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Decreto

Decreto 275-13

que aprueba el Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres en la República Dominicana, elaborado por la Comisión de Emergencias y la Defensa Civil

Documento original (Consultoría Jurídica) →Consultar normas en ChatLeyes →
13 sept de 2013fecha
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G. O. 10730Gaceta Oficial del 27 sept de 2013
Poder Ejecutivoórgano

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Dec. No. 275-13 que aprueba el Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres en la República Dominicana, elaborado por la Comisión de Emergencias y la Defensa Civil. G. O. No. 10730 del 27 de septiembre de 2013. DANILO MEDINA Presidente de la República Dominicana NÚMERO 275-13 Considerando: Que el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo Sísmico, son los instrumentos que definen los objetivos estratégicos, programas y subprogramas mediante los cuales se orientan las actividades institucionales para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para la respuesta y la rehabilitación y reconstrucción en casos de desastres. Visto: El Artículo 15 de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente D E C R E T O: Artículo 1. Se aprueba el Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres en la República Dominicana, elaborado por la Comisión de Emergencias y la Defensa Civil, el cual copiado in extenso establece como sigue: "I. PRESENTACION. La Ley 147-02 ordena la formulación y ejecución del presente Plan Nacional de Gestión de Riesgos de República Dominicana, como uno de los instrumentos de la política de gestión de riesgos, y responsabiliza al Comité Técnico Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos, adscrito a la Comisión Nacional de Emergencias, de proponer y someter las actualizaciones correspondientes. Tiene como propósito definir los lineamientos de política y los principios básicos que deben desarrollar las instituciones de los sectores público y privado, así como las organizaciones sociales, para la ejecución de programas y acciones dirigidos a reducir los riesgos existentes, garantizar mejores condiciones de seguridad de la población y proteger su patrimonio económico, social, ambiental y cultural. El documento se elaboró gracias al buen desempeño del Comité Técnico Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos, por lo que se aprovechó el acervo técnico de las instituciones que conforman el Sistema y, al mismo tiempo, se incorporó la experiencia acumulada de las demás instancias de coordinación. Para ello, se contó con un equipo de consultores, quienes a su vez se apoyaron en referencias bibliográficas, así como en entrevistas y talleres participativos, siendo estos dos últimos claves en la redacción de un autodiagnóstico efectivo y en la formulación de un documento adaptado a la realidad institucional y social dominicana. La bibliografía consulta y disponible a la fecha de formulación del Plan, contribuyó en gran medida a crear una imagen evolutiva del Sistema Nacional de PMR. El autodiagnostico informa sobre la situación institucional del riesgo de desastres en el país, basado en 11 componentes y 44 variables. El estudio permitió a los actores consultados y al equipo consultor identificar sectores, instituciones y áreas críticas que necesitan intervención para elevar las capacidades de gestión territorial y de desastres. Si bien el diagnóstico tiene un alto valor para orientar las propuestas de actuación, es necesario señalar que la disponibilidad y calidad de la información a la que se tuvo acceso fue baja, lo cual restringe la representación adecuada del mismo, especialmente en lo relativo a bases de datos georeferenciados para la elaboración de mapas temáticos. Los talleres se realizaron tanto en Santo Domingo como en las provincias del país, en los cuales participó la mayor cantidad posible de actores institucionales y de la sociedad civil. Por razones de tiempo, no pudieron ser consultados todos los actores, pero al menos los más destacados estuvieron presentes. Los talleres, aparte de constituir un instrumento fundamental para adaptar las propuestas, sirvieron para identificar la divergencia entre los que proponen los planes sectoriales e institucionales en el nivel central, y lo que realmente ocurre en el territorio. El Plan Nacional que se presenta es la herramienta que define la implementación de la Política de Gestión de Riesgos para los próximos cinco años. En la matriz indicativa de implementación del Plan, se recogen los programas y subprogramas, dentro las cinco líneas programáticas establecidas por la Ley 147-02, que serán desarrollados mediante proyectos por las instituciones que conforman el SN-PMR. La matriz también incluye una batería de indicadores, con los que se podrá hacer seguimiento y evaluación al Plan. Este documento viene a atender una necesidad imperiosa para contribuir al desarrollo del país, dadas las múltiples amenazas que lo afectan frecuentemente. La evidencia científica sugiere que los fenómenos meteorológicos están siendo más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático. Durante las últimas dos décadas (1988–2007), el 76 por ciento de todos los desastres en el mundo, fueron causados por fenómenos de carácter hidrometeorológico. La República Dominicana no fue la excepción, impactada por el huracán Georges en 1998, importantes inundaciones en 2003, la riada de Jimaní y la tormenta-huracán Jeanne en 2004, las tormentas Noel y Olga en 2007, entre otros. Finalmente, señalar el aporte económico y el acompañamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en este proceso. También fueron de gran valor los aportes realizados por otras agencias y por las diversas ONGD humanitarias y de gestión de riesgos que trabajan en el país. En estas breves palabras queremos agradecer a todas sus valiosas aportaciones. II. INTRODUCCIÓN Desde siempre, la humanidad ha tenido que hacer frente a desastres desencadenados por fenómenos naturales como ciclones, inundaciones, sequías, terremotos, erupciones volcánicas, fuertes vientos, deslizamientos, lluvias excesivas o escasas, incendios, entre otros. Sin embargo, la ocurrencia de un fenómeno natural no es por sí misma causante de desastre. Este se produce cuando impacta a una comunidad vulnerable, expuesta y/o mal preparada. Por lo tanto, los desastres “naturales” no son una consecuencia directa y exclusiva de los fenómenos de la naturaleza, sino que son resultado principalmente del contexto social, político y económico del lugar en el que ocurren. El Estado dominicano ha venido impulsando desde hace décadas medidas tendentes a reforzar la capacidad para reducir el impacto de los fenómenos naturales y aumentar la resiliencia, mediante la dotación a las instituciones y a la propia sociedad de herramientas que faciliten la reducción de riesgos. Entre éstas destaca la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-30, que fija como Visión País lo siguiente: “República Dominicana es un país próspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz, con igualdad de oportunidades, en un marco de democracia participativa, ciudadanía responsable e inserción competitiva en la economía global, y que aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora y sostenible”. El proceso de “Actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de la República Dominicana”, desarrollado de diciembre de 2010 a julio de 