Informe de Contraloría General, período 1 de septiembre de 2020 al 30 de abril de 2021, publicado el 5 mar de 2025. Opinión adversa.
Informe en el sitio de Contraloría General ↗ · Ficha de la institución
La Contraloría General de la República realizó una auditoría interna con enfoque comprensivo sobre el cumplimiento de normas, el control interno y operaciones financieras y administrativas de EDENORTE. Concluyó que el cumplimiento de las leyes y el funcionamiento de los controles internos no ofrecían seguridad razonable; entre las observaciones consignó diferencias en activos, cuentas e impuestos, cheques y transferencias antiguos en tránsito, contratos de alquiler de vehículos vencidos y pagos de nómina cuestionados. El informe cuantifica, entre otros valores, RD$214,586,140.40 pagados por encima de lo acordado en contratos de vehículos y RD$5,507,400.00 en pagos de compensación reten.
El informe consigna que no se preparaban conciliaciones bancarias posteriores a 2016, lo que impedía controles adecuados sobre las cuentas y recaudaciones de la entidad.
«Se confirmó que las conciliaciones bancarias no son realizadas posteriores al período 2016.»
Se identificaron 253 cheques en tránsito con antigüedad de un año o más, por RD$14,880,512.31. El informe señala que debían investigarse y ajustarse las partidas anormales de tránsito.
«Se efectuó la revisión del 100% de las Conciliaciones Bancarias Provisionales en donde se evidenció que existen una cantidad de 253 cheques en tránsito con fecha de registro mayor o igual a un año que ascienden a un monto de RD$14,880,512.31 según detallamos en la tabla No.02.»
La Contraloría observó siete transferencias en tránsito con antigüedad superior a un año, situación que podía afectar los saldos de efectivo y pasivos y requería su reintegro o ajuste.
«Se evidenció que la Institución posee 7 transferencias en tránsito mayores a un año por un valor total de RD$2,349,194.34.»
Cinco cuentas estaban embargadas por RD$813,584.84 y, a la fecha de revisión, no se obtuvo del Departamento Legal información sobre el motivo y estatus de los embargos.
«Se observó que la Institución tiene cinco (5) cuentas embargadas por un valor total de RD$813,584.84. A la fecha de nuestra revisión no se obtuvo respuesta de la situación por parte del Departamento Legal con relación al estatus correspondiente y del concepto por el cual fueron embargadas.»
El informe consigna que EDENORTE no tenía presupuesto aprobado para 2021 ni reportes mensuales de ejecución cargados en SIGEF, pese al carácter obligatorio de la plataforma señalado en el informe.
«Validamos mediante la certificación recibida de fecha 1ro. de junio de 2021 por la Dirección de Planificación y de Desarrollo que la Institución no tiene un presupuesto aprobado para el período auditado del 2021. Por tanto no posee reportes de ejecución mensual cargado en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), incumpliendo el Decreto 9-04 en su Artículo No.3, que establece la implanta»
La Contraloría observó que la ejecución presupuestaria de 2020 no estaba acorde con el presupuesto aprobado. El informe presenta una ejecución de RD$8,225,084,629.38 frente a RD$11,251,524,470.51 aprobados.
«Se realizó un análisis comparativo entre el presupuesto aprobado para el período 2020 con su ejecución presupuestaria, y validamos que la ejecución no está acorde a lo aprobado.»
El informe observó diferencias entre los pagos de alquileres revisados y lo declarado en el IR-17 para septiembre de 2020 a abril de 2021, en contravención del Código Tributario.
«Durante la revisión de la Declaración Jurada del Formulario IR-17 por pagos de alquileres, hemos evidenciado una diferencia por un monto de RD$10,574,964.10 para el período auditado desde septiembre 2020 hasta abril 2021 en violación al Art. 309 en su Acápite A de la Ley 11-92 Código Tributario, el cual establece que: "la retención del 10% sobre las sumas pagadas o acreditadas en cuenta por concep»
Se reportó una diferencia entre los alquileres declarados en el IR-2 y los presentados en el IR-17. El informe la vincula con el cumplimiento de las obligaciones de retención tributaria.
«Se realizó un análisis comparativo entre la Declaración Jurada del Formulario IR-2 versus el IR-17 y se evidenció una inconsistencia por un monto RD$102,209,264.50 correspondiente al alquiler presentado en la Declaración Jurada del año fiscal 2020 en violación al art. 309 en su Acápite A de la Ley 11-92 Código Tributario, establece que: "la retención del 10% sobre las sumas pagadas o acreditadas e»
La Contraloría observó una diferencia en la presentación de honorarios pagados a personas físicas entre ambos formularios, relacionada con la retención prevista en el Código Tributario.
«Durante la revisión de la Declaración Jurada del Formulario IR-2 versus el IR-17 se evidenció una inconsistencia en la presentación de los pagos de honorarios a persona física por un monto de RD$456,230,001.30 para el año fiscal 2020 en violación al Art. 309 en su Acápite b de la Ley 11-92 Código Tributario, que establece: "la retención del 10% sobre los honorarios, comisiones y demás remuneracion»
El informe observó una diferencia en los pagos a personas físicas sujetos a retención de ITBIS declarados en el IR-2, en contravención del Código Tributario y su reglamento.
