Dec. No. 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). G. O. No. 10693 del 31 de agosto de 2012. DANILO MEDINA Presidente de la República Dominicana NUMERO: 486-12 CONSIDERANDO: Que durante el período electoral la sociedad dominicana demandó de los candidatos presidenciales la suscripción de compromisos para fomentar la ética, la transparencia y combatir la corrupción. CONSIDERANDO: Que el gobierno dominicano tiene el firme propósito de emprender acciones concretas para honrar los compromisos asumidos que forman parte de sus propias convicciones y también para optimizar el desempeño y los resultados de las intervenciones públicas. CONSIDERANDO: Que República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República de 2010 establece la proscripción y condena de toda forma de corrupción en los órganos del Estado y la responsabilidad civil y solidaria de las entidades públicas, sus funcionarios o agentes. CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto No. 101-05, del 16 de febrero de 2005, el gobierno dominicano creó la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) como entidad Asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética y transparencia y estimuló el desarrollo de las Comisiones de Ética Pública, con responsabilidad de revisar y sugerir normativas como medio para garantizar las políticas de promoción de la ética y el combate a la corrupción. CONSIDERANDO: Que el fortalecimiento del régimen ético y el establecimiento e implementación de un sistema de consecuencias que estimule el cumplimiento de la ley y penalice las conductas inadecuadas resulta indispensable para organizar el funcionamiento de la administración pública, mejorar la gestión y ofrecer servicios públicos de calidad, tal y como ordena la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en respuesta a las demandas de la sociedad, resulta necesario renovar y reafirmar el compromiso de los poderes públicos, en la ejecución de políticas públicas preventivas y reformadoras que contribuyan a elevar los niveles de honestidad, eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, reconocer los comportamientos sobresalientes y penalizar las transgresiones al Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos, establecido en la Ley No.41-08, de Función Pública, que han sido fortalecidos constitucionalmente. CONSIDERANDO: Que se ha evidenciado la necesidad de crear un organismo con independencia administrativa y financiera, que tenga la autoridad y los mecanismos suficientes para realizar investigaciones administrativas en tiempo oportuno y para dar respuesta a las demandas de la sociedad, ante un hecho de naturaleza improcedente que genere dudas sobre las actuaciones de servidores públicos, o en respuesta a una denuncia o ante el rumor público. CONSIDERANDO: Que dentro del proceso de racionalización de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, se realizan esfuerzos para organizar y unificar funciones institucionales que, realizadas de manera conjunta, puedan incrementar de manera exponencial los resultados que espera la sociedad. CONSIDERANDO: Que resulta necesario para la gobernabilidad y para generar y desarrollar capital social, revertir el desapego de la sociedad por lo público, incrementar la confianza interpersonal y fomentar comportamientos éticos en la administración pública. CONSIDERANDO: Que la sociedad dominicana ha establecido el diálogo como forma civilizada de dirimir y buscar soluciones a los conflictos, en cuyo contexto la “Iniciativa Participativa Anticorrupción” (IPAC) ha constituido una experiencia positiva, en la cual gobierno y sociedad han demostrado que pueden trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones. CONSIDERANDO: Que existen experiencias en la región, de distintos modelos institucionales con responsabilidad de trabajar los temas de educación, prevención de la corrupción, conflicto de intereses, acceso a la información, gobierno abierto e investigaciones administrativas, en el ámbito del Poder Ejecutivo. CONSIDERANDO: Que la estructura actual de la CNECC ha cumplido la responsabilidad asignada en el Decreto No. 101-05 y sus reglamentos, y se requiere dar continuidad a la labor que desempeña a través de dotarlo de una base legal que le confiera mayor autonomía para exigir y obtener el resultado de una función pública signada por la ética y la transparencia. VISTA: La Constitución de la República Dominicana. VISTA: La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA). VISTA: La Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNCC). VISTA: La Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público, de fecha 7 de junio de 2011. VISTA: La Ley núm. 41-08, de Función Pública y que crea el Ministerio de Administración Pública, del 16 de enero de 2008. VISTA: La Ley núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, del 28 de julio de 2004. VISTA: La Ley núm. 19-01, que crea la figura del Defensor del Pueblo, del 1° de febrero del 2001. VISTO: El Decreto núm. 149-98, que crea las Comisiones de Ética Pública, del 29 de abril de 1998. VISTO: El Decreto núm. 101-05, que crea la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), del 16 de febrero de 2005. VISTO: El Reglamento Operativo de la CNECC, dictado mediante Decreto núm. 310-05 del 16 de mayo de 2005. VISTO: El Decreto núm. 324-07 que transforma el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa en Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa. VISTOS: Los resultados de las Mesas de Trabajo de la “Iniciativa Participativa Anticorrupción” (IPAC) y los temas pendientes al cierre del proceso. VISTO: El Plan de Acción de la Iniciativa de Gobierno Abierto, sometido por el Gobierno dominicano. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral primero, letra a) del Artículo 128 de Constitución de la República, dicto el siguiente: D E C R E T O : Artículo 1.- Objeto. Se crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), como órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental. Párrafo I: Quedan transferidas a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental todas las funciones, el personal técnico que fuere necesario, los activos, pasivos y el presupuesto de la actual Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC). Párrafo II: Los recursos necesarios para el funcionamiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental serán aportados directamente por el Poder Ejecutivo del Presupuesto Nacional y de asignaciones especiales. Párrafo III: La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental podrá recibir apoyo técnico y presupuestario de agencias de cooperación internacional, donantes y organismos multilaterales. Artículo 2.- Colaboración de las Instituciones.Se ordena a todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, ofrecer colaboración plena, entregar las informaciones que sean solicitadas, permitir el acceso a los archivos institucionales de ser requerido, y dar respuesta en tiempo oportuno a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para el cumplimiento de sus responsabilidades. Artículo 3.- Dependencia Jerárquica. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental será una dependencia jerárquica del Ministerio de la Presidencia. Párrafo. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental someterá sus planes y propuestas al Poder Ejecutivo para su conocimiento y aprobación. Artículo 4.- Dirección. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, estará a cargo de un (a) Director (a) General, quien será designado (a) por el Presidente de la República, debiendo reunir como mínimo los siguientes requisitos: 1. Ser dominicano (a) 2. Mayor de edad 3. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos 4. Contar con experticio técnico y gerencial relacionado con las funciones de su cargo 5. Tener solvencia moral demostrada, reconocida y comprobada al momento de la ponderación de su elección como candidato (a) al cargo propuesto 6. Tener experiencia acumulada en el cargo a ser designado (a) 7. Conocer cómo funcionan las instituciones 8. No tener ningún grado de parentesco ni afinidad, hasta el cuarto grado inclusive, entre los empleados de la institución. Párrafo: A su vez, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental contará con un Director Ejecutivo, quien será responsable de los aspectos técnicos y operativos de la institución. Ambos directores serán funcionarios de libre nombramiento y remoción. Artículo 5. Atribuciones de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Será el órgano rector en los temas de ética e integridad de la Administración Pública, así como del Acceso a la Información Pública, con mandato expreso de asegurar la aplicación y el cumplimiento de la Ley No. 200-04, su reglamentación y las normativas vinculadas. Articulo 6. Funciones. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental tendrá las siguientes funciones: 1. Supervisar la difusión e implementación del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos establecido en la Ley núm. 41-08, de Función Pública, en los Códigos de Ética de las diferentes instituciones de la Administración Pública, así como en cualquier otra norma vinculada; 2. Investigar las actuaciones de los servidores públicos que transgredan el Régimen Ético y Disciplinario establecido en la Ley núm. 41-08, de Función Pública, cuando las autoridades a cargo no adopten las acciones correctivas oportunamente y sin perjuicio de las funciones del Ministerio de Administración Pública establecidas en dicha legislación; 3. Contribuir a desarrollar y fortalecer una cultura ética, de transparencia e integridad, promover los valores éticos y morales en la administración pública; 4. Dar seguimiento y asesorar a las Comisiones de Ética