2011, ha permitido redimensionar las capacidades y responsabilidades que un sistema moderno de gestión de riesgos de desastres debe contener. Este documento, evidencia precisamente el esfuerzo por delimitar con precisión los roles y responsabilidades institucionales que debe ejercer el Estado dominicano. Realiza igualmente un modelaje del escenario futuro encaminado a la construcción de un país resiliente ante los desastres, como una condición necesaria e impostergable, que sirva de andamiaje para el desarrollo sostenible del país. Dentro de un Estado, la garantía de los derechos universales de sus habitantes depende en gran medida de las condiciones de seguridad territorial ante los fenómenos naturales y antrópicos del territorio. Al ocurrir un desastre, generalmente resulta afectado el derecho a la vida, el derecho a la libre circulación, el derecho a la educación, el derecho a recibir servicios de salud de calidad, el derecho a una vivienda digna y segura, el derecho a un trabajo, el derecho a la alimentación y el derecho a la protección y a recibir seguridad, entre otros. El Plan constituye el primer paso para fortalecer las acciones de prevención, mitigación y respuesta inherentes a los diferentes sectores. Para completar el ciclo, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de PMR ante Desastres deben asumir su responsabilidad, desarrollando capacidades y realizando una gestión compatible con las amenazas naturales con potencial de generar emergencias y desastres. El documento reconoce que las capacidades institucionales son especialmente importantes para gestionar adecuadamente y de manera coordinada los riesgos en todos los ámbitos, desde el nacional hasta el local. En tal sentido, el papel coordinador de la Comisión Nacional de Emergencias es vital, porque es la única entidad capaz de lograr que se concreten exitosamente los objetivos planteados y se desarrollan las cinco líneas programáticas contempladas. III. Antecedentes y Justificación 3.1. Existen varios documentos que se refieren a la Gestión de Riesgos en la República Dominicana; sin embargo, para propósitos del este plan, se han tomado en cuenta los siguientes documentos, por considerarlos fundamentales, atendiendo su calidad y pertinencia: 1. Plan Nacional de Gestión de Riesgos elaborado en 2001, en el marco de la consultoría financiada con fondos del préstamo del BID 1152/OC-DR, dentro del componente 4, cuyo objetivo era “Dotar a las instituciones de PMR de instrumentos institucionales modernos y efectivos”, y que estuvo bajo la responsabilidad del ingeniero Omar Darío Cardona. Esta propuesta de considerable calidad técnica y pertinencia, probablemente muy avanzado dentro del contexto político y legal del país al momento de su formulación, no contó con el andamiaje necesario para su implementación, especialmente en cuatro aspectos: el marco legal, marco institucional, marco presupuestario y mecanismos de monitoreo/evaluación de avances. 2. El informe nacional sobre el progreso en la implementación del Marco de Acción de Hyogo en la República Dominicana del 2008, que identifica que existe un avance mínimo y limitado en los aspectos evaluados, indicando que: • Se necesita una estrategia nacional de desarrollo que incluye políticas para la reducción de riesgo a desastres y sus respectivos instrumentos. • La creación y fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las amenazas. • En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de los criterios de reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de preparación para situaciones de emergencia, respuesta y recuperación. 3. Evaluación de la Capacidad Nacional de Respuesta a Desastres 2005, realizada a solicitud del Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias al Sistema de Naciones Unidas y realizada a través de una misión de 9 expertos de OCHA en marzo de 2005. Se realizaron entrevistas con representantes de instituciones públicas, privadas y ONG’s, además de visitar provincias y municipios de algunas regiones del país. Los aspectos contemplados en la evaluación fueron: marco legal, estructuras organizacionales, capacidades y procedimientos de respuesta, mecanismos de coordinación, esfuerzos de planificación para contingencias y alerta temprana, integración de ayuda internacional, educación y capacitación, concientización pública. El equipo consultor presentó 53 recomendaciones. Posteriormente en mayo del 2010 se realizó otra misión para evaluar el cumplimiento de las mismas, que indicó que 8 recomendaciones fueron cumplidas (15%); 35 en las cuales se han podido notar implementaciones parcialmente cumplidas (66%); 9 no cumplidas (17%); y 1 para la cual no se tuvo información (2%). Los detalles de dicho informe no los presentamos por ser preliminares y no estar en versión final. 4. Diagnóstico de la situación de la República Dominicana en cuanto a la reducción de riesgos a desastres, realizado en julio de 2010 por una misión a cargo de Ricardo Mena en su calidad de jefe de la oficina de la UNISDR para las Américas. En sus consideraciones finales indican que “es evidente la necesidad de fortalecer las bases locales de la gestión de riesgo a desastres, al igual que activar los mecanismos para una apropiada canalización de recursos hacia la prevención y mitigación de desastres, a manera de lograr elevar el perfil del tema como una prioridad nacional”. El informe resalta:  Como mayor avance la existencia de la Ley 147-02 que sienta las bases para el establecimiento de un Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta a Desastres y sus instrumentos de implementación.  Importante rezago en la reducción de los factores subyacentes del riesgo y vacíos importantes en la apropiación sectorial del tema.  Limitaciones importantes en la gobernabilidad debido a una débil implementación de los marcos normativos y consolidación del sistema de PMR.  Debilidad de las bases locales para la gestión de riesgos.  Avances importantes en la institucionalidad ligada a la información territorial.  Debilidades importantes en la socialización de información.  Debilidad en el manejo de alerta temprana y estrategias de comunicación del riesgo.  Alta dependencia de cooperación internacional para el fortalecimiento del sistema y sus iniciativas al nivel local.  Se debe mejorar sensiblemente en el tema de la delimitación de responsabilidades.  Falta de recursos financieros para soportar las actividades del Plan de PMR.  Urgente necesidad de iniciativas para la reducción de riesgo en el ámbito de la inversión pública y el ordenamiento territorial.  