«En la revisión de la Declaración Jurada (IR-2) correspondiente al período fiscal 2020 en donde se presenta el pago a personas físicas sujeto a la retención de ITBIS, se evidenció una diferencia por valor RD$562,161,754.00.»
Se identificó una diferencia entre pagos a personas físicas y la declaración jurada de ITBIS durante septiembre de 2020 a abril de 2021.
«La presentación de la Declaración Jurada del ITBIS del período auditado Septiembre 2020 hasta Abril 2021 presenta diferencia por un valor de RD$2,032,314.96.»
La declaración anual de 2020 y los estados financieros presentaban diferencias en diez cuentas contables, lo que afectaba la confiabilidad y presentación de la información financiera.
«La Declaración Jurada anual presentada al 31 de Diciembre del año 2020, fue comparada con los Estados Financieros donde observamos diferencias por un valor de RD$32,545,604,082.50.»
El IR-2 presentó una partida de reserva legal que no estaba registrada en los estados financieros provisionales, según observó la Contraloría.
«La Declaración Jurada IR-2 de Edenorte al 31 de diciembre 2020 presenta un registro de Reserva Legal por valor de RD$78,931,876,997.00, sin embargo, en sus Estados Financieros dicha partida no está registrada.»
De las cuentas por cobrar a clientes, 54.70% estaba provisionado como incobrable; el informe destacó que una parte importante correspondía a facturas a ayuntamientos con más de 1,096 días de atraso.
«Se revisaron las Cuentas por Cobrar Clientes al 30 de abril del 2021. Presentan un balance de RD$9,948,066,406.45 de los cuales el monto de RD$5,442,037,819.71 (54.70%) está constituido como provisión en cuentas incobrables.»
El mayor auxiliar de cuentas por cobrar no coincidía con el balance revisado, con una diferencia de RD$429,384,521.09, lo que podía distorsionar los estados financieros.
«Se revisaron las cuentas por cobrar clientes que presentan un balance de RD$9,948,066,406.45 mientras el mayor auxiliar refleja un monto de RD$9,518,681,885.36, lo cual representa diferencias por un valor de RD$429,384,521.09 correspondiente a un 4% del total, inobservando las Normas Básicas de Control Interno de Segundo Grado (NOBACI) ADC-3-003.2 y ADC-3-003.3, la cuales indican que:»
El auxiliar contable no incluía dos títulos de propiedad cuya existencia era desconocida para EDENORTE al momento de la revisión; el informe señaló falta de control y problemas para cuantificar los activos.
«Al evaluar los terrenos propiedad de la Institución evidenciamos que en el Auxiliar de Contabilidad no están registrados dos (2) títulos de propiedad. La existencia de estos activos eran desconocidos por EDENORTE hasta el momento de nuestra revisión.»
La revisión consignó una diferencia de 330 unidades entre los vehículos registrados en la DGII y los vehículos físicos reportados por la auditoría, lo que dificultaba validar los activos y su registro.
«Se revisaron los registros del Auxiliar del parque vehicular de la Institución y los registrados en la Dirección General de Impuestos Internos, identificando una diferencia de 330 vehículos.»
La inspección física identificó dos vehículos con placas que no correspondían, según el detalle presentado en el informe.
«En la revisión física realizada al parque vehicular evidenciamos las siguientes debilidades: (Ver Archivo Digital 5.3)»
Se identificaron cuatro vehículos con placas perdidas sin el reporte legal correspondiente ante las autoridades de tránsito.
«Cuatro (4) vehículos con placas perdidas que no poseen el debido reporte legal ante las autoridades de Tránsito, en violación al Art. 165 de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, la cual indica que: "Sobre Exhibición de las placas; "se establece que todo vehículo de motor portará sus placas colocadas en las partes delantera y traser»
Un camión asignado a oficinas de EDENORTE en San Francisco de Macorís no fue localizado en los almacenes visitados; el informe consigna que luego se informó que estaba en un taller, sin documento de salida y entrada.
«No fue visualizado un Camión con la Ficha No.719 que corresponde a las oficinas de EDENORTE en San Francisco de Macorís (Chasis 1FDWF36F02EA39579, Marca Ford). Se visitaron 4 almacenes (San Francisco, La Penda, Las Charcas y Transportación La Vega) y no se logró localizar físicamente.»
Tres vehículos fueron enviados a reparación sin documentos que detallaran los trabajos, impidiendo establecer responsabilidades por daños ocasionados.
«Evidenciamos tres (3) vehículos que fueron enviados para reparación a los talleres sin la debida documentación de recepción donde se detalle las reparaciones a ser realizadas, no pudiendo EDENORTE establecer responsabilidades por cualquier daño ocasionado a dichos vehículos.»
No había una planilla de control para los 437 vehículos propios y rentados, lo que dificultaba identificar a los responsables de su custodia y uso.
«Se evidenció que la Institución no cuenta con una planilla de control de asignación de los 437 vehículos (192 propios y 245 rentados).»