Pública para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones y su participación activa en la dinámica institucional; 5. Asesorar a los servidores públicos ante cualquier duda que puedan tener en el ejercicio de sus funciones, sobre comportamientos éticos y morales; 6. Promover y realizar investigaciones en la administración pública sobre temas de ética e identificar oportunidades para robustecer el régimen ético; 7. Diseñar y ejecutar programas de capacitación para los miembros de las Comisiones de Ética de las instituciones públicas; 8. Diseñar, junto al Ministerio de Administración Pública (MAP) y al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), programas de capacitación obligatorios en temas de ética, destinados a los servidores públicos, que serán impartidos por el INAP y velar por la ejecución de los mismos; 9. Dar seguimiento a los compromisos pendientes de cumplimiento, de la “Iniciativa Participativa Anticorrupción” (IPAC), vinculados con los temas de ética y transparencia gubernamental; 10. Recibir y mantener en resguardo los originales de los compromisos de cumplimiento con el “Código de Pautas Éticas” suscritos por los funcionarios designados en altos cargos en la gestión gubernamental iniciada el 16 de agosto de 2012, y establecer los mecanismos de seguimiento a su cumplimiento, así como velar por la aplicación de las acciones pertinentes, en caso de que sean vulnerados; 11. Capacitar, entrenar y acompañar a las Comisiones de Ética Pública (CEP) en la elaboración de planes operativos que promuevan el desarrollo de una cultura ética, a través de cursos, talleres, actividades de formación y en la implementación de un efectivo sistema de consecuencias; 12. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país derivados de los acuerdos suscritos con organismos internacionales, tales como la OEA, la ONU, entre otros, en los temas de su competencia, y asumir el liderazgo y coordinación junto al Ministerio de Relaciones Exteriores de la representación del país ante esas instancias; 13. Servir de canal de concertación y respuesta a las tareas asumidas por el gobierno dominicano en materia de ética y transparencia en los escenarios nacionales e internacionales, en los temas y áreas de: Gobierno Abierto, IPAC, acceso a la información, conflicto de intereses, entre otros; 14. Llevar un registro de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI) y desarrollar un plan de asesoría para la implementación de las que aún no están creadas o en funcionamiento. 15. Realizar una evaluación sobre los niveles de cumplimiento de las OAI sobre la estandarización de las informaciones que aparecen en los portales electrónicos de las dependencias gubernamentales y ofreciendo asesoría de lugar hasta lograr dicho objetivo de acuerdo a un cronograma de acción para los primeros 6 meses; 16. Desarrollar programas de difusión para dar a conocer a la ciudadanía sus derechos y promover a la DINEIG en la ciudadanía como entidad defensora del derecho que tienen de recibir las informaciones que pauta la ley, sin tener que recurrir a la vía judicial; 17. Monitorear el cumplimiento de los compromisos contraídos por el país en materia de transparencia e integridad, con la intención de generar los mecanismos para que sean cumplidos; 18. Contribuir a fortalecer los modelos de prevención y control en el ámbito administrativo; 19. Recibir, investigar y dar respuesta a todas las denuncias relativas a su competencia estableciendo la confidencialidad como norma para su tratamiento y ofreciendo inmunidad y protección a los testigos y/o denunciantes, en la medida de sus posibilidades, tanto de la ciudadanía como a los miembros de las CEP. Dar respuesta de dichos procesos investigativos a los sujetos o instituciones que sometan la denuncia y en caso de provenir del rumor público deberá responder por los medios públicos que sean estimados, como puede ser la prensa escrita, radial, televisiva, su página web, entre otras; 20. Recibir denuncias sobre supuestas violaciones en perjuicio del Estado, la sociedad dominicana o los servidores públicos, al régimen ético y disciplinario y al régimen de prohibiciones establecido en la Ley 41-08 y cualquier otro régimen de incompatibilidad y prohibiciones aplicables a los servidores públicos y recomendar las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Administración Pública previstas en dicha ley; 21. Aplicar las sanciones que correspondan, si la institución donde labora el o la servidor o servidora público, obvia la misma; 22. Actuar de oficio, o a requerimiento de la parte interesada, y realizar las investigaciones administrativas que correspondan, ante el rumor público, por la ocurrencia de un hecho o acto de corrupción por un servidor público; 23. Canalizar a las instancias correspondientes, aquellas denuncias de actos de corrupción pública que por intermedio de las CEP, de la