Desarrollar la Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres. 3.2 Justificación República Dominicana es un país caribeño con 48,670.22 kilómetros cuadrados y más de 9 millones de habitantes, que comparte la isla de La Española con la vecina República de Haití. Se ubica en el borde Norte de la Placa del Caribe, en el corredor de los huracanes del Atlántico Norte y también influenciado, en determinadas estaciones del año, por masas de aire frío provenientes del norte. Su accidentada topografía favorece el desarrollo de fenómenos gravitacionales. Además, por su gradiente altitudinal, determinadas cuencas desarrollan fenómenos de inundación IV. Diagnóstico de Capacidades de Gestión de Riesgo de Desastres de la República Dominicana Para el diagnóstico del estado de riesgo de desastres en la República Dominicana se realizó la recopilación y análisis de diferentes documentos de carácter internacional, nacional, provincial y municipal existentes en los cuales se hace referencia al mismo. Entre estos documentos destacan los Objetivos del Milenio, el Marco de Acción de Hyogo, la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, la Constitución Nacional de la República Dominicana, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-30, diagnósticos realizados por instituciones, Situación de la República Dominicana en cuanto a la RRD realizado por equipo de la EIRD, Diagnóstico Institucional de la Oficina Nacional de Evaluación, Programa Prevención de Desastres de la Región Nordeste, Documento Temático Gestión de Riesgos en el Marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, Plan Municipal de Gestión de Riesgos del municipio de Pimentel, Plan Nacional de Salud en Situaciones de Desastres del Ministerio de Salud Pública, Plan del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 1996, Cartografía Nacional, Imagen Digital del país, entre otros. En función de ello se desarrollaron visitas y entrevistas estructuradas con diferentes actores estratégicos relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres, se realizó el análisis de lo recopilado y se diseñó un instrumento de autodiagnóstico que hemos denominado Histograma de Autodiagnóstico, que comprende 11 componentes y 44 variables. Estos histogramas se llenaron con los representantes de los sectores por medio de talleres en los que se organizaron mesas de trabajo específicas, en algunos casos por la magnitud y especialización temática se realizaron llenados del histograma por instituciones, que luego se integraron al del sector. Las actividades que se desarrollaron son: a. Coordinación con autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias –CNE- y coordinadora del Comité Técnico Nacional (CTN) para la presentación de la consultoría a los diferentes actores, especialmente al pleno del CTN y la CNE. b. Recopilación y recepción de políticas, leyes, reglamentos, informes de otras evaluaciones y otros documentos considerados de importancia, proporcionados por las autoridades de la CNE y otros actores institucionales. c. Reuniones del equipo consultor para la planificación de trabajo de diagnóstico: recopilación de información, priorización de sectores a considerar, selección de actores para entrevista, programación de actividades, división de responsabilidades, análisis permanente de avances. d. Elaboración del instrumento de entrevista estructurada para los diferentes actores sociales. e. Envío de entrevista estructurada y visitas a los actores sociales seleccionados para solución de dudas y ampliaciones que se consideraron necesarias para comprender el escenario planteado. f. Entrevista con funcionarios de otros proyectos que han realizado diagnósticos similares. g. Diseño de guía de autodiagnóstico y del instrumento de autodiagnóstico para sectores e instituciones. h. Inducción y estandarización del equipo consultor sobre uso del autodiagnóstico. i. Programación y ejecución de cuatro talleres de autodiagnóstico sectorial. j. Programación y ejecución de tres talleres regionales para auto-diagnóstico. k. Recopilación y análisis de documentos relacionados con la consultoría, a nivel nacional e internacional. l. Asistencia a las actividades académicas y otros foros donde se discuten aspectos relacionados con la consultoría. m. Reuniones mensuales con comisión nacional y comité técnico para presentar avances y resultados de la consultoría. n. Reuniones de trabajo con foro de cooperantes y actores de sociedad civil. o. Redacción de productos intermedios y finales. p. Validación de los resultados del proceso con las autoridades del Comité Técnico de PMR. q. Socialización y validación en el nivel territorial a través de 4 talleres provinciales, con la participación de múltiples actores locales tanto del sector público, como del privado. r. 1 taller de socialización y validación final con la Comisión Nacional y Comité Técnico de PMR, actores de sociedad civil y de la cooperación internacional. El proceso de autodiagnóstico clasifica a las instituciones en función del “Índice de Desarrollo Específico de la GIRD” –IDE-GIRD- y se las ubica en 4 escenarios posibles: A. NO DESARROLLADO, valor entre 1 y 1.75, esta casilla se sombrea en color rojo, indica que en dicho componente o variable no se ha realizado ninguna acción relacionada con la GIRD. B. INCIPIENTE, valor entre 1.76 y 2.50, esta casilla se sombrea de color naranja, indica que en dicho componente se han dado algunos pasos que posibilitan el inicio de acciones relacionadas con la GIRD, entre ellas la existencia de institución responsable del tema. C. EN DESARROLLO, valor entre 2.51 y 3.25, esta casilla se sombrea en color amarillo, indica que se han realizado algunos avances en cuanto a marco legal, gerencial, presupuestos, funciones y logística de trabajo. D. DESARROLLADO, valor entre 3.26, esta casilla se sombrea en color verde, indicándose que el tema esta abordado con integralidad, existe rectoría en el sector, transparencia y en general hay una amplia participación social. 4.1 Planes sectoriales que se han considerado para el diagnóstico: a) Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. b) Plan Energético Nacional 2004-2015. c) Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, Ministerio de la Mujer 2007-17. d) Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. e) Plan de Seguridad Democrática de la República Dominicana. f) Plan Decenal de Educación 2008-2018. g) Plan Estratégico de Santiago 2010. h) Plan Estratégico de INVI 2004-2008. i) Plan Estratégico para el Desarrollo de Acuicultura. j) Plan Hidrológico Nacional. k) Plan Estratégico de Ciencias, Tecnologías e Innovación. l) Plan Estratégico del Banco Nacional para el Fomento de la Vivienda y la Producción 2008- 12. m) Plan Decenal de Salud 2006-2015. n) Plan Estratégico de Industria y Comercio 2009. o) Plan Estratégico del Servicio Geológico Nacional. p) Plan Nacional de Reducción del Riesgo Sísmico. q) Plan de Gestión de Riesgos de la Cruz Roja. De los planes recopilados, los que pueden catalogarse como de Gestión Integral de Riesgos son: Plan Nacional de Gestión de Riesgos, Plan Nacional de Reducción del Riesgo Sísmico y Plan de Gestión de Riesgos de la Cruz Roja. En general los otros planes son catalogados por su contenido como planes institucionales y en muchos casos planes de emergencia o contingencia del sector, que están contenidos muchas veces dentro de los planes institucionales y no como planes específicos de gestión de riesgos o emergencias. En este sentido utilizamos como aspectos mínimos para valorar los planes como de Gestión Integral de Riesgos, los siguientes:  Cuando se indica con claridad un horizonte de tiempo para el logro de los objetivos estratégicos.  Se establecen mecanismos para el constante fortalecimiento institucional en todos los niveles de la administración, desde el nivel local al nacional, con visión sistémica, armonizada y con cadena de mando.  Si se fundamenta en el marco legal y normativo.  Se establece la rectoría de procesos, delimitación de funciones, responsabilidades y competencias institucionales.  Se definen claramente las líneas estratégicas para financiar los planes, programas y proyectos.  Se instituye una planificación territorial integrada concordancia con las necesidades del contexto geográfico.  Se prioriza la generación de información territorial de manera oportuna y de calidad para la toma de decisiones.  