.
1.1.
Sistema
Integrado
Nacional de
información
CNE
Centro Nacional de
Información
Territorial para
GIRD.
Generar e
Integrar
información de
calidad de
ámbito nacional,
provincial,
municipal y
urbano, sobre
GIRD para la
correcta toma de
decisiones.
Comprende la construcción,
Ampliación o habilitación de
infraestructura y espacios
físicos que sirvan de sede
para el centro y los diferentes
nodos generadores de
información territorial para
la GIRD integrados al mismo
(meteorológica, sísmica,
hidrológica, territorial,
sistemas y líneas vitales, etc.).
Construcción de
Infraestructura.
Ampliación de
infraestructura.
Capacitación del
personal.
Equipamiento del
centro.
Mejoras no
estructurales en
espacios físicos.
=Aumentado en un 60%
el número de
instituciones que
generan y gestionan
información de GIRD en
2016 respecto del total
acumulado hasta el
2011.
=Aumentado en un 60%
el número de personas
que acceden a la
información de GIRD en
2016 respecto del total
que accedió en
2011.
MEPYD-DGODT SGN
MEDIO AMBIENTE INDRHI
ONAMET SISMOLOGICO
UNIVERSIDADES
AGRICULTURA CRUZ ROJA
FFAA EDUCACION COE
Diseño del sistema
o subsistemas de
información.
=Elaborado e
implementado un
Sistema de Evaluación
del PNGR en
2011.
Sistema de
Información
Territorial (que
incluya
información para
GIRD, modelos
digitales terreno,
imágenes de
satélite, entre
otros).
El sistema se compone de
subsistemas que, de manera
oficial, se diseñan para la
generación de información
sistematizada con
indicadores estándar para
todos los sectores,
instituciones y
organizaciones sociales
relacionadas con la GIRD, en
los diferentes formatos y
escalas aprobadas (bases de
datos, información satelital,
imágenes, mapas, videos,
etc.). Le
corresponde integrar la
información territorial y
difundirla a los diferentes
usuarios, debe contar
con un portal de libre acceso
a la sociedad dominicana e
internacional.
Sistema de
información
geográfica aplicado
al riesgo sísmico
SISMOLOGICO
SGN
ONESVIE
INDRHI
ONAMET
UNIVERSIDADES
MOPC
Diseño de
subsistemas de
información
sectorial o de
instituciones
afines (centros de
investigación,
universidades,
etc.).
Diseño o desarrollo del
subsistema
de información especializada
en el marco del Plan Nacional
de Reducción de Riesgo
Sísmico de la República
Dominicana. Le corresponde
integrar información
especializada en el tema,
difundirla y hacerla de libre
acceso.
1 Cuando para un subprograma se alude como la institución clave a la CNE, se refiere a todas las instancias de
coordinación de la misma y a las instituciones sectoriales que la conforman.
LINEA PROGRAMÁTICA 1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su
Subprograma
DESCRIPCIÓN
PROYECTOS
socialización
Programas
Objetivo
Metas/Indicadores
s indicativos
AFINES
INSTITUCIONES
CLAVE1
SALUD PUBLICA
AYUNTAMIENTOS
EDUCACION INAPA
CAASD
MEDIO AMBIENTE
Sistema de
información
epidemiológica.
(Ej. Cólera,
Dengue,
Leptospirosis,
H1N1, etc.)
Diseño de
subsistemas de
información
sectorial o de
instituciones
afines (centros de
investigación,
universidades,
etc.).
Diseño o desarrollo del
subsistema de
información
especializada en el
marco del Sistema
Nacional de Salud de la
República Dominicana.
Le corresponde integrar
información
especializada en el tema,
difundirla y hacerla de
libre acceso.
Sistema de
información
ambiental
MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
UNIVERSIDADES
SERVICIO GEOLÓGICO
NACIONAL
Diseño de
subsistemas de
información
sectorial o de
instituciones
afines (centros de
investigación,
universidades,
etc.).
Diseño o desarrollo del
subsistema
de información
especializada en el
marco del Sistema
Nacional de Información
Ambiental de la
República Dominicana.
Le corresponde integrar
información
especializada en el tema,
difundirla y hacerla de
libre acceso.
SISMOLOGICO
ONAMET
UNIVERSIDADES
AYUNTAMIENTOS-
CMPMR MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE
INDRHI
COE
Sistemas de
monitoreo de
fenómenos
peligrosos, SAT
y comunicación
oportuna.
Diseño o desarrollo de
sistemas y subsistemas
de alerta temprana y
mecanismos de
comunicación oportuna a
los interesados. Le
corresponde integrar
información
especializada en el tema,
difundirla y hacerla de
libre acceso.
Diseño de
sistemas y
subsistemas de
alerta temprana
(centros de
investigación,
universidades,
gobiernos
provinciales y
municipales,
comunidades,
etc.).
CNE
Línea de base
Diagnósticos,
análisis
situacionales
Consultorías
Sistema de
evaluación y
Nacional de
Gestión de
seguimiento del
Plan Riesgo
Diseño e implementación
del
subsistema de
evaluación de ejecución e
impacto del PNGR, base
para informes parciales o
final, de niveles nacional,
sectorial, institucional o
social.
1 Cuando para un subprograma se alude como la institución clave a la CNE, se refiere a todas las
instancias de coordinación de la misma y a las instituciones sectoriales que la conforman.