propia Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, el rumor publico u otra vía, formulen personas o instituciones sobre actuaciones dolosas de funcionarios o empleados públicos, para que dichos organismos evalúen los méritos de las mismas y, en caso de que proceda, inicien las tramitaciones legales correspondientes; 24. Someter los hechos investigados al Ministerio Público, si procede, y dar seguimiento a los expedientes sometidos hasta su solución final y ofrecer respuesta a la sociedad o a las víctimas; 25. Elaborar los informes que debe presentar el país, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, en cumplimiento de los compromisos establecidos en las convenciones suscritas en materia de lucha contra la corrupción, para lo cual todas las instituciones deberán ofrecer su colaboración a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental presentando en tiempo oportuno, las informaciones necesarias a tales fines, así como cualquier otra colaboración que le sea requerida; 26. Realizar estudios sobre el funcionamiento individual y coordinado de los órganos de control del uso de los recursos públicos previstos en la Constitución de la República Dominicana y las leyes, o sobre cualquier otro tema relacionado con las funciones de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental; presentar al Poder Ejecutivo las recomendaciones pertinentes, y diseñar y ejecutar un plan de acción conjunto, al cual le dará seguimiento a su aplicación, a fin de mejorar las debilidades que puedan ser detectadas; 27. Vigilar el cumplimiento de la normativa que rige el funcionamiento de la Administración Pública y demandar la atención debida de las instituciones o los órganos rectores a cargo cuando corresponda; 28. Coordinar con las instituciones de control, fiscalización y auditoria: Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), así como con las instituciones de la sociedad civil, el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana (ICPARD), el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, entre otros, solicitando su experticio para cumplir con el mandato de dar seguimiento a denuncias provenientes de cualquier miembro de alguna institución gubernamental; 29. Coordinar con los organismos de control del Estado la recepción de los informes finales de las auditorías realizadas a las dependencias públicas y a quienes administren fondos públicos, velar porque se implementen sus recomendaciones y dar seguimiento a aquellas que hayan sido sometidas al Ministerio Público; 30. Realizar el seguimiento y coordinar el envío a la Tesorería Nacional de la República o a la institución que corresponda, por parte de los funcionarios gubernamentales obligados por ley a presentar Declaración Jurada de Bienes (DJB), a través de sus respectivas instituciones; 31. Exigir la presentación de la Declaración Jurada de Bienes a quienes estén obligados que no respondieran al mandato de la ley, y recomendar las sanciones correspondientes; 32. Solicitar informaciones sensibles en las dependencias estatales o revisar la documentación necesaria en dichas dependencias, si las mismas se encontraran afectadas por rumores o denuncias de inobservancia que comprometan la moral de algún miembro de la administración pública. Para cumplir este objetivo, realizará las investigaciones que corresponda o visitará las dependencias, si fuere necesario; 33. Vigilar que los funcionarios ofrezcan la información requerida por los y las ciudadanos y ciudadanas en los plazos establecidos; 34. Asegurar que las instituciones visibilicen la información de libre acceso basado en la cultura de la transparencia y en lo establecido en las leyes; 35. Conocer los recursos jerárquicos que se interpongan ante la negativa de las instituciones a presentar las solicitudes de información solicitadas y evitar, cuando sea posible, recurrir a la vía judicial, que conlleva la inversión de recursos, tiempo y conocimiento técnico especializado; 36. Analizar el funcionamiento de los mecanismos de transparencia administrativa, emitir las recomendaciones que correspondan para fortalecerlos e implementar y vigilar su cumplimiento; 37. Dar seguimiento y contribuir al cumplimiento de los compromisos contraídos por el gobierno dominicano con Transparencia Internacional, así como coordinar y supervisar el cumplimiento por parte de las instituciones responsables de las áreas incluidas en el acuerdo; 38. Ejecutar y conducir políticas y acciones para fomentar la transparencia e identificar y movilizar recursos para estos fines; 39. Analizar el plan de acción presentado por las autoridades dominicanas ante la Iniciativa Gobierno Abierto; realizar los ajustes y las coordinaciones institucionales que correspondan; asegurar la socialización con los sectores de la sociedad civil y el cumplimiento de los compromisos del país en los tiempos pautados, así como ostentar la representación del país en esta iniciativa. 