Promueve el diseño de escenarios de riesgo como herramienta de prospección para el modelaje de una sociedad segura.  Define estrategias claras de formación de recursos humanos.  Evita la construcción de nuevos riesgos insertando el análisis de riesgo de desastres en los procesos de inversión.  Promueve la transferencia del riesgo por medio del uso de seguros a costos accesibles.  Incluye como elemento de calidad en el diseño de proyectos el mantenimiento permanente de infraestructura.  Generan indicadores de línea basal y para la evaluación de avances del plan.  Establece estrategia de evaluación y corrección de los riesgos existentes.  Fortalece una respuesta ágil, eficaz, eficiente y oportuna por medio de una coordinación intersectorial e interinstitucional efectiva.  Garantiza una reconstrucción con transformación de las condiciones de riesgo que favorecieron el daño y las pérdidas.  Promueve y consolida la recuperación de los medios de vida.  Fortalece el tejido social y su participación activa en todas las fases del proceso.  Eleva los niveles de conocimiento, percepción y resiliencia de la sociedad.  Estimula el desarrollo tecnológico para consolidar nuevos estándares de seguridad.  Consolida una cultura de seguridad territorial.  Promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social.  Establece los mecanismos de inserción, alineamiento y armonización de la cooperación internacional.  Promueve efectiva comunicación del riesgo a la sociedad.  Incluye la responsabilidad institucional y profesional en el diseño de proyectos inseguros con sanciones por prácticas inadecuadas. 4.2 Descripción de Resultados del Autodiagnóstico. Componente 1: Conducción Política y Estratégica de la GIRD. Comprende 4 variables 1- Visión, 2- Misión, 3- Políticas, 4- Ejes Estratégicos. En este componente el país obtiene una puntuación de 1.88, correspondiente a un escenario INCIPIENTE. Los diferentes documentos políticos- estratégicos de las instituciones y sectores que en su mayoría forman parte de la Comisión Nacional de Emergencias y Comité Técnico no tienen incorporado de manera explícita el componente de gestión de riesgo a desastres en sus planes y programas de trabajo. Componente 2: Marco Político Estratégico que orienta la GIRD. Valora la utilización de declaratorias internacionales y regionales de carácter vinculante con el Estado dominicano, la Constitución y Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y que se relacionen estrechamente con la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Con una puntuación de 1.57 se ubica en un escenario NO DESARROLLADO, es decir que no se menciona en los marcos institucionales y sectoriales el compromiso de cumplimiento de dichos compromisos y de usarlos como marco para la orientación de sus objetivos de trabajo. Componente 3: Gerencia del proceso de GIRD. Evalúa si aspectos como la rectoría, existencia de comités técnico-científicos asesores, definición de competencias e instrumentos y normatividad hacen una contribución esencial en el logro de los resultados planteados. Este componente se valora en 1.76 que corresponde a un escenario EN DESARROLLO, que dá como resultado una gestión deficiente en cuanto a la reducción del riesgo de desastres en los procesos de desarrollo de las instituciones y sectores del país. Componente 4: Financiamiento de la GIRD. Califica la existencia de presupuesto específico para las acciones de intervención en este tema, la existencia de fondos de emergencia, fondos específicos para corrección y prevención del riesgo de desastres. Se obtiene una valoración de 1.35 que ubica este componente en NO DESARROLLADO. En general no hay previsiones presupuestarias para financiar la reducción del riesgo o responder a emergencias, situación que evidencia una baja capacidad de los sectores de apoyar las actividades que implementa la Defensa Civil y el COE para atender el tema. Evidencia un bajo nivel de resiliencia económica ante los desastres. Componente 5: Incorporación de la GIRD en programas y proyectos de desarrollo. Comprende variables como la obligatoriedad de hacer análisis de impacto ambiental y de riesgo a desastres en proyectos de desarrollo, la evaluación de infraestructura existente y la normatividad de aprobación de proyectos seguros ante desastres. El componente es valorado en 1.83, es decir un escenario EN DESARROLLO que evidencia que la gran mayoría de proyectos se están realizando sin incluir la variable riesgo o que existe un acelerado proceso de construcción social del riesgo y con ello la acumulación de mucha infraestructura con alto grado de vulnerabilidad ante los fenómenos territoriales. Cabe destacar que algunos sectores como educación, infraestructura, agua, ambiente, agricultura están relativamente avanzados en procesos de incorporación de criterios de seguridad territorial en sus inversiones, pero aun con muchas limitaciones. Componente 6: Capacidad sistémica de respuesta a emergencias y desastres. Se evalúan evidencias relacionadas con la existencia de planes de emergencia, contingencia, protocolos y normativa actuación en casos de emergencias y la participación de la sociedad en su implementación. Se asigna un punteo de 1.95 correspondiente a un escenario INCIPIENTE, aunque muy cercano al siguiente escenario, esto debido a que muchas instituciones/sectores se encuentran trabajando en la elaboración de sus planes, sin embargo es notoria la falta de recurso humano preparado y específico para realizar estas tareas. Las implicaciones nacionales de esta situación son evidentes, ya que cuando han existido emergencias la participación del Estado como sistema es valorado por la población como deficiente y en general hay una limitada confianza en los procesos de respuesta. Componente 7: Capacidades locales para la GIRD. Incluye como variables los niveles de descentralización de capacidades, la existencia de planes de GIRD, creación de una unidad especializada en el tema y la participación de la organización social local. Obtiene un puntaje de 1.58, correspondiente a un escenario INCIPIENTE. El nivel central se encuentra más desarrollado que el local, pero ambos tienen deficiencias notables, sin embargo en este componente se avizoran cambios con la existencia de esfuerzos por mejorar las capacidades de los COE locales y la creación de unidades de PMR en algunos municipios piloto. La participación sectorial e institucional en los niveles locales es aun baja y quienes participan no tienen capacidades temáticas para lograr una gestión exitosa. Componente 8: Información territorial para la adecuada percepción y comunicación del riesgo de desastres. Comprende variables como el acceso y disponibilidad de la información territorial, la comunicación e información del riesgo, la producción de información especializada sobre los riesgos existentes y la emisión de alertas. Con un puntaje de 1.77, correspondiente a un escenario INCIPIENTE, este componente evidencia la debilidad institucional al no contar con información pertinente y de calidad para la toma de decisiones, no solo en cuanto a emergencias, sino principalmente en cuanto a la gestión territorial. La poca información existente no está disponible y se requiere muchos trámites burocráticos para acceder a ella. En general hay problemas de información cartográfica y georeferenciada. Debe mencionarse que existen proyectos piloto que han iniciado procesos de mapeo de municipios, sin embargo a nivel nacional hay deficiencia grave