La institución asignó laptops sin documentación con los datos de los equipos ni ficha de activo, debilitando el control de su custodia y ubicación.
«Se evidenció que la Institución asignó 265 laptops a distintos colaboradores, sin ninguna documentación donde se detalle los datos generales de esos equipos de cómputos al 30 de abril del 2021.»
Los contratos de alquiler de vehículos estaban vencidos y continuaron utilizándose y pagándose. Además, se desembolsaron RD$214,586,140.40 por encima de lo acordado y se rentaron 245 vehículos frente a 144 contratados.
«Se evidenció que los contratos no.SERV-015-2018, SERV-016-2018 y SERV-017-2018 estaban vencidos y se seguían utilizando y pagando de manera regular, revisado hasta el mes de mayo 2021 (Ver tabla de Diferencia en Contrato con los Rent-Cars), en contraposición al Artículo 28 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones que establece:»
El informe consigna que un accionista de Automare, empresa oferente en la licitación de alquiler de vehículos, se desempeñaba como asesor del Poder Ejecutivo; la Contraloría lo señaló como contrario a la prohibición indicada en la Ley 340-06.
«EDENORTE incumple con la Ley de Compras y Contrataciones del Estado Dominicano debido a que el Sr. Enrique Giovanni Ramírez Rodríguez, accionista de Automare, SRL se presenta como oferente de la Entidad en el alquiler de vehículos, siendo Asesor del Poder Ejecutivo con un salario de RD$120,000.00 mensuales hasta el mes de diciembre del 2020.»
Se observaron diferencias en las cantidades de medidores y transformadores entre el auxiliar de activos fijos y los datos del Departamento de Reducción de Pérdidas. El informe estimó en RD$3,192,880,100.16 el costo promedio de los bienes indicados.
«En la revisión del Componente de Activos Fijos en el renglón Auxiliar de Medidores (Monofásicos y Trifásicos) y Transformadores, observamos diferencias en las unidades certificadas por el Departamento de Reducción de Pérdidas por 775,154 y 28,960, respectivamente, lo cual asciende a un monto promedio estimado de RD$3,192,880,100.16.»
Los ingresos registrados para 2020 diferían de los reportados en el IR-2 y el IT-1. La Contraloría indicó que no pudo satisfacerse del ingreso recibido porque las conciliaciones bancarias no estaban al día.
«Verificamos que la Institución obtuvo ingresos desde el 1ro. de enero 2020 al 31 de diciembre del mismo año por un monto total de RD$31,398,851,855.62, sin embargo, reportó en su Declaración Jurada de Sociedades (Formulario IR-2 Anexo B-1), Ingresos Operacionales por RD$39,156,954,521.00 y según el Formulario IT-1 reportaron RD$29,371,175,478.77.»
Se pagó compensación reten a un promedio de 109 empleados y el informe consigna que el pago se realizaba mensualmente aunque no fueran requeridos fuera de horario laboral.
«Desde septiembre 2020 a Abril 2021 se erogó un monto total de RD$5,507,400.00. Este pago se realiza todos los meses aunque los empleados no sean solicitados para trabajar fuera de su horario laboral.»
La institución desembolsó incentivos por jornadas extras a supervisores y encargados, pese a la restricción que el informe cita para puestos de dirección o inspección.
«Durante el período de septiembre 2020 a abril de 2021 la Institución desembolsó la suma de RD$3,012,688.36 a un promedio mensual de 46 empleados, en violación al Artículo 40 Párrafo IV de la Ley 41-08 de Función Pública.»
El informe consigna que los estados financieros provisionales posteriores a 2016 seguían abiertos y recibían modificaciones, y que no se había realizado una auditoría financiera anual posterior al último período auditado.
«Se verificó que la Institución posee Estados Financieros Provisionales Mensuales que son generados desde su Sistema SAP, sin embargo, su último período auditado fue el 2016. Los años posteriores están abiertos en Contabilidad y reciben modificaciones constantes.»
Aunque el diseño del sistema de control interno fue calificado como mediano, el informe calificó como baja su implementación, lo que exponía a la entidad a riesgos de gestión e irregularidades operacionales.
«La evolución de implementación es baja, la cual se evidencia en el hallazgo anterior.»
Los hallazgos son los que consignó Contraloría General en su informe; los leímos con inteligencia artificial propietaria de Notifacto, que puede contener errores, y publicamos solo los que tienen la cita comprobada contra el informe.
La «Revisión con datos públicos» de un hallazgo existe cuando alguna de nuestras reglas mira ese mismo hecho. Dice lo que muestran los datos públicos DESPUÉS del informe: no que la institución haya incumplido una recomendación. Las señales en verificación todavía se revisan. «Este dato ya era público desde…» es el primer hecho de ese tipo, en el período auditado, que muestran los datos públicos que revisamos; no quiere decir que lo viéramos antes que el órgano.
Una empresa o un proceso nombrado en un hallazgo se une al registro de proveedores y al portal de compras por su código o por su nombre; por nombre se rotula «Mismo nombre» y se muestran todas las empresas con ese nombre. El hallazgo trata de la institución auditada.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona