Decreto Nº 1230, que declara de utilidad pública e interés social la adquisición por el Estado Dominicano de varias porciones de terreno (G. O. Nº 9386, del 6 de Diciembre de 1975) JOAQUIN BALAGUER Presidente de la República Dominicana NUMERO 1230 CONSIDERANDO que siguiendo el principio Constitucio nal que declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles, la Ley N? 282, de fecha 20 de marzo de 1972, ha declarado de utilidad pública e interés social la adquisición por el Estado Dominicano, para ser traspasadas al Instituto Agrario Dominicano, de todas las tierras baldías que existen en la República y de aquellas cuyos propietarios las hayan abandonado prácticamente; CONSIDERANDO que la Comisión para la Aplicación de las Leyes Agrarias ha dictado su Resolución Nº 42, en fecha 25 de julio de 1975, con respecto al expediente relativo a la Parcela Nº 21—A y a una porción sin designación catastral, del Distrito Catastral Nº 5, del Municipio de Altamira, Sección Rancho Arriba, sitio de Río Grande, Provincia de Puerto Plata; VISTAS las disposiciones de la letra a) del ordinal 13 del Artículo 8 de la Constitución de la República, y de las Leyes Nos. 344, del 29 de julio de 1943, y sus modificaciones, sobre Procedimiento de Expropiación; 282, del 20 de marzo de 1972, y 361 del 25 de agosto de 1972, sobre Procedimiento para la Captación de Tierras Baldías; En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente DECRETO: Art. 1.—Se declara de utilidad pública e interés social para ser transferida al Instituto Agrario Dominicano y destinadas a sus programas de Reforma Agraria, que incluyen principalmente el asentamiento de campesinos sin tierras, la adquisición por el Estado Dominicano, de las siguientes porciones de terreno, declaradas en estado de abandono por la Comisión para la Aplicación de las Leyes Agrarias: a) Una porción de terreno con área de 5,468.00 tareas, que corresponden al área total de la Parcela Nº 21—A del Distrito Catastral Nº 5, del Municipio de Altamira, sitio de Río Grande, Sección Rancho Arriba, Provincia de Puerto Plata, registrada en favor de la firma "Productos Dominicanos, C. por A."; y b) Una porción de terreno sin designación catastral, con área de 143.00 tareas, colindante con la Parcela anteriormente descrita, registrada también en favor de la firma "Productos Dominicanos, C. por A.". Art. 2.—Para la adquisición de las tierras baldías a que se refiere este Decreto y en cuanto al pago de las mismas, ya sea de grado a grado a por el procedimiento expropiatorio correspondiente, se seguirán las normas establecidas en el artículo 3 de la supraindicada Ley Nº 282, del 20 de marzo de 1972. Art. 3.—En caso de no llegarse a un acuerdo amigable con la propietaria de los inmuebles precedentemente indicados para su compra de grado a grado por el Estado Dominicano, el Administrador General de Bienes Nacionales realizará todos los actos, procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo con las leyes, para obtener la expropiación de los mismos. Art. 4.—Se declara de urgencia que el Estado Dominicano entre en posesión de los inmuebles indicados, a fin de que se puedan iniciar en los mismos, de inmediato, los trabajos necesarios para los fines señalados en el Artículo 1 del presente Decreto, luego de ser cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 13 de la Ley Nº 344, del 29 de julio de 1943, modificado por la Ley Nº 700, del 31 de julio de 1972, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 2 de este Decreto. Art. 5.—La entrada en posesión por el Estado Dominicano de los mencionados inmuebles, se hará de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 486, del 10 de noviembre de 1964, que agrega un Párrafo II al Artículo 13 de la Ley Nº 344, del 29 de julio de 1943. Art. 6.—La Comisión para la Aplicación de las Leyes Agra- rias y el Instituto Agrario Dominicano, prestarán toda la colaboración necesaria para la debida ejecución del presente Decreto. Art. 7.—Envíese al Administrador General de Bienes Nacionales y al Abogado del Estado, para los fines correspondientes. DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho días del mes de agosto del año mil novecientos setenta y cinco, años 132° de la Independencia y 113° de la Restauración. JOAQUIN BALAGUER