de información, que no facilita la elaboración de mapas de riesgo. En general existe mapeo de amenazas, pero no existe mapeo de la vulnerabilidad, lo cual dificulta realizar análisis integrado del riesgo de desastres, nivel de exposición de la población y la infraestructura en general. Componente 9: Desarrollo de una cultura de seguridad y resiliencia. Se cuantifica la existencia de información y educación a la sociedad, la inclusión de contenidos curriculares en la educación formal, cultura de voluntariado y programas de fortalecimiento de la resiliencia. Se valoró con un puntaje de 1.36, correspondiente a un escenario NO DESARROLLADO, lo que evidencia que la población tiene en general poco acceso a información sobre amenazas y vulnerabilidad, no hay acciones específicas para generar mayor capacidad de interactuar con ellas y manejarlas de una forma adecuada. Este componente puede indicarnos que en momentos de emergencias existe el riesgo de una baja cohesión social, limitada solidaridad y débil gobernabilidad. Componente 10: Cultura de adaptación, transformación y evolución. Estima la capacidad del país para incorporar conductas resilientes en su cotidianidad, luego de sufrir desastres, a través de variables como la actualización de umbrales de protección, conocimientos, actitudes, prácticas en forma de lecciones aprendidas, la adaptación de la infraestructura a futuros desastres con el uso de tecnología limpia, saludable, segura y sostenible. Se obtiene un puntaje de 1.45, correspondiente a un escenario NO DESARROLLADO, que indica que el país no tiene la visión de transformación y adaptación necesarias para mejorar su resiliencia ante nuevos fenómenos o amenazas, lo cual es preocupante, ya que en el caso del cambio climático, se esperan eventos extremos y erráticos, lo cual en el caso de la República Dominicana es muy peligroso porque sus principales amenazas se relacionan con los procesos hidrometeorológicos. Componente 11: Integralidad y ejes transversales de la GIRD. Por medio de variables como la inclusión del componente de género, cultura, religión, derechos humanos y grupos vulnerables valoramos la capacidad del sistema para atender a grupos que por sus características presentan riesgos e impactos diferenciados ante los desastres. Obtiene un puntaje de 1.73 que evidencia un escenario NO DESARROLLADO, aspecto que debe valorarse en su contexto, ya que la República Dominicana es un país diverso, con un alto predominio de la cultura machista, con una prevalencia de 1.5% de su población con VIH- SIDA, con una población femenina en un acelerado proceso de inserción en los procesos productivos, que en condiciones de desastres son altamente vulnerables y el no considerar esta variable en los planes de gestión de riesgo y respuesta a emergencias y desastres puede exponerlos a daños y pérdidas considerables. 4.3 Disponibilidad de información territorial y de mapas temáticos En cuanto a los mapas temáticos y de multiamenaza. Si bien es cierto se han invertido importantes recursos por parte de las instituciones públicas, buena parte de la información no se encuentra disponible para la toma de decisiones estratégicas, e incluso el acceso a la misma es restringido aún si se trata de las mismas instituciones públicas. Existen procesos administrativos y burocráticos que retrasan el intercambio de información para las instituciones que deben tomar acciones en la planificación. En ese sentido, es importante resaltar que al interior de las instituciones se sabe quien posee la información, pero al mismo tiempo se hace ver el complicado o imposible proceso de tener acceso a la información. La calidad técnica de la información en general es buena, no obstante, se encuentran georeferenciadas bajo distintos sistemas, provocando que la información potencialmente mapeable para los fenómenos hidrometeorológicos sean poco realistas y adecuadas, eventualmente arrojaría una interpretación desapegada de la realidad. La información por lo tanto puede ser poco útil, es imperativo establecer protocolos para la elaboración de los mapas base de lo contrario las confusiones y malos entendidos seguirán siendo dificultades importantes a superar. Finalmente, la toma de decisiones siempre está determinada por la información disponible y accesible, a menos que se establezca un protocolo que permita el libre y gratuito intercambio de información entre las instituciones responsables de la planificación territorial, la respuesta ante emergencias será limitada, existe la posibilidad de dejar fuera información vital para el proceso de recuperación post desastre, retrasando significativamente procesos de gestión de riesgo. V. BASE LEGAL DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES El Plan Nacional tiene como sustento la Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres expresada en la Ley 147-02, del 25 de marzo de 2002, sobre Gestión de Riesgos. 5.1 Principios de la política Los Principios generales que orientan la política de gestión de riesgos: Los principios generales que orientan la acción de las entidades nacionales y locales, en relación con la gestión de riesgos son los establecidos en el Artículo 1, de la Ley No. 147-02, y los propuestos por los actores consultados, según se describen a continuación. 1. La protección: Las personas que se encuentran en el territorio nacional deben ser protegidas en su vida e integridad física, su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir. 2. La prevención: La acción anticipada de reducción de la vulnerabilidad y las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres son de interés público y de obligatorio cumplimiento. 3. El ámbito de competencias: En las actividades de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante desastres se tendrán en cuenta, para los efectos de ejercicio de las respectivas competencias, la observancia de los criterios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad institucional. 4. La coordinación: Las entidades de orden nacional, regional, provincial, municipal y comunitario deberán garantizar que exista la debida armonía, consistencia, coherencia y continuidad en sus actividades con relación a las demás instancias sectoriales y territoriales. 5. La participación: Durante las actividades de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, las entidades competentes velarán porque se hagan efectivos los canales y procedimientos de participación ciudadana previstos por la ley. 6. La descentralización: Los organismos nacionales y las entidades regionales, provinciales y municipales ejercerán libremente y autónomamente sus funciones en materia de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se le haya asignado específicamente en la Constitución y las leyes, así como en las disposiciones aquí contenidas y los reglamentos y decretos dictados al efecto. Adicionalmente a los precedentemente indicados, contenidos en la Ley 147-02, durante el proceso de consulta se han agregado los siguientes: Integralidad: promoveremos el enfoque holístico en los procesos de abordaje de los problemas relacionados con el riesgo a desastres. Propiciaremos una gestión multisectorial, multiinstitucional y multidisciplinaria que de manera responsable y participativa logre que todos los sectores incluyan la Gestión Integral del Riesgo de Desastres como un eje transversal en sus procesos de planificación. Pertinencia cultural: nuestro enfoque es incluyente, de manera que la cosmovisión de los diferentes grupos sociales del país sea considerada como la base para la planificación y el desarrollo de actividades relacionadas con la Gestión Integral del Riesgo a Desastres. Entendemos que dentro del territorio dominicano coexiste una amplia diversidad de grupos sociales y religiosos, culturalmente diferenciados, que tienen el derecho a recibir atención del Estado en concordancia con sus creencias y estilo de vida. Equidad de género. Propugnamos por la generación de oportunidades de manera equitativa para mujeres y hombres, con equilibrio de participación y trato (Oportunidad/Participación / Beneficios). Con el fin de reducir las brechas de género, es necesario avanzar inicialmente visibilizando la forma diferenciada en que mujeres y hombres se ven afectados por desastres y los roles que se les asignan frente a la gestión del riesgo y a los procesos de desarrollo. Gradualidad: estableceremos un proceso secuencial en tiempos y alcances de implementación eficaz y eficiente de los instrumentos que garanticen el logro de los objetivos de la política. Seguridad Territorial: fortaleceremos los procesos de planificación territorial orientándolos al desarrollo de un equilibrio entre sociedad y ecosistemas, de manera que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales no exceda su capacidad de recuperación. Transparencia: entendemos que el uso de los recursos debe ser transparente y que los procesos de auditoría social y rendición de cuentas deben ser parte de nuestra cultura de administración. Complementariedad: facilitaremos el uso racional y coordinado de los recursos, de manera que se den acciones sinérgicas entre los diferentes sectores y la cooperación nacional e internacional. 5.2 Propósito de la Política Este documento pretende dotar al Estado dominicano de un marco político-estratégico orientador en materia de seguridad territorial y de gestión integral del riesgo de desastres, que facilite el vínculo entre las decisiones de política con sus correspondientes mecanismos e instrumentos de gestión, aplicación, monitoreo y evaluación, facilitando de esta manera el cumplimiento de los mandatos de la Constitución política en cuanto a la protección de la vida, los bienes y medios de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, con el propósito de: “Construir un país seguro y resiliente ante los fenómenos naturales y antrópicos capaces de generar desastres, por medio del desarrollo de un eficaz sistema nacional de gestión integral del riesgo de desastres, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas”. 5.3 Objetivo general de la política “Evitar o reducir las pérdidas de vidas y los daños que pueden ocurrir sobre los bienes públicos, materiales y ambientes de ciudadanos, como consecuencia de los riesgos existentes y desastres de origen natural o causados por el hombre que se pueden presentar en el territorio nacional”. (Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos). 5.4 Instrumentos de gestión Los Instrumento de la política de gestión de riesgos son los establecidos en el Artículo 3, de la Ley No. 147-02, los cuales se describen a continuación: 1. Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. 2. Plan Nacional de Gestión de Riesgos. 3. Plan Nacional de Emergencias. 4. Sistema Integrado Nacional de Información. 5. Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. Sin embargo, a un plazo de 5 años, en concordancia con la nueva estructura y administración del Estado dominicano que se propone en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 deben discutirse, consensuarse y aprobarse las reformas a los actuales instrumentos de gestión, tomando como orientación el documento construido de propuestas de actualización del marco legal dentro del proceso de “Actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de la República Dominicana”: 1. Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 2. Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 3. Plan Nacional de Emergencias. 4. Reglamento del Sistema Nacional de Información para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 5. Reglamento del Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 5.5 Líneas estratégicas de la política En este sentido, se propone que los 4 objetivos generales explícitos en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, se denominen líneas estratégicas: 1. Reducción de riesgos y la prevención de desastres. 2. Socialización de la prevención y mitigación de riesgos. 3. Respuesta efectiva en caso de emergencia o desastre. 4. Recuperación rápida y sostenible de áreas y poblaciones afectadas. Durante el proceso de consulta se ha sugerido, que con el propósito de lograr una mayor integralidad en el enfoque filosófico de la política, se incorporen las siguientes líneas estratégicas, que substituirían a las anteriores: 1. Evitar la construcción social del riesgo de desastres. Diseñar la seguridad y protección territorial ante los fenómenos peligrosos con potencialidad de causar desastres, sean éstos de origen natural o antropogénicos, con visión de largo plazo y dentro del proceso de desarrollo sostenible. 2. Neutralizar, reducir o corregir el riesgo de desastres. Evaluar el nivel de riesgo de las unidades sociales, las estructuras o edificaciones, líneas vitales, vías o medios de comunicación y los medios de vida, considerando los fenómenos probables, la vulnerabilidad existente ante cada fenómeno y el nivel de exposición a los mismos. 3. Reducir los daños y pérdidas de vidas, bienes y medios de vida, lograr un rápido retorno a la cotidianidad y la reactivación económica. El desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la respuesta ante las emergencias y desastres, asegurando un proceso de planificación participativa en las acciones de preparación, alerta, rescate, asistencia humanitaria y rehabilitación. 4. Facilitar la evolución social a nuevos estándares de seguridad territorial ante desastres, con visión de largo plazo y sostenibilidad. Implementar un proceso de recuperación segura, con transformación de las condicionantes que favorecieron el daño y las pérdidas de vidas, bienes y medios de vida. VI. FUNCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES Funciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres: Las Funciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, las mismas establecidas en el Artículo 7 de la Ley 147-02, las cuales se describen a continuación: 1. Integrar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención, mitigación y respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante las situaciones de emergencias o desastres. 2. Coordinar las actividades de todas las entidades públicas, privadas y comunitarias en materia de gestión de riesgos de acuerdo con sus responsabilidades y funciones. 3. Instalar y consolidar las redes, procedimientos y sistemas de detección y alerta de fenómenos peligrosos para su vigilancia y aviso oportuno a la población. 4. Realizar estudios de evaluación y análisis de riesgo, teniendo en cuenta las amenazas naturales, tecnológicas o provocadas por el hombre a que está sometido el país y la vulnerabilidad de los asentamientos humanos expuestos. 5. Desarrollar y mantener actualizado un sistema integrado nacional de información que sirva de base de conocimiento de las instituciones y la población en general para el desarrollo de planes, programas y proyectos de prevención y mitigación de riesgos y de preparación para la respuesta en caso de desastres. 