LINEA PROGRAMÁTICA 1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del
riesgo y su socialización
Program
Subprogramas
DESCRIPCIÓN
PROYECTOS
INSTITUCIONES
as
indicativos
AFINES
Objetivo
Metas/Indicadore
s
Seguridad de
infraestructura vital
ante desastres (salud,
educación, etc.)
CLAVE1
1.2.
Evaluación
del
riesgo y
socialización
=Aumentado en un
60% el número de
infraestructura vital
evaluada en 2016
respecto del total
evaluado hasta
2011.
UNIVERSIDADES
BOMBEROS
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
UNIVERSIDAD
EDUCACION MOPC
INDHRI INAPA
CDEEE
Evaluación del nivel de
seguridad de la
infraestructura vital
ante desastres,
utilizando
metodologías
estandarizadas con el
propósito de
certificación o
acreditación nacional e
internacional
Salud, centros
educativos, agua
y saneamiento,
puentes,
carreteras,
presas, centrales
eléctricas, plantas
de producción
petróleo, gas,
centrales
telefónicas,etc.
=Aumentado en un
50% el número de
municipios
evaluados en 2016
respecto del total
evaluados hasta
2011.
Evaluación del riesgo
ante las principales
amenazas del país
(sísmico, fenómenos
hidrometeorológicos,
deslizamientos,
incendios, sanitarios)
ISU
SGN ONESVIE
AYUNTAMIENTOS-
CMPRM
DEFENSA CIVIL
CRUZ ROJA
BOMBEROS MEDIO
AMBIENTE
Elaboración de
diagnósticos para
valorar el nivel de
riesgo ante amenazas
específicas de carácter
natural o antrópico, en
ámbitos territoriales:
nacional, provincial,
municipal y local.
Mapas,
peligrosidad,
escenarios de
daños,
estimaciones de
impactos
negativos o
adversos para
diferentes
amenazas
=Elaborados
diagnósticos de
riesgo
con apoyo
cartográfico en los
45 municipios más
vulnerables al 2016.
Líneas de base,
diagnósticos,
caracterizaciones
de exposición y
vulnerabilidad
Evaluación de la
vulnerabilidad física,
ambiental, social y
económica.
Evaluar el nivel
de riesgo y
exposición a
fenómenos
naturales y
antropogénico
s en
asentamientos
humanos,
infraestructura
vital.
(Antes y
después de un
desastre)
Elaboración de
diagnósticos de
exposición y
vulnerabilidad en los
diferentes ámbitos
territoriales: nacional,
provincial, municipal y
local.
CNE
DEFENSA CIVIL
UNIVERSIDADES
SALUD
MEDIO AMBIENTE
EDUCACION MEPYD
MINISTERIO DE LA
MUJER
AYUNTAMIENTOS
=Elaborado
diagnóstico de riesgo
sanitario con apoyo
cartográfico a escala
nacional en 2013.
=Formulado un
sistema de
evaluación
de vulnerabilidad en
2013.
Evaluación de riesgo
en asentamientos
humanos
AYUNTAMIENTOS
DGODT
SGN
CRUZ ROJA
DEFENSA CIVIL
Evaluación integrada
de riesgo (amenaza y
vulnerabilidad) en
asentamientos
humanos en diferentes
ámbitos territoriales:
nacional, provincial,
municipal y local.
Diagnósticos,
mapas,
proyección de
ocupación y uso
de suelo, estudios
de territorio para
reubicación,
diseños de
reubicación
=Formulada e
implementada en un
50% una estrategia
de socialización
del riesgo en 2016
Socialización de la
evaluación del riesgo
EDUCACION
AYUNTAMIENTOS
UNIVERSIDADES
Diseño de una
estrategia de
divulgación de los
resultados de la
evaluación del riesgo
en todos los ámbitos
territoriales: nacional,
provincial, municipal y
local.
Programas,
videos, spots
radiales,
trifoliares,
anuncios
televisados,
campañas y
jornadas
informativas
1 cuando para un subprograma se alude como la institución clave a la CNE, se refiere a todas las
instancias de coordinación de la misma y a las instituciones sectoriales que la conforman.
LÍNEA PROGRAMÁTICA 2. Fortalecer la reducción y la previsión de los factores
de riesgo
Programas
Objetivo
Metas/Indicadores
Subprogramas
DESCRIPCIÓN
PROYECTOS
INSTITUCIONES
indicativos
AFINES
CLAVE2
2.1.
Previsión de
riesgo.
MEPYD OTRAS
INSTITUCIONES DEL
SISTEMA.
Incorporar la
previsión de
riesgos en los
planes de
desarrollo
Análisis de Riesgo de
Desastres en planes,
programas y
proyectos de
desarrollo.
=Desarrollado el
instrumento
normativo para
realizar ARD en sitios
de emplazamiento de
infraestructura en
Marco legal a nivel
nacional,
ministerios,
instituciones,
organizaciones
sociales, sector
privado.
Consultorías o
estudios para
incorporar el
Análisis de Riesgo de
Desastres en los
programas, planes y
proyectos de
desarrollo en los
diferentes ámbitos
territoriales:
nacional, provincial,
municipal y local.
Incluye el análisis ex-
=Elaborado un
inventario de
normativa existente
relacionada con ARD
y propuesta de
armonización legal en
Cédulas, pasaportes, teléfonos, correos y domicilios tapados por Notifacto. Texto extraído del PDF original (en los documentos antiguos, por reconocimiento de imagen): puede tener errores de lectura.