40. Coordinar la implementación y desarrollo de los temas vinculados al acceso a la información, así como la supervisión y control de las entidades sujetas a ofrecer este servicio; 41. Asumir el componente educativo y preventivo de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, con la promoción y divulgación del derecho ciudadano a la información, asesoramiento a las entidades sujetas por la Ley 200-04, asesoría a la ciudadanía, estudios, investigaciones y estadísticas relativas al acceso a la información y demás tareas vinculadas; 42. Contribuir a garantizar la estandarización de las informaciones en los portales electrónicos de las instituciones gubernamentales en los tiempos previstos. Artículo 7.- Presentación de Informes Financieros. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental solicitará a los servidores públicos obligados a presentar la Declaración Jurada de Bienes, entregar un informe financiero anual, a fin de evaluar la consistencia con su declaración. Estos informes serán requeridos entre el 15 y el 30 de agosto de cada año. La rendición de este informe financiero no exceptúa del cumplimiento de otros informes que sean requeridos por otras normativas vigentes. Párrafo: La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental proveerá un formulario con su instructivo correspondiente, para presentar el informe financiero. Artículo 8.- Requisitos de los informes financieros. Los informes que deben presentarse a la Dirección, deben cumplir las reglas siguientes: 1. El informe debe contener las informaciones del servidor obligado y de su cónyuge. El detalle de los bienes inmuebles y demás elementos constitutivos del patrimonio, incluido en el inventario patrimonial de los servidores públicos obligados a presentar declaración, deberá indicar su ubicación física (dirección, especificando calle, número, sector, ciudad y municipio o país) además de su descripción catastral, asegurando que los datos aportados permitan su correcta identificación, ubicación, así como la fecha de adquisición, datos del vendedor y el precio pagado. 2. De acuerdo a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, los informes son de carácter público, una vez hayan cumplido con todos los requisitos exigidos y ratificados su aceptación por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Párrafo: La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental podrá conceder un plazo adicional para presentarlo, en caso comprobado de situaciones de fuerza mayor, plazo que nunca excederá los sesenta (60) días siguientes a la fecha de presentación. Artículo 9.- Oficina Principal. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental tendrá su sede en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, y podrá tener el número de oficinas regionales que en un futuro se requieran, de acuerdo al criterio de extensión territorial, carga de trabajo, facilidad de las comunicaciones y eficiencia en el uso de los recursos, previo estudio y análisis de la necesidad. Este requerimiento debe ser verificado y aprobado por el Ministerio de Administración Pública. Artículo 10.- Estructura, Procedimientos y otros Aspectos. Para la definición de la estructura, procedimientos, descripción y perfiles de puestos y demás procesos técnicos a implementar para su buen funcionamiento, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental solicitará el apoyo del Ministerio de Administración Pública. Artículo 11.- Reglamento de Aplicación. Para regular sus operaciones, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental deberá presentar a la consideración del Poder Ejecutivo, en un plazo de sesenta (60) días a partir de la promulgación del presente Decreto, el Reglamento Operativo que regulará su funcionamiento. Artículo 12.- Personal de la CNECC. El personal de carrera que al momento de dictar este Decreto labora en la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) será evaluado y de acuerdo a sus capacidades, podrá ocupar alguna posición en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, o reubicado a otra institución en coordinación con el Ministerio de Administración Pública. Párrafo. En caso de que por razones de edad o antigüedad proceda, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental solicitará la pensión del personal que corresponda. Artículo 13.- Derogaciones. Quedan derogados los Decretos No.101-05, que crea la Comisión de Ética Pública y Combate a la Corrupción, de fecha 16 de febrero de 2005 y No. 310-05, que establece el Reglamento Operativo de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, de fecha 16 de mayo de 2005, así como cualquier otro Decreto o norma de igual o inferior jerarquía que le sea contraria. DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil doce (2012), años 169 de la Independencia y 150 de la Restauración. DANILO MEDINA