6. Realizar divulgación e información pública en relación y comportamiento adecuado de la comunidad en caso de desastres. 7. Incorporar criterios de gestión de riesgos en la planificación y en particular, medidas preventivas de seguridad en los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo económico y social. 8. Identificar los asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo y realizar el manejo y tratamiento de los mismos con fines de prevención. 9. Articular la política ambiental y la de gestión de riesgos, con el fin de que la gestión ambiental preventiva contribuya a la protección del ambiente y a la reducción de riesgos. 10. Diseñar mecanismos eficientes para la coordinación y orientación de procesos de reconstrucción y de recuperación sostenible. 11. Desarrollar y actualizar planes de emergencia y contingencia para la preparación, respuesta y rehabilitación de la población en caso de desastres. 12. Establecer medidas de protección y contingencia en obras de infraestructura del sector público y privado que garanticen su seguridad y funcionamiento inmediato en caso de emergencias. 13. Fortalecer las entidades operativas de emergencias encargadas de dar respuesta inmediata en caso de desastres, con el fin de mejorar su efectividad y eficiencia. 14. Incorporar los conceptos de gestión de riesgos en la educación formal, desarrollando actividades de educación, tanto del sector público como privado. 15. Desarrollar un sistema de capacitación en gestión de riesgos de funcionarios de las instituciones y de la comunidad. 16. Fortalecer el desarrollo institucional en materia de gestión de riesgos de las entidades nacionales responsables. 17. Fortalecer el desarrollo institucional y la capacitación en gestión de riesgos a nivel de las provincias y municipios para lograr un proceso descentralizado de la prevención, mitigación y respuesta ante desastres. 18. Fortalecer la participación ciudadana en materia de gestión de riesgos e impulsar las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la reducción de riesgos y la preparación para emergencias; 19. Cualquier otra función que se establezca por medio de leyes, decretos y reglamentos. Las funciones del Sistema Nacional serán asignadas a las diferentes instituciones del sector público y de la sociedad civil y serán definidas en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos que será adoptado y actualizado mediante los reglamentos de aplicación de esta ley. VII. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Plan Nacional de Gestión de Riesgos: El Plan Nacional para Gestión de Riesgos se establece en el Artículo 15 de la Ley No. 147-02, como el instrumento que define los objetivos, estrategias, programas y subprogramas mediante los cuales se orientan las actividades institucionales para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para la respuesta y la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastres. Los ejes programáticos del Plan Nacional de Gestión de Riesgos son: 1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización. 2. Fortalecer la reducción y la previsión de los factores de riesgo. 3. Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos para la alerta y respuesta. 4. Formación de recursos humanos, educación y capacitación. 5. Fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales en gestión de riesgos. Según el PÁRRAFO I, del Artículo 15, de la Ley 147-02, es responsabilidad del Comité Técnico de Prevención y Mitigación de Riesgos, la formulación y propuesta de la actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y someterla a través de la Comisión Nacional de Emergencias para fines de aprobación del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. El mismo será aprobado por decreto. Para el logro de las líneas programáticas se ha propuesto programas y subprogramas a partir de los cuales las diferentes instituciones podrán generar proyectos para los diferentes ámbitos geográficos y sectoriales según las prioridades establecidas y financiamiento disponibles. 1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización: 1.1. Sistema Integrado Nacional de Información. 1.2. Evaluación del riesgo y socialización. 2. Fortalecer la reducción y la previsión de los factores de riesgo: 2.1. Previsión de riesgo. 2.2. Reducción del riesgo. 2.3. Reconstrucción y recuperación. 3. Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos para la alerta y respuesta: 3.1. Manejo de emergencias y desastres. 4. Formación de recursos humanos, educación y capacitación: 4.1. Formación de recursos humanos. 4.2. Educación y capacitación. 5. Fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales en gestión de riesgos: 5.1. Capacidades institucionales. 5.2. Instancias de coordinación del Sistema Nacional VIII. MATRIZ INDICATIVA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LINEA PROGRAMÁTICA 1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización Programas Objetivo Metas/Indicadores Subprogramas indicativos DESCRIPCIÓN PROYECTOS AFINES NSTITUCIONES CLAVE1 =Creado un Centro Nacional de Información Territorial para la GIRD en 2013. 1.1. Sistema Integrado Nacional de información CNE Centro Nacional de Información Territorial para GIRD. Generar e Integrar información de calidad de ámbito nacional, provincial, municipal y urbano, sobre GIRD para la correcta toma de decisiones. Comprende la construcción, Ampliación o habilitación de infraestructura y espacios físicos que sirvan de sede para el centro y los diferentes nodos generadores de información territorial para la GIRD integrados al mismo (meteorológica, sísmica, hidrológica, territorial, sistemas y líneas vitales, etc.). Construcción de Infraestructura. Ampliación de infraestructura. Capacitación del personal. Equipamiento del centro. Mejoras no estructurales en espacios físicos. =Aumentado en un 60% el número de instituciones que generan y gestionan información de GIRD en 2016 respecto del total acumulado hasta el 2011. =Aumentado en un 60% el número de personas que acceden a la información de GIRD en 2016 respecto del total que accedió en 2011. MEPYD-DGODT SGN MEDIO AMBIENTE INDRHI ONAMET SISMOLOGICO UNIVERSIDADES AGRICULTURA CRUZ ROJA FFAA EDUCACION COE Diseño del sistema o subsistemas de información. =Elaborado e implementado un Sistema de Evaluación del PNGR en 2011. Sistema de Información Territorial (que incluya información para GIRD, modelos digitales terreno, imágenes de satélite, entre otros). El sistema se compone de subsistemas que, de manera oficial, se diseñan para la generación de información sistematizada con indicadores estándar para todos los sectores, instituciones y organizaciones sociales relacionadas con la GIRD, en los diferentes formatos y escalas aprobadas (bases de datos, información satelital, imágenes, mapas, videos, etc.). Le corresponde integrar la información territorial y difundirla a los diferentes usuarios, debe contar con un portal de libre acceso a la sociedad dominicana e internacional. Sistema de información geográfica aplicado al riesgo sísmico SISMOLOGICO SGN ONESVIE INDRHI ONAMET UNIVERSIDADES MOPC Diseño de subsistemas de información sectorial o de instituciones afines (centros de investigación, universidades, etc.). Diseño o desarrollo del subsistema de información especializada en el marco del Plan Nacional de Reducción de Riesgo Sísmico de la República Dominicana. Le corresponde integrar información especializada en el tema, difundirla y hacerla de libre acceso. 1 Cuando para un subprograma se alude como la institución clave a la CNE, se refiere a todas las instancias de coordinación de la misma y a las instituciones sectoriales que la conforman. LINEA PROGRAMÁTICA 1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su Subprograma DESCRIPCIÓN PROYECTOS socialización Programas Objetivo Metas/Indicadores s indicativos AFINES INSTITUCIONES CLAVE1 SALUD PUBLICA AYUNTAMIENTOS EDUCACION INAPA CAASD MEDIO AMBIENTE Sistema de información epidemiológica. (Ej. Cólera, Dengue, Leptospirosis, H1N1, etc.) Diseño de subsistemas de información sectorial o de instituciones afines (centros de investigación, universidades, etc.). Diseño o desarrollo del subsistema de información especializada en el marco del Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana. Le corresponde integrar información especializada en el tema, difundirla y hacerla de libre acceso. Sistema de información ambiental MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE UNIVERSIDADES SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL Diseño de subsistemas de información sectorial o de instituciones afines (centros de investigación, universidades, etc.). Diseño o desarrollo del subsistema de información especializada en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental de la República Dominicana. Le corresponde integrar información especializada en el tema, difundirla y hacerla de libre acceso. SISMOLOGICO ONAMET UNIVERSIDADES AYUNTAMIENTOS- CMPMR MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE INDRHI COE Sistemas de monitoreo de fenómenos peligrosos, SAT y comunicación oportuna. Diseño o desarrollo de sistemas y subsistemas de alerta temprana y mecanismos de comunicación oportuna a los interesados. Le corresponde integrar información especializada en el tema, difundirla y hacerla de libre acceso. Diseño de sistemas y subsistemas de alerta temprana (centros de investigación, universidades, gobiernos provinciales y municipales, comunidades, etc.). CNE Línea de base Diagnósticos, análisis situacionales Consultorías Sistema de evaluación y Nacional de Gestión de seguimiento del Plan Riesgo Diseño e implementación del subsistema de evaluación de ejecución e impacto del PNGR, base para informes parciales o final, de niveles nacional, sectorial, institucional o social. 1 Cuando para un subprograma se alude como la institución clave a la CNE, se refiere a todas las instancias de coordinación de la misma y a las instituciones sectoriales que la conforman. LINEA PROGRAMÁTICA 1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización Program Subprogramas DESCRIPCIÓN PROYECTOS INSTITUCIONES as indicativos AFINES Objetivo Metas/Indicadore s Seguridad de infraestructura vital ante desastres (salud, educación, etc.) CLAVE1 1.2. Evaluación del riesgo y socialización =Aumentado en un 60% el número de infraestructura vital evaluada en 2016 respecto del total evaluado hasta 2011. UNIVERSIDADES BOMBEROS MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA UNIVERSIDAD EDUCACION MOPC INDHRI INAPA CDEEE Evaluación del nivel de seguridad de la infraestructura vital ante desastres, utilizando metodologías estandarizadas con el propósito de certificación o acreditación nacional e internacional Salud, centros educativos, agua y saneamiento, puentes, carreteras, presas, centrales eléctricas, plantas de producción petróleo, gas, centrales telefónicas,etc. =Aumentado en un 50% el número de municipios evaluados en 2016 respecto del total evaluados hasta 2011. Evaluación del riesgo ante las principales amenazas del país (sísmico, fenómenos hidrometeorológicos, deslizamientos, incendios, sanitarios) ISU SGN ONESVIE AYUNTAMIENTOS- CMPRM DEFENSA CIVIL CRUZ ROJA BOMBEROS MEDIO AMBIENTE Elaboración de diagnósticos para valorar el nivel de riesgo ante amenazas específicas de carácter natural o antrópico, en ámbitos territoriales: nacional, provincial, municipal y local. Mapas, peligrosidad, escenarios de daños, estimaciones de impactos negativos o adversos para diferentes amenazas =Elaborados diagnósticos de riesgo con apoyo cartográfico en los 45 municipios más vulnerables al 2016. Líneas de base, diagnósticos, caracterizaciones de exposición y vulnerabilidad Evaluación de la vulnerabilidad física, ambiental, social y económica. Evaluar el nivel de riesgo y exposición a fenómenos naturales y antropogénico s en asentamientos humanos, infraestructura vital. (Antes y después de un desastre) Elaboración de diagnósticos de exposición y vulnerabilidad en los diferentes ámbitos territoriales: nacional, provincial, municipal y local. CNE DEFENSA CIVIL UNIVERSIDADES SALUD MEDIO AMBIENTE EDUCACION MEPYD MINISTERIO DE LA MUJER AYUNTAMIENTOS =Elaborado diagnóstico de riesgo sanitario con apoyo cartográfico a escala nacional en 2013. =Formulado un sistema de evaluación de vulnerabilidad en 2013. Evaluación de riesgo en asentamientos humanos AYUNTAMIENTOS DGODT SGN CRUZ ROJA DEFENSA CIVIL Evaluación integrada de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en asentamientos humanos en diferentes ámbitos territoriales: nacional, provincial, municipal y local. Diagnósticos, mapas, proyección de ocupación y uso de suelo, estudios de territorio para reubicación, diseños de reubicación =Formulada e implementada en un 50% una estrategia de socialización del riesgo en 2016 Socialización de la evaluación del riesgo EDUCACION AYUNTAMIENTOS UNIVERSIDADES Diseño de una estrategia de divulgación de los resultados de la evaluación del riesgo en todos los ámbitos territoriales: nacional, provincial, municipal y local. Programas, videos, spots radiales, trifoliares, anuncios televisados, campañas y jornadas informativas 1 cuando para un subprograma se alude como la institución clave a la CNE, se refiere a todas las instancias de coordinación de la misma y a las instituciones sectoriales que la conforman. LÍNEA PROGRAMÁTICA 2. Fortalecer la reducción y la previsión de los factores de riesgo Programas Objetivo Metas/Indicadores Subprogramas DESCRIPCIÓN PROYECTOS INSTITUCIONES indicativos AFINES CLAVE2 2.1. Previsión de riesgo. MEPYD OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA. Incorporar la previsión de riesgos en los planes de desarrollo Análisis de Riesgo de Desastres en planes, programas y proyectos de desarrollo. =Desarrollado el instrumento normativo para realizar ARD en sitios de emplazamiento de infraestructura en Marco legal a nivel nacional, ministerios, instituciones, organizaciones sociales, sector privado. Consultorías o estudios para incorporar el Análisis de Riesgo de Desastres en los programas, planes y proyectos de desarrollo en los diferentes ámbitos territoriales: nacional, provincial, municipal y local. Incluye el análisis ex- =Elaborado un inventario de normativa existente relacionada con ARD y propuesta de armonización legal en

Cédulas, pasaportes, teléfonos, correos y domicilios tapados por Notifacto. Texto extraído del PDF original (en los documentos antiguos, por reconocimiento de imagen): puede tener errores de lectura.

Texto del corpus legal de ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana.

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Fuente: Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (decretos y resoluciones de la Gaceta Oficial y la Colección de Leyes), leídos del corpus legal de ChatLeyes. Notifacto no publica cédulas, domicilios ni